"Nos contaron que Ceballos pidi¨® 12.000 euros por un informe favorable"
?scar Acero, jefe de la Unidad T¨¦cnica de Licencias de la Gerencia de Urbanismo, entr¨® en el despacho del juez que instruye el caso Guateque en calidad de imputado y sali¨® como simple testigo "debido al esp¨ªritu de colaboraci¨®n" que, seg¨²n el juez, demostr¨® en su declaraci¨®n.
Acero, seg¨²n la investigaci¨®n de la Guardia Civil, podr¨ªa estar implicado en la trama de cobro de comisiones ilegales para agilizar licencias desde su privilegiado puesto en la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde revisaba licencias de locales situados en zonas protegidas.
En un momento de la declaraci¨®n, Acero detall¨® al juez sus relaciones con Victoriano Ceballos, el funcionario de la concejal¨ªa de Medio Ambiente sobre el que la investigaci¨®n ha recabado m¨¢s pruebas sobre su supuesta corrupci¨®n:
"Recuerdo haber recibido una llamada de Victoriano Ceballos en julio de 2007. Se interesaba por la posibilidad de que el informe desfavorable que se hab¨ªa emitido sobre el local de la calle de Santa Brigida pudiera volver a ser favorable. Aclar¨® que el informe, favorable o no, correspond¨ªa al departamento de Medio Ambiente, no al m¨ªo".
Tras esta explicaci¨®n, Acero detall¨® al juez sus sospechas: "Un compa?ero de la Gerencia de Urbanismo, Antonio Calero, que conoc¨ªa a los propietarios del local de Santa Brigida, me dijo que Antonio Sanz Escribano [supuesto intermediario que desde su despacho tramitaba las licencias mediante el pago de comisiones ilegales a funcionarios] le hab¨ªa dicho que Victoriano Ceballos le hab¨ªa pedido dos millones de pesetas [12.000 euros] por emitir un informe favorable sobre la calle de Santa Brigida. Al conocer esta informaci¨®n sobre Ceballos, inmediatamente se la comuniqu¨¦ a mis subordinados para que tuvieran precauci¨®n con las cosas que se mandaban a Medio Ambiente".
Acero declar¨® al juez que el expediente de Santa Brigida se abri¨® a ra¨ªz de la solicitud de una licencia para restaurante-discoteca y que en la tramitaci¨®n se elaboraron dict¨¢menes por parte de un ¨®rgano colegiado formado por miembros del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid siguiendo el cauce legal establecido.
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