M¨²gica lleva al Constitucional al Consell por la ley de Dependencia

El Defensor del Pueblo, Enrique M¨²gica, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad por la aplicaci¨®n de la ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana. En concreto, el defensor cuestiona la legalidad de la disposici¨®n adicional 11 de la ley 15/2007 de Presupuestos de la Generalitat para 2008, una modificaci¨®n normativa que permite a la Generalitat denegar las solicitudes de valoraci¨®n de dependencia de los usuarios mediante el silencio administrativo. "Cuando se deniega por la Administraci¨®n un derecho subjetivo se tiene que contestar por escrito mediante una resoluci¨®n motivada", asegur¨® ayer una fuente de la instituci¨®n que dirige M¨²gica. Desde la Consejer¨ªa de Bienestar Social se aclar¨® ayer que el recurso solo se refiere a una cuesti¨®n "meramente formal" y que en ning¨²n momento se cuestiona que el trato a los discapacitados sea deficiente.

"Se trata de ciudadanos especialmente vulnerables"

El Defensor del Pueblo argument¨® ayer mediante un comunicado que la disposici¨®n cuestionada "no cumple con las condiciones establecidas por el Tribunal Constitucional". As¨ª, la tesis del Constitucional refrendada en varias sentencias es que las leyes de presupuestos solo pueden contemplar "previsiones de ingresos y habilitaciones para gastos", pero no pueden incluir cosas que no tengan que ver con estas materias. "Se ha utilizado una t¨¦cnica legislativa totalmente viciosa", explicaron desde el Defensor.

Sin embargo, el Consell que dirige Francisco Camps "col¨® de rond¨®n" en diciembre en la ley la modificaci¨®n del decreto del Consell aprobado en septiembre donde se establec¨ªa el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones. En concreto, estipul¨® que "el vencimiento del plazo m¨¢ximo sin haberse dictado resoluci¨®n expresa determinar¨¢ la desestimaci¨®n de la solicitud formulada por silencio administrativo".

El problema es que la Generalitat solo dispone de 35 profesionales contratados mediante una nueva empresa p¨²blica, Avapsa (Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales), para hacer las valoraciones, ya que ha prescindido de la experimentada red de profesionales de la Administraci¨®n auton¨®mica y de los municipios que desde hace a?os hacen este tipo de dict¨¢menes. "Se necesitan cuatro veces m¨¢s como m¨ªnimo, y adem¨¢s con unidades provinciales", denunciaron en su d¨ªa desde el Grupo Socialista.

Desde el Defensor del Pueblo destacan que el problema afecta a discapacitados. "Se trata de ciudadanos especialmente vulnerables", argumentan las mismas fuentes, "no se puede pedir a los discapacitados que vayan buceando en todas las resoluciones legales para encontrar alguna que les implique; esto afecta a un principio de seguridad jur¨ªdica, al derecho a que las leyes no te sorprendan".

Adem¨¢s, el gabinete de M¨²gica ha anunciado que hace tres meses abri¨® una inspecci¨®n de oficio para ver c¨®mo se aplica la ley de Dependencia en cada autonom¨ªa. De momento, la Generalitat sigue sin anunciar que alguna persona haya percibido las prestaciones de la ley. Eso s¨ª, ayer explic¨® que se han recibido 60.000 solicitudes y se han resuelto 15.000 valoraciones.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha admitido a tr¨¢mite la denuncia presentada a mediados de marzo por 15 particulares que solicitaron las ayudas hace meses y que no han recibido respