El canon cerrado y sus enemigos

Estar conforme con un canon pactado entre las partes y en plena vigencia desde hace a?os apenas imprime car¨¢cter. No puede decirse lo mismo de la mayor¨ªa militante que abomina de ¨¦l, encabezada por el senador de ICV Jordi Guillot, promotor de la enmienda anti-canon aprobada el 11 de diciembre en el Senado con los votos combinados de Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa Catalana de Progr¨¨s y el PP, y finalmente rechazada en el Congreso el pasado d¨ªa 20. Aunque la votaci¨®n sorpresa del d¨ªa 11 reprodujo una de las pesadillas de la pol¨ªtica pos-franquista -la pinza entre la derecha pepera m¨¢s reaccionaria y el PC de Anguita, de tan nefasto recuerdo- lo asombroso de la actual colusi¨®n entre una porci¨®n (minoritaria, hay que decirlo) de la izquierda catalana y el PP trimurtino de Rajoy/Acebes/Zaplana es el hecho de que en esta ocasi¨®n los primeros han sido los paladines de la causa, actuando los segundos, si se me permite la imagen, como palanganeros muy previsibles: es sabido que el PP entra de mil amores al trapo de cualquier iniciativa que fomente el descr¨¦dito de los creadores vivos de nuestro pa¨ªs, trat¨¢ndolos de mangantes que s¨®lo quieren sacar subvenciones para perpetrar engendros y manifestarse contra la guerra de Irak.

El vilipendiado impuesto pretende el sostenimiento de un bien com¨²n cultural

Queda por ajustar la articulaci¨®n entre el erario p¨²blico y la SGAE

Resulta sin embargo significativo que la otra pata de la pinza anti-canon, la formada por ERC y ICV, sea la que, denunciando que esos 0,60 euros de gravamen en la compra de un CD suponen "un lastre que no nos podemos permitir", no vea ning¨²n inconveniente en sostener la fort¨ªsima financiaci¨®n p¨²blica que -por partida doble ahora, tras la reci¨¦n aprobada Ley de Cine- recibe la producci¨®n cinematogr¨¢fica hecha en catal¨¢n. ?Las razones? Las conocemos. La cultura catalana en catal¨¢n a¨²n ser¨ªa fr¨¢gil, y merece asistencia sanitaria por la v¨ªa de los impuestos. Correcto. Lo atroz de la ceguera de estos adalides es no ver, o no querer ver, que la fragilidad de los distintos medios de expresi¨®n tambi¨¦n se da fuera de los l¨ªmites territoriales de Catalunya.

Es a tal respecto interesante recordar el nombre completo, rara vez citado, del vigente canon digital que el Ministerio de Cultura logr¨® precisar y mantener en las Cortes: Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci¨®n. ?Demasiado largo? Tal vez, pero en este caso la florida prosopopeya no esconde el bosque, sino que expresa muy claramente lo que pretende el dichoso canon: la fijaci¨®n de un impuesto indirecto y general que se establece, como los restantes tributos estatales, con la finalidad de atender a las necesidades y prever la grav¨ªsima crisis de un amplio y trascendental sector laboral del pa¨ªs al que la arrolladora y creciente implantaci¨®n de los sistemas reproductivos y artilugios inform¨¢ticos amenaza con destruir y empobrecer. Estar¨ªamos pues ante un episodio m¨¢s de una batalla a veces cruenta que enfrenta desde hace a?os a los amigos de la sociedad abierta y a quienes, sin especial alegr¨ªa pero con firme convicci¨®n, defendemos la inevitabilidad del impuesto, subsidio, cuota o canon para seguir disfrutando (ojo, no s¨®lo como autores, sino como espectadores) de una m¨²sica, de un teatro, de un cine y una edici¨®n emanada de nosotros mismos y no sujeta a las voraces leyes del mercado libre y la colonizaci¨®n cultural.

Hay, por supuesto, enemigos del canon sin ultranza, como es el caso del catedr¨¢tico de Derecho Civil de M¨¢laga Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Tapia, autor de un ponderado y en mi opini¨®n errado art¨ªculo que EL PA?S public¨® el d¨ªa de Nochebuena. Aunque hay un punto final de su art¨ªculo (y volveremos a ¨¦l) que merece consideraci¨®n, Rodr¨ªguez Tapia esgrime uno de los t¨®picos m¨¢s falaces de los anti-can¨®nicos: el canon, dice, "remunera la propiedad ajena en abstracto", y "debe pagarlo quien no utiliza la propiedad ajena". El argumento infinitamente repetido y yo dir¨ªa que inculcado en muchos usuarios de que el canon no s¨®lo grava sino que sospecha de ti y te acusa policialmente, pues hace pagar a quienes s¨®lo tienen la intenci¨®n de meter en el disco duro a su anciana abuela sentada ante la chimenea.

