Comienza el juicio del 'caso b¨®rico' sin rastro de ETA

Los jefes policiales que corrigieron un informe firmado por tres peritos donde se pretend¨ªa vincular a ETA con el 11-M sin ninguna base cient¨ªfica se sentar¨¢n a partir de ma?ana en el banquillo. El informe que tuvieron que corregir los cargos policiales aventuraba que el hallazgo de ¨¢cido b¨®rico en la vivienda que ocupaba Hassan el Haski pod¨ªa apuntar a que este terrorista islamista, condenado a 10 a?os de c¨¢rcel, ten¨ªa relaciones con ETA pues en un piso franco de etarras en Salamanca se hall¨®, a?os antes, la misma sustancia.

Nunca hasta entonces se hab¨ªa vinculado el ¨¢cido b¨®rico con explosivos en los informes periciales sobre terrorismo. Aunque los inquilinos del piso de El Haski explicaron que esa sustancia la usaban como matacucarachas, y aunque el ¨¢cido b¨®rico encontrado en el piso etarra estaba "lleno de pelos" (pues tambi¨¦n se usa como desodorante), los peritos escribieron en su informe una elucubraci¨®n sobre los posibles v¨ªnculos entre ETA y el 11-M a partir de este hallazgo. Los jefes policiales del departamento -que dirige el comisario Miguel ?ngel Santano- no dejaron pasar la ocurrencia y la borraron del informe que se remiti¨® al juez al entender que esa apreciaci¨®n carec¨ªa de base.

A ra¨ªz de ese hecho, que los peritos dieron a conocer m¨¢s de un a?o despu¨¦s, una acci¨®n popular representada por una asociaci¨®n subvencionada por el Gobierno de Esperanza Aguirre impuls¨® el caso en un juzgado de Madrid, cuya titular, Gemma Gallego, aspira a ocupar un puesto en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Los medios que han aireado la teor¨ªa de la conspiraci¨®n del 11-M insistieron en presentar este asunto como una supuesta prueba de la implicaci¨®n de ETA en el 11-M.

La vista llega a menos de un mes de las elecciones y ha suscitado cr¨ªticas en medios judiciales y pol¨ªticos, ya que contraviene la costumbre de los tribunales de no interferir con sus resoluciones en la marcha de los comicios. Desde que el juez Marino Barbero instruy¨® el caso Filesa a golpe de elecciones, gan¨¢ndose por ello severos varapalos del Tribunal Supremo, no se hab¨ªan vuelto a juzgar casos controvertidos que pudieran incidir en la campa?a.

La defensa de los polic¨ªas encausados plantear¨¢ como cuesti¨®n previa la aplicaci¨®n de la doctrina Bot¨ªn elaborada por el Tribunal Supremo el pasado diciembre a prop¨®sito del caso de las cesiones de cr¨¦dito del Banco de Santander. El presidente del banco, Emilio Bot¨ªn, se libr¨® del juicio al retirar la acusaci¨®n contra ¨¦l tanto el fiscal como la acusaci¨®n particular, y quedar como ¨²nica acusaci¨®n la acci¨®n popular. La doctrina sentada en aquella sentencia interpret¨® que debe procederse al archivo de las actuaciones cuando la acusaci¨®n popular no vaya acompa?ada de la particular o del ministerio fiscal.

En el caso del ¨¢cido b¨®rico, tanto el fiscal como el abogado del Estado no ejercen la acusaci¨®n y han pedido el sobreseimiento de la causa. Por tanto, la ¨²nica acusaci¨®n que ha permitido a la juez Gemma Gallego sentar a los polic¨ªas en el banquillo ha sido la de una asociaci¨®n de v¨ªctimas vinculada a Esperanza Aguirre.

Tras la sentencia del caso Bot¨ªn, el pleno de la Sala Penal del Supremo reinterpret¨® esa doctrina al juzgar el caso Atutxa, en el que conden¨® al presidente de la C¨¢mara vasca, Juan Maria Atutxa y los miembros de la Mesa Gorka Kn?rr y Kontxi Bilbao por desobediencia. El tribunal adelant¨® el fallo de aquella sentencia, pero los fundamentos de derecho a¨²n no se conocen.

?sa es otra de las cr¨ªticas que se dirigen a la actuaci¨®n de la Secci¨®n 15? en el caso del ¨¢cido b¨®rico. El tribunal podr¨ªa haber suspendido o aplazado la celebraci¨®n de la vista hasta que se conozcan la sentencia del Supremo sobre el caso Atutxa, puesto que completa la doctrina del caso Bot¨ªn y permitir¨ªa disponer de todos los criterios sobre su aplicaci¨®n. Sin embargo, el mantenimiento de la fecha de la vista parece confirmar que los magistrados no tendr¨¢n en cuenta las limitaciones con que el Supremo puede restringir la acci¨®n popular.

Pese a ello, las defensas pedir¨¢n que la cuesti¨®n previa sobre la aplicaci¨®n de la doctrina Bot¨ªn se resuelva en el acto, sin aplazar la decisi¨®n al momento de la sentencia. De no estimarse la cuesti¨®n, la c¨²pula policial deber¨¢ afrontar tres d¨ªas de banquillo por un supuesto delito de falsedad. El Supremo ya sentenci¨® en el caso Bono, en el que otra secci¨®n de la Audiencia de Madrid conden¨® a tres agentes de polic¨ªa, que la sustituci¨®n de un atestado por otro sustancialmente igual no fue delito, puesto que para que se d¨¦ el delito de falsedad en documento oficial debe alterarse la esencia, la sustancia, o la autenticidad del documento en sus extremos esenciales como medio de prueba.