IU y PP salvan las naves constru¨ªdas ilegalmente por Rafael G¨®mez

Con los votos favorables de IU y PP se aprob¨® ayer en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo de C¨®rdoba el proyecto de actuaci¨®n para las cuatro naves de 40.000 metros cuadrados que el constructor Rafael G¨®mez, imputado en la Operaci¨®n Malaya, levant¨® a las afueras de la ciudad ilegalmente. Se trata de un paso crucial para la definitiva legalizaci¨®n de estas instalaciones que el empresario ideo para la venta a mayoristas. El PSOE se abstuvo en la votaci¨®n, a la espera del pr¨®ximo pleno municipal donde se tendr¨¢ que ratificar la aprobaci¨®n del proyecto de actuaci¨®n, algo que ocurrir¨¢ al margen de lo que hagan los socialistas ya que los populares e IU tienen concejales suficientes para sacarlo adelante.

La legalizaci¨®n de las naves se puede llevar a cabo gracias al Plan Especial de la Carretera de Palma del R¨ªo, que tambi¨¦n aprobaron el PP y la coalici¨®n de izquierdas durante el pasado mandato. Sin embargo, el Gobierno auton¨®mico recurri¨® ese plan en el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA). Este ¨®rgano judicial todav¨ªa no se ha pronunciado, aunque s¨ª ha rechazado paralizar el desarrollo del plan como medida cautelar como solicit¨® la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas.

Si el TSJA declarara ilegal el plan, podr¨ªan surgir problemas en el futuro ya que G¨®mez resultar¨ªa afectado. Sin embargo, Andr¨¦s Oca?a (IU), responsable de Urbanismo, sostuvo que en ese caso la empresa no tendr¨ªa derecho a indemnizaci¨®n.

Seg¨²n su razonamiento, que las naves se construyeran antes de que existiera el plan especial que permit¨ªa que se levantar¨¢n unas instalaciones de este tipo "no quiere decir que ah¨ª no pueda haber una instalaci¨®n de esas caracter¨ªsticas". Un argumento parecido ha sido el que ha utilizado G¨®mez para defender su actuaci¨®n en este caso.

Al margen de que las naves se legalicen, Oca?a insisti¨® ayer en que la sanci¨®n urban¨ªstica a G¨®mez por la actuaci¨®n "sigue su curso". G¨®mez tiene que afrontar una multa de 26 millones de euros. Esta cuant¨ªa se podr¨ªa ver rebajada considerablemente si las naves finalmente se legalizan, algo que mejorar¨ªa la situaci¨®n econ¨®mica actual de las empresas de G¨®mez.