Balza resalta que la ley de V¨ªctimas las reconoce "¨¦tica y pol¨ªticamente"
La norma compromete a acciones concretas a casi todos los departamentos
El consejero de Interior, Javier Balza, resalt¨® ayer el proyecto de Ley de V¨ªctimas como el primero de car¨¢cter integral que se aprueba en Espa?a y que las reconoce "¨¦tica y pol¨ªticamente como nunca se hab¨ªa hecho". El Gobierno aprob¨® el anteproyecto en su reuni¨®n de ayer. Balza se?al¨® que la norma "compromete a actuaciones concretas a casi todos los departamentos del Gobierno" y pidi¨® a los grupos parlamentarios que den "ejemplo" en el tr¨¢mite parlamentario.
El futuro deber¨¢ construirse "ineludiblemente" sobre su memoria
Tambi¨¦n recalc¨® su deseo "sincero" de trabajo conjunto con las asociaciones que re¨²nen a los afectados. "No es planteable una pol¨ªtica p¨²blica de apoyo a las v¨ªctimas que desconozca la importancia que han adquirido las asociaciones y otras formas organizativas, y que no tenga en cuenta su opini¨®n ante los temas que les incumben", dice la exposici¨®n de motivos.
Una de las aportaciones m¨¢s importantes del anteproyecto, en t¨¦rminos de decisi¨®n pol¨ªtica, es la de destinar medios econ¨®micos a las actividades de asociaciones domiciliadas fuera de la comunidad aut¨®noma, siempre que acrediten tener entre sus miembros a personas que sufrieron actos terroristas en Euskadi.
El Gobierno abre tambi¨¦n la v¨ªa del establecimiento de convenios con otras administraciones, la central u otras auton¨®micas, para coordinar e implementar medidas de reconocimiento y protecci¨®n. El texto resalta a las v¨ªctimas como un grupo "espec¨ªfica y calculadamente elegido" para imponer el terror y el fanatismo y se?ala que el futuro deber¨¢ construirse "ineludiblemente" sobre su memoria. Tambi¨¦n ensalza que las respuestas de los afectados hayan estado "alejadas siempre de la tentaci¨®n de tomarse la justicia por su mano", tal y como pidi¨® Covite.
La ley, se?al¨® Balza, hace de las v¨ªctimas del terrorismo "sujeto de derechos", aunque reconoce que el contenido de ¨¦stos es "esencialmente program¨¢tico". ?ste es uno de los temores de los afectados, que pidieron que esos derechos "se conviertan en medidas tangibles y evaluables en un corto plazo".
Esos derechos son cinco: a la paz y la convivencia (Covite prefer¨ªa el t¨¦rmino "libertad"); a la verdad y la memoria, (uno de los m¨¢s apreciados por las asociaciones); a la justicia, (del que Covite quer¨ªa hacer el primer pilar de todos ellos); a la dignidad y a la reparaci¨®n.
El consejero puso de relieve tambi¨¦n el alto de grado de flexibilidad que la ley contiene a la hora de definir el perfil de los potenciales beneficiarios, algo que Covite consider¨® en su d¨ªa como acertado. Por ejemplo, no ser¨¢ obligado que tras el acto terrorista exista una banda organizada, de modo que un acto individual o ajeno a una organizaci¨®n estable podr¨¢ recibir tambi¨¦n el amparo de esta ley.
El Gobierno deber¨¢ elaborar el reglamento de la ley en seis meses a partir de su aprobaci¨®n y toda su actuaci¨®n en prestaciones deber¨¢ estar presidida por los principios de "celeridad y trato favorable a la v¨ªctima". Los procedimientos, reza el texto, "deber¨¢n evitar tr¨¢mites formales que alarguen o dificulten el reconocimiento de las prestaciones.
La aprobaci¨®n de la ley en el Parlamento abrir¨¢ otro plazo de seis meses para que los afectados soliciten las prestaciones a que tengan derecho, incluidas aquellas que hubieran perdido en el pasado por cuestiones de plazos o por no existir entonces el derecho que ahora adquieren. La administraci¨®n deber¨¢ resolver en seis meses. Balza se mostr¨® abierto a alcanzar convenios con la Administraci¨®n central para resolver situaciones anteriores a 1988, fecha de la que data la primera regulaci¨®n en la comunidad aut¨®noma.
El sistema de protecci¨®n y asistencia contempla los da?os materiales, (los personales los cubre la Administraci¨®n central) en viviendas, veh¨ªculos, sedes o establecimientos comerciales, as¨ª como la implantaci¨®n de sistemas de seguridad, y por otro lado el ¨¢mbito asistencial. En este ¨²ltimo se comprenden la salud f¨ªsica como mental, incluido el compromiso de crear en Osakidetza recursos especializados en el tratamiento psicol¨®gico tras actos terroristas y sus secuelas. Tambi¨¦n se recogen medidas en la ense?anza, la formaci¨®n, donde se extienden derechos a familiares de v¨ªctimas, la vivienda, el empleo y la funci¨®n p¨²blica.
Obligaciones de los poderes p¨²blicos
- Verdad y memoria. Contribuir al conocimiento de la verdad (...) y al reconocimiento p¨²blico de dicha verdad (...) para promover el asentamiento de una memoria colectiva (...) y la deslegitimaci¨®n radical de la violencia. Incluye el acceso a archivos oficiales, la creaci¨®n de comisiones de investigaci¨®n en el Parlamento y los casos de desaparecidos.
- Justicia. Colaboraci¨®n con la administraci¨®n de Justicia y el Ministerio Fiscal: acompa?amiento a juicios; acceso a recursos jur¨ªdicos, econ¨®micos y t¨¦cnicos; protecci¨®n ante intimidaci¨®n, represalias, ofensas o denigraci¨®n.
- Dignidad. Evitar o investigar actos p¨²blicos que entra?en descr¨¦dito, menosprecio o humillaci¨®n. Proteger la intimidad.
- Reparaci¨®n. Restituci¨®n, indemnizaci¨®n, rehabilitaci¨®n, asistencia integral y satisfacci¨®n moral. Acciones p¨²blicas para restablecer p¨²blicamente la dignidad, reputaci¨®n y derechos de las v¨ªctimas y sus familias.
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