Apertura de juicio contra 16 acusados por la trama de Hacienda en Catalu?a

Todos al banquillo. La magistrada Elisabet Castell¨® ha abierto juicio oral contra 16 personas por la trama de corrupci¨®n en la Inspecci¨®n de Hacienda en Catalu?a. Nueve a?os despu¨¦s de iniciarse la causa, la decisi¨®n judicial es el ¨²ltimo tr¨¢mite para que pueda celebrarse el juicio oral. El fiscal y la Abogac¨ªa del Estado imputa a los acusados los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricaci¨®n, omisi¨®n del deber de promover la persecuci¨®n de delitos y tr¨¢fico de influencias.

La juez declina fijar la responsabilidad civil y opta por esperar al juicio

Ahora s¨®lo falta que los abogados presenten sus escritos de defensa en el plazo de tres meses que fija la juez. Posteriormente, el caso se remitir¨¢ a la Audiencia de Barcelona para celebrar el juicio en el tribunal que se determine por sorteo, ya que las normas de reparto cambiaron a principios de a?o.

En el banquillo se sentar¨¢n, entre otros, el financiero Javier de la Rosa y Jos¨¦ Luis N¨²?ez Clemente, ex presidente del FC Barcelona y al que se juzgar¨¢ por su actividad como propietario del grupo de empresas constructoras administradas por Seteinsa. El fiscal solicita para ambos penas que suman ocho a?os de c¨¢rcel. Un segundo grupo de inspecciones corruptas afectaron al grupo de empresas de Torras-KIO y un tercero a las que se realizaron a las sociedades de la inmobiliaria Ibusa, presida por Eduardo Bueno, que fue candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984.

La fiscal¨ªa sit¨²a en la c¨²pula de la supuesta trama de corrupci¨®n a Jos¨¦ Mar¨ªa Huguet, jefe de la Dependencia Regional de Inspecci¨®n de Catalu?a entre 1985 y 1994, as¨ª como a sus subordinados ?lvaro Pernas y Manuel Abella, jefes de las unidades regionales de inspecci¨®n. Las penas que se solicitan en esos casos oscilan entre los 16 y los 22 a?os de c¨¢rcel.

Seg¨²n la fiscal¨ªa, quienes deb¨ªan velar por el inter¨¦s p¨²blico y combatir el fraude aceptaron los sobornos que les ofrecieron quienes deb¨ªan investigar. "Los corruptos contactos entre los funcionarios y los empresarios" fueron posibles gracias a personas como Juan Jos¨¦ Folchi, abogado del Estado en excedencia y pendiente de ingresar en prisi¨®n para cumplir una condena firme de tres a?os y medio de c¨¢rcel por desviar 12 millones de euros de los fondos de KIO a una cuenta del diplom¨¢tico Manuel Prado y Col¨®n de Carvajal.

Folchi era el administrador de Torras Hostench London en 1990 y para corromper a Huguet le abon¨® 2,4 millones de euros en una cuenta suiza entre 1990 y 1993. As¨ª logr¨® que las inspecciones a los empresarios les fuesen favorables, seg¨²n la fiscal¨ªa. Ernesto de Aguiar, que tambi¨¦n ocupaba un cargo directivo en la Inspecci¨®n de Hacienda, recibi¨® esa misma cantidad de dinero, aunque acab¨® exculpado por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 33 de Barcelona porque cuando cobr¨® ya no era funcionario. Huguet, como Aguiar, hab¨ªan sido designados por Jos¨¦ Borrell cuando era secretario de Estado de Hacienda, lo que le llev¨® a dimitir en su carrera a la presidencia del Gobierno tras ganar las primarias en el PSOE a Joaqu¨ªn Almunia.

Otros inspectores acusados, como Jos¨¦ Lucas Carrasco y los ya citados Abella y Bergua, compraron pisos y otros inmuebles por un precio muy inferior al real a cambio de ama?ar las inspecciones, seg¨²n el fiscal.

En su escrito de acusaci¨®n presentado el pasado mes de noviembre, el fiscal cuantificaba el perjuicio a la Hacienda p¨²blica en m¨¢s de 400 millones de euros y solicitaba que se declarase la responsabilidad civil de las empresas afectadas. La juez dice ahora que es mejor esperar a juicio porque no est¨¢ claro cu¨¢l fue el perjuicio causado a las arcas p¨²blicas, ya que los peritos discrepan en la cuantificaci¨®n.