El Constitucional se queja a Zapatero de las cr¨ªticas de Conde-Pumpido por 'Los Albertos'

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) se ha dirigido hoy por carta al presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, para "comunicar su rechazo" a las manifestaciones p¨²blicas realizadas el pasado lunes por el fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, en las que ¨¦ste criticaba duramente la sentencia que absolvi¨® a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer.

En una escueta nota de prensa, el Constitucional ha informado de que se ha dirigido al jefe del Ejecutivo "comunic¨¢ndole su rechazo de las manifestaciones p¨²blicas del fiscal general del Estado en relaci¨®n con la sentencia dictada en los recursos de amparo 1907 y 1911/2003". El d¨ªa 20, el Constitucional anul¨® la condena de tres a?os y cuatro meses de prisi¨®n que el Tribunal Supremo impuso a los dos empresarios, conocidos como Los Albertos, por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor, al estimar que el Supremo no hab¨ªa aplicado correctamente la jurispudencia sobre la interrupci¨®n del plazo de prescripci¨®n de los delitos.

Con esta doctrina, el Constitucional chocaba frontalmente con la existente hasta este momento del Tribunal Supremo, lo que tambi¨¦n ha provocado un enfrentamiento institucional entre ambos tribunales. Al d¨ªa siguiente, Conde-Pumpido manifest¨® su discrepancia "total, radical y profunda" con la sentencia que exoner¨® a Los Albertos y calific¨® la resoluci¨®n de "muy preocupante" ya que, en su opini¨®n, "da la vuelta" al derecho de tutela judicial efectiva que debe proteger en materia penal a los perjudicados y a las v¨ªctimas. Fuentes jur¨ªdicas consideran que la queja de los magistrados del Constitucional puede estar basada en la contradicci¨®n apreciada entre las cr¨ªticas de Conde-Pumpido a una sentencia en la que se ampara a dos personas por la vulneraci¨®n de sus derechos y varios de los preceptos del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Guerra de tribunales

?ste establece, en su art¨ªculo 1, que el Ministerio Fiscal "tiene por misi¨®n promover la acci¨®n de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inter¨¦s p¨²blico tutelado por la Ley, de oficio o a petici¨®n de los interesados, as¨ª como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante ¨¦stos la satisfacci¨®n del inter¨¦s social". Adem¨¢s, el art¨ªculo 3.3 establece el deber del fiscal de "velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades p¨²blicas".

El Supremo hab¨ªa considerado el 14 de marzo de 2003 que Los Albertos enga?aron a sus socios al negociar la venta del conjunto de Urbanor, propietaria de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO, en Madrid, revocando una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Madrid, que en 2000 hab¨ªa absuelto a Cortina y a Alcocer al estimar que la estafa hab¨ªa prescrito.

La decisi¨®n de anular la condena dictada por el Tribunal Supremo ha provocado un nuevo enfrentamiento de este tribunal con el Constiucional, al que ha acusado p¨²blicamente de invadir sus competencias y de "desconocer" la Carta Magna, que establece que el Supremo "es el ¨®rgano jurisdiccional superior en todos los ¨®rdenes salvo lo dispuesto en materia de garant¨ªas constitucionales". La diferencia de criterio entre ambos tribunales radica en que mientras el Supremo considera que la mera presentaci¨®n de una denuncia o querella sirve para considerar interrumpido el plazo de prescripci¨®n de un delito, el Constitucional cree que "se hace necesario que concurra un acto de intermediaci¨®n judicial", como la admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella.