Los alcaldes rechazan la obligatoriedad de invertir el 7% en servicios sociales

El pulso entre Vicepresidencia de la Xunta y los alcaldes contin¨²a. Las discrepancias sobre el modelo de financiaci¨®n del gasto social mantienen bloqueadas las negociaciones de los ayuntamientos con el departamento que dirige el nacionalista Anxo Quintana.

"Una Administraci¨®n no puede imponer a otra en qu¨¦ debe gastar el dinero"

La tercera reuni¨®n sobre el anteproyecto de ley de servicios sociales entre representantes de la Federaci¨®n Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y de Vicepresidencia concluy¨® ayer sin acuerdo. Los alcaldes se oponen a que la Xunta imponga un porcentaje m¨ªnimo del presupuesto municipal que los ayuntamientos deben destinar a asuntos sociales. Quintana, mientras, est¨¢ lejos de aceptar la propuesta de la Fegamp, aunque ambas partes se han propuesto realizar un esfuerzo de ¨²ltima hora.

El plazo que se han dado alcaldes y Vicepresidencia para alcanzar un acuerdo sobre la ley concluye ma?ana, cuando se reunir¨¢ la Comisi¨®n Galega de Cooperaci¨®n Local, en la que el texto se someter¨¢ a votaci¨®n. Los avances sobre asuntos relacionados con la distribuci¨®n de competencias, estructura y responsabilidad en la prestaci¨®n de los servicios son amplios, pero chocan con las discrepancias respecto a la financiaci¨®n, ante el rechazo de los alcaldes a aceptar que la Xunta establezca un gasto m¨ªnimo en asistencia social y de Vicepresidencia a renunciar a ese porcentaje obligatorio. Las dos partes ya no se volver¨¢n a reunir antes de la decisiva comisi¨®n de cooperaci¨®n, pero realizar¨¢n un esfuerzo final v¨ªa telef¨®nica y por correo electr¨®nico para cerrar el acuerdo sobre financiaci¨®n.

El anteproyecto legislativo, presentado el 15 de enero por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, prev¨¦ obligar a los ayuntamientos de m¨¢s de 20.000 habitantes a consignar un 7% de sus presupuestos anuales a fines sociales. Los municipios de menos poblaci¨®n que se asocien con otras administraciones para prestar esos servicios deber¨¢n dedicar el 4% de sus recursos, mientras que aquellos que decidan hacerlo en solitario tendr¨¢n que elevar el porcentaje al 6%. El plazo para alcanzar esos m¨ªnimos es de seis a?os, con el riesgo de perder financiaci¨®n si no lo consiguen.

"No es cuesti¨®n de un porcentaje, sino de rechazar que una Administraci¨®n pueda imponer a otra en qu¨¦ debe gastar su dinero", explica el presidente de la Fegamp, el socialista Carlos Fern¨¢ndez, que califica esa propuesta de "tonter¨ªa". La federaci¨®n municipal present¨® en las negociaciones un texto alternativo para su discusi¨®n con Vicepresidencia, avalado por un informe aprobado por la ejecutiva de la Fegamp, al que se opuso el representante del BNG en dicho organismo, Francisco Garc¨ªa.

La Fegamp acepta establecer "l¨ªneas pol¨ªticas o intenciones", pero no un porcentaje, que consideran en todo caso "ficticio": "No hay forma de comprobar que se cumple el m¨ªnimo; Vicepresidencia tendr¨ªa que crear un cuerpo de inspectores, para verificar el gasto social ayuntamiento por ayuntamiento", advierte Carlos Fern¨¢ndez. Otra dificultad a?adida, expone el presidente de la Fegamp, es la de definir qu¨¦ es gasto en asistencia social: "Es un concepto en constante evoluci¨®n, en el que tambi¨¦n caben fen¨®menos como la inmigraci¨®n o la igualdad".

El presidente del organismo municipalista admite que, desde hace 15 a?os, existe una ley en Galicia que obliga a los ayuntamientos a destinar el 6% de sus presupuestos a este tipo de gastos, pero los dirigentes de la Fegamp consideran que, como no se cumple, es "el momento de suprimirlo". "Est¨¢ en juego la autonom¨ªa municipal, no es razonable que una administraci¨®n, en este caso la Xunta, condicione los presupuestos de otra, la local, que no es jer¨¢rquicamente inferior. Cada uno tiene su campo de trabajo", explica.

Pese a la distancia de las posturas respecto al espinoso asunto de la financiaci¨®n, Carlos Fern¨¢ndez no descarta que el esfuerzo negociador final permita a la Fegamp apoyar el anteproyecto. Los alcaldes ofrecen garantizar por ley su compromiso con el gasto social, pero chocan con la voluntad de Vicepresidencia de blindar legalmente este tipo de inversiones.