Es muy posible que, como se?ala el catedr¨¢tico de M¨¢laga, los portavoces del Congreso y del Gobierno no hayan explicado suficientemente a la poblaci¨®n por qu¨¦ el canon "obliga a todos los ciudadanos". Para m¨ª, tan reacio como cualquier hijo de vecino a que me suban la contribuci¨®n, la cosa est¨¢ muy clara; el canon digital es otro impuesto obligatorio e indiscriminado, de los muchos que los gobernantes recaudan por ley y luego distribuyen sin nuestro acuerdo ni control pormenorizado. Como yo no soy catedr¨¢tico y menos a¨²n legalista, sino tan s¨®lo autor e, insisto, espectador, oyente y lector, voy a centrarme en un aspecto muy concreto de esta modalidad tributaria. Desde hace largo tiempo, los museos de arte contempor¨¢neo, los teatros nacionales o institucionales, los coliseos oper¨ªsticos, s¨®lo existen porque usted -querido lector que no piensa en sentarse ni atado a escuchar en un escenario la tetralog¨ªa de Wagner ni en perderse en las galer¨ªas del MACBA o el MUSAC para ver las instalaciones de unos artistas iran¨ªes- paga unos impuestos que los entes respectivos canalizan a trav¨¦s de los Presupuestos Generales del Estado o las subvenciones concretas, permitiendo as¨ª la creaci¨®n y organizaci¨®n de unos hechos art¨ªsticos y el mantenimiento, francamente caro, de unos espacios que muchos considerar¨¢n elitistas.

Pues bien, el vilipendiado canon digital no es sino una manera dr¨¢stica y urgente, por ello evidentemente perfeccionable, de sostenimiento de un bien com¨²n cultural. Una acci¨®n de respuesta al vertiginoso, imparable, desbordado (y en muchos casos pirata, claro) auge de los nuevos soportes y tecnolog¨ªas, con la que se trata de asegurar que un importante segmento de los creadores de nuestro pa¨ªs no sean v¨ªctimas irremediables de un proceso de desposesi¨®n de sus derechos y depauperaci¨®n. Queda por ajustar aquello que Rodr¨ªguez Tapia y otros han observado como anomal¨ªa, la articulaci¨®n entre el erario p¨²blico y el derecho privado, puesto que de momento el dinero devengado por esos impuestos especiales es recaudado y distribuido por sociedades de gesti¨®n que no forman parte de la Administraci¨®n general del Estado. No es un problema grave, a mi juicio. Tanto la SGAE como CEDRO, por citar dos de los principales entes de gesti¨®n de derechos, tienen una larga, limpia y perfectamente fiscalizable trayectoria, al servicio de unos socios recibidos en su seno sin traba y a los que se encargan de servir, representar y asesorar, en un organismo que tiene algo de sindicato libre. Lo previsible y m¨¢s sensato es que, al modo de otras concertaciones ya existentes entre bienes p¨²blicos y canales de acceso semi-privatizados, el Gobierno ordene y vigile las prestaciones derivadas del canon digital, cediendo (para simplificar) su distribuci¨®n a las entidades en las que se encuadran los distintos creadores.

Todo eso siempre que nos importe la permanencia de tales creadores. La guerra del canon reproduce en gran medida las largas guerras del cine espa?ol, con la variante en este caso de que el PP tiene aliados de una sedicente izquierda no pagada por el oro de Hollywood. Mientras el partido de Rajoy seguir¨¢ su cruzada anti-moderna, ni el senador Guillot ni Carod-Rovira le dicen al joven internauta lo que est¨¢ en juego detr¨¢s de ese m¨ªnimo gravamen a su reproductor de MP3 o su esc¨¢ner: la posibilidad o no de ver en los cines o descargarse legalmente pel¨ªculas espa?olas (incluidas algunas tan populares como El orfanato y REC), seguir oyendo a sus cantantes favoritos, leer ese libro hist¨®rico o -puestos a ello- ese c¨®mic que tanto le gusta antes de que la fotocopia indiscriminada acabe tambi¨¦n con la novelista o el dibujante.

Vicente Molina Foix es escritor.