Poder y buen gobierno

En esta fase previa a la investidura, el m¨¢s que presumible nuevo presidente de Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, ha avanzado que har¨¢ cambios significativos en la estructura de gobierno. Afirma que buscar¨¢ una m¨¢s "funcional", que atienda las prioridades b¨¢sicas del nuevo Ejecutivo: "Que la econom¨ªa funcione; que se cree empleo; seguir con la modernizaci¨®n e innovaci¨®n de Espa?a, y mejorar posiciones en pol¨ªtica social e integraci¨®n".

La estructura que empez¨® a perfilar apunta a un n¨²cleo ejecutivo m¨¢s peque?o que atienda a esas prioridades de forma espec¨ªfica, y que se responsabilice de coordinar distintas ¨¢reas gubernamentales. Se sigue confiando en un esquema que no siempre resulta operativo, pero que parece inscrito en los c¨®digos gen¨¦ticos de las administraciones p¨²blicas, un esquema que se basa en la jerarqu¨ªa y la especializaci¨®n. Cuando lo que observamos es que hay temas (como la igualdad de g¨¦nero, la inclusi¨®n social, el deterioro de la convivencia urbana...) que requerir¨ªan perspectivas m¨¢s transversales y nuevos formatos organizativos.

Zapatero tiene una gran oportunidad para reformar las administraciones p¨²blicas

Buen gobierno es reconocer que el poder no puede reconocer las cosas por s¨ª solo

La progresiva ampliaci¨®n de tareas gubernamentales ha conducido a que en un gabinete convencional no pueda haber tantos ministros como problemas aparecen y como pol¨ªticas p¨²blicas han de formularse. En Nueva Zelanda (probablemente, el pa¨ªs m¨¢s innovador en el funcionamiento gubernamental), cuentan con 26 ministros que se ocupan de 72 ministerios, perfectamente diferenciados, y con una l¨®gica de trabajo transversal y tem¨¢tico que resulta ciertamente sugerente. No cabe duda que Zapatero hace bien en preocuparse por la estructura de su futuro gobierno y su funcionalidad, pero deber¨ªa ir un paso m¨¢s all¨¢ y tratar de encauzar una forma de operar de las administraciones p¨²blicas que sintonice con las ideas de innovaci¨®n y atenci¨®n a la diversidad que dice querer priorizar.

A mediados de los a?os noventa, Felipe Gonz¨¢lez, al repasar sus realizaciones en los largos a?os en que ocup¨® la presidencia del gobierno, describi¨® a la reforma administrativa como la m¨¢s importante "asignatura pendiente" que le quedaba por hacer. En la legislatura apenas finalizada, se han hecho cosas en este campo y se han intentado otras, pero lo cierto es que las din¨¢micas de modernizaci¨®n administrativa no han alcanzado nunca el impulso pol¨ªtico que tuvieron cuando Joaqu¨ªn Almunia fue ministro de Administraciones P¨²blicas.

Lo m¨¢s sobresaliente en este campo en los ¨²ltimos cuatro a?os, al margen de la agenda territorial y sus sobresaltos, ha sido la continua mejora en la incorporaci¨®n de las tecnolog¨ªas de informaci¨®n y comunicaci¨®n en los procesos administrativos, los cambios en el Estatuto del Empleado P¨²blico, el Plan Concilia y la Ley de Agencias Estatales. Un balance muy descriptible si atendemos a la significaci¨®n que tiene el buen funcionamiento de las administraciones p¨²blicas en el desempe?o general de un pa¨ªs que ha alcanzado niveles importantes de gasto p¨²blico.

En los temas de "buen gobierno", en febrero de 2005 se public¨® en el BOE el llamado C¨®digo de buen gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administraci¨®n General del Estado. Los principios b¨¢sicos inspiradores del c¨®digo son incontestables: "Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicaci¨®n al servicio p¨²blico, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoci¨®n del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres". ?Qui¨¦n da m¨¢s? Lo cierto es que, en la pr¨¢ctica, ello se concreta en el fortalecimiento del r¨¦gimen de incompatibilidades y en un seguimiento semestral del mismo.

Si examinamos el llamado Programa Nacional de Reformas, veremos que su principal objetivo es ayudar a la convergencia europea fijada en la cumbre de Lisboa, y por tanto expresa un inter¨¦s muy claro en los temas que afectan a la actividad econ¨®mica. Los ¨²nicos indicadores incorporados en relaci¨®n al funcionamiento de las administraciones p¨²blicas hacen referencia a los tr¨¢mites administrativos v¨ªa Internet.

La ley de creaci¨®n de Agencias Estatales podr¨ªa haber implicado un cambio significativo en el proceder de la Administraci¨®n General del Estado, pero ha faltado ambici¨®n. La idea era reforzar los aspectos de autonom¨ªa y de control por resultados, pero s¨®lo se han creado tres agencias, la del BOE, la de Cooperaci¨®n Internacional y la Agencia Estatal de Evaluaci¨®n de Pol¨ªticas P¨²blicas y de Calidad de los Servicios P¨²blicos, que a pesar de tener un nombre tan largo y ambicioso, apenas si se ha puesto en marcha y requiere mayor autonom¨ªa y m¨¢s relieve.

Lo que de verdad importa es saber si el esfuerzo en confianza y en recursos que la sociedad espa?ola hace en relaci¨®n a sus gobernantes, es respondido adecuadamente. Y ello exige no s¨®lo campa?as de publicidad o buenos discursos, sino debate p¨²blico basado en evidencias, un buen sistema p¨²blico de informaci¨®n y evaluaci¨®n y una constante y transparente rendici¨®n de cuentas. Y hemos de reconocer que en esos temas vamos atrasadillos.

Lo peor de las reformas administrativas es cuando las mismas se convierten en procesos estrictamente de ingenier¨ªa organizacional o procedimental, o en un buen bocado para consultores y expertos de todo tipo. En muchos de esos casos, los problemas derivan de que seguimos manteniendo una visi¨®n jer¨¢rquica y especializada de la acci¨®n de gobierno y por ende, de la labor de gesti¨®n y administraci¨®n. Mientras, la falta de funcionalidad de algunas pol¨ªticas p¨²blicas, sus desajustes y la falta de informaci¨®n fiable sobre los resultados que consiguen, hace seguir creciendo la erosi¨®n que sufren los poderes p¨²blicos en algo tan importante para su actuaci¨®n como es la legitimidad.

En estos temas deber¨ªamos poder ir m¨¢s all¨¢ de la ret¨®rica y de la simple enumeraci¨®n de principios y propuestas estrictamente administrativas. Politizar el debate sobre la administraci¨®n y la gesti¨®n p¨²blica que queremos, implica conectar los problemas pendientes con el gran cambio social que se est¨¢ produciendo a pasos agigantados en el entorno de esas administraciones aparentemente autistas. Y por tanto, conectar valores de futuro sobre qu¨¦ pa¨ªs queremos con procesos administrativos y capacidad de gesti¨®n y de servicio a los ciudadanos.

Hoy en d¨ªa, "buen gobierno" no es s¨®lo informatizar la burocracia o vigilar las incompatibilidades. Es pensar en c¨®mo desplegar las potencialidades de descentralizaci¨®n y de comunicaci¨®n. "Buen gobierno" es tambi¨¦n una manera de proceder en la que se busca el implicar en la acci¨®n de direcci¨®n colectiva a actores muy diversos, que se influyen mutuamente desde una l¨®gica de respeto y de reconocimiento mutuo.

"Buen gobierno" es el resultado de la labor de muchas instituciones de gobierno en Espa?a, de sus distintas esferas auton¨®micas y locales. Y tambi¨¦n es el resultado de otras muchas instituciones, organizaciones y entidades que trabajan y colaboran en resolver problemas p¨²blicos desde su compromiso p¨²blico.

"Buen gobierno", por tanto, es el reconocimiento que los poderes p¨²blicos no pueden cambiar las cosas por s¨ª solos. "Buen gobierno" implica reconocer que para que se hagan cosas no sirve s¨®lo la jerarqu¨ªa y la autoridad, sino tambi¨¦n la deliberaci¨®n, la participaci¨®n social y el acuerdo social. Cuanto m¨¢s reforcemos la capacidad social y ciudadana de exigir transparencia y rendici¨®n de cuentas, mejor funcionar¨¢ todo. En definitiva, "buen gobierno" implica modestia y voluntad de aprendizaje colectivo.

Tras las elecciones del 14 de marzo del 2004, Zapatero afirm¨®: "El poder no me va a cambiar". Esperemos que con la misma determinaci¨®n nos retorne en el 2012 unas administraciones p¨²blicas que hayan cambiado notablemente sus formas de proceder.

Joan Subirats es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica y director del Instituto de Gobierno y Pol¨ªticas P¨²blicas de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.