ANV recurre al Tribunal de Estrasburgo la anulaci¨®n de sus candidaturas

Aunque pende sobre ella la amenaza de ilegalizaci¨®n, Acci¨®n Nacionalista Vasca (ANV), el partido abertzale para el que la ilegalizada Batasuna pidi¨® el voto en las elecciones de mayo, intensifica su actividad en todos los frentes, incluido el judicial. Sus abogados han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, sendas demandas contra la decisi¨®n del Tribunal Supremo de anular 125 candidaturas presentadas a las pasadas municipales y siete para los comicios forales en los tres territorios de la comunidad, as¨ª como la lista al Parlamento de Navarra.

En su demanda, los letrados de ANV consideran que la anulaci¨®n parcial de sus planchas viol¨® tres art¨ªculos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: los relativos a la libertad de expresi¨®n (art¨ªculo 10), a un recurso judicial efectivo (13) y el que ampara la libertad de asociaci¨®n (11).

En la segunda demanda, la referida a la anulaci¨®n de la candidatura al Parlamento navarro, los abogados del partido abertzale entienden que la resoluci¨®n del Tribunal Supremo vulner¨® el art¨ªculo 3 del protocolo 1 del citado convenio, en el que se establece la obligaci¨®n de celebrar elecciones que "garanticen la libre expresi¨®n de la opini¨®n del pueblo".

Las demandas subrayan la "ingenier¨ªa jur¨ªdica" que, a su juicio, emplearon tanto el Supremo como el Constitucional para estimar las demandas de la Fiscal¨ªa General del Estado y de la Abogac¨ªa del Estado. Y censuran que "mezclaran" en sus resoluciones judiciales la ley de Partidos y la ley de R¨¦gimen Electoral General para anular unas candidaturas presentadas por un partido legal como ANV.

Las demandas censuran tambi¨¦n que el Tribunal Constitucional no efectuase "un an¨¢lisis individualizado de cada una de las candidaturas" cuando ratific¨® la decisi¨®n del Supremo. Todo el proceso ha puesto de manifiesto, seg¨²n ANV, el "car¨¢cter pol¨ªtico de la actuaci¨®n del Estado" contra esta formaci¨®n, as¨ª como la "falta de argumentos jur¨ªdicos que justificaran una medida tan grave".

Las demandas resaltan que ni el Tribunal Supremo ni luego el Constitucional evaluasen la injerencia de sus resoluciones en derechos fundamentales.