Conde-Pumpido expresa su discrepancia radical con la sentencia de 'los Albertos'

El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, manifest¨® ayer su "total, radical y profunda discrepancia" con la sentencia del Tribunal Constitucional que libr¨® a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, de cumplir la pena de tres a?os y cuatro meses de c¨¢rcel que les impuso el Tribunal Supremo por el caso Urbanor, la estafa en la venta de terrenos de las torres KIO.

En tono de indignaci¨®n, Conde-Pumpido afirm¨® que los Albertos "se quedar¨¢n con el dinero de la estafa", y a?adi¨® que la sentencia "no es la m¨¢s adecuada para defender a las v¨ªctimas de estafa". "Creo que he sido bastante claro y bastante contundente", afirm¨®.

El fiscal general cree que Cortina y Alcocer se quedar¨¢n el dinero estafado

Su estado de ¨¢nimo lo compart¨ªan tambi¨¦n algunos magistrados de la Sala Penal del Supremo, cuya sentencia anul¨® el Constitucional: "Estamos cabread¨ªsimos", dijo uno de ellos. En cambio, el portavoz de la mayor¨ªa conservadora del Consejo del Poder Judicial, Enrique L¨®pez, hizo una llamada a la "cr¨ªtica racional" y a la "responsabilidad, sobre todo trat¨¢ndose de instituciones p¨²blicas".

Conde-Pumpido aprovech¨® la pregunta de un periodista en la rueda de prensa conjunta con el fiscal general del Inglaterra y Gales, sir Ken MacDonald, para cargar contra la sentencia. "Discrepo total y absolutamente de esa sentencia y creo que es muy preocupante, porque le da la vuelta al derecho a la tutela judicial efectiva en la Constituci¨®n que es un derecho que debe proteger a los perjudicados, a las personas que solicitan tutela judicial precisamente por haber sido v¨ªctimas de un delito".

El fiscal general record¨® que el Constitucional reconoce que la condena del Supremo se dict¨® "con todas las garant¨ªas" y que "hab¨ªa prueba de un delito de estafa y otro de falsedad". "A mi entender, el Constitucional incurre en un exceso de jurisdicci¨®n que resulta muy preocupante" agreg¨® Conde-Pumpido.

Fuentes del Tribunal Supremo recordaron que en otra ocasi¨®n anterior, a ra¨ªz de otra sentencia del Constitucional que ya anticipaba el fallo de la de ayer, la Sala Penal expres¨® su discrepancia al entender que el Constitucional invad¨ªa sus competencias. Los magistrados dijeron entonces que la prescripci¨®n es una cuesti¨®n de legalidad ordinaria, no de garant¨ªas constitucionales, en la que el Constitucional tiene vedado entrar y acordaron mantener su jurisprudencia actual, precisamente la misma que ayer volvi¨® a contradecir el Constitucional. Las mismas fuentes apuntaron que el martes hay un pleno no jurisdiccional de la Sala Penal en el que seguramente "se hablar¨¢" de la sentencia.

En cuanto al "dinero de la estafa", una parte que puede corresponder al principal de la deuda ha sido entregado a los querellantes, en tanto que los intereses se encuentran consignados o afianzados en la cuenta de consignaciones de la Audiencia. Sobre el destino final del montante del pleito, unos 50 millones de euros, parece que los Albertos reclamar¨¢n la parte que sigue consignada y quiz¨¢ tendr¨¢n que pleitear para que se devuelva lo entregado. En cuanto a los perjudicados, mantienen que puesto que el Constitucional reconoce que existieron los delitos, existe tambi¨¦n una responsabilidad civil y los Albertos deben pagarles a¨²n 40 millones de euros.