Una ley obligar¨¢ a la Xunta a dedicar un 7% a asistencia social

La Vicepresidencia de la Xunta llevar¨¢ este a?o al Parlamento un proyecto de ley con el que pretende construir un aparato similar al Sergas para ofrecer servicios sociales. La norma crear¨¢ un sistema "nacional gallego" de bienestar en el que cada ciudadano contar¨¢ con un asistente social de cabecera, un historial similar al m¨¦dico y una tarjeta de identificaci¨®n. El n¨²mero dos de la Xunta, Anxo Quintana, calific¨® ayer el texto como "una carta de reconocimiento de nuevos derechos sociales", dotada de "medidas econ¨®micas" para que "sea mucho m¨¢s cre¨ªble". El logotipo con el que Vicepresidencia pretende extender esta maquinaria re¨²ne sobre un fondo verde manzana dos de las siglas del BNG: "+bg", en referencia a "m¨¢is benestar galego".

La norma marca el gasto m¨ªnimo de los municipios, a lo que se opone la Fegamp

Para alimentar de dinero esta red de prestaciones, el proyecto de Lei de Servizos Sociais obliga a la Xunta y a los ayuntamientos a destinar un porcentaje m¨ªnimo de su presupuesto a estas pol¨ªticas. Dentro de seis a?os, el Gobierno gallego deber¨¢ dedicar al menos un 7% de su presupuesto anual a asistencia social, frente al 4,8% actual.

En el caso de las corporaciones locales, el borrador de la ley obliga a las localidades de m¨¢s de 20.000 habitantes a consignar tambi¨¦n un 7% de sus recursos anuales a fines sociales, frente al 6% de ahora y que fue fijado en 1993 por la Xunta del PP. Los municipios de menos poblaci¨®n que se asocien con otras administraciones para prestar estos servicios deber¨¢n dedicar el 4% de su presupuesto, mientras que aquellos que decidan hacerlo en solitario tendr¨¢n que elevar este porcentaje al 6%.

Los ayuntamientos tendr¨¢n un plazo de seis a?os para alcanzar estos m¨ªnimos. Si no lo hacen, se expondr¨¢n a perder financiaci¨®n. El anteproyecto de Lei de Servizos Sociais obliga, en cualquier caso, a la Administraci¨®n auton¨®mica a garantizar los "medios econ¨®micos, materiales y personales" necesarios para que las corporaciones puedan ejecutar de forma "adecuada" las competencias sociales que se les traspasen.

El presidente de la Federaci¨®n Galega de Municipios, el socialista Carlos Fern¨¢ndez, ya ha manifestado su "absoluta discrepancia" con estas obligaciones presupuestarias de los ayuntamientos. El tambi¨¦n alcalde de Ames las considera una "grave injerencia en la autonom¨ªa local" y reclama "libertad" para que los municipios fijen sus "prioridades" de gasto.

Fuentes del gabinete de Quintana no prev¨¦n, sin embargo, discrepancias con la Conseller¨ªa de Econom¨ªa, en manos socialistas, por los compromisos presupuestarios que incluye el borrador. Desde Vicepresidencia se asegura que incrementar el gasto social es ya la "tendencia actual" marcada por el bipartito, por lo que no prev¨¦ problemas para que el Consello de la Xunta d¨¦ el visto bueno al proyecto.

Quintana afirma que el Sergas de los servicios sociales habilitar¨¢ 3,5 plazas de residencia por cada 100 mayores, atender¨¢ en casa al 30% de los 91.000 dependientes y ofrecer¨¢ 4.200 plazas asistenciales para discapacitados ps¨ªquicos frente a las 2.400 actuales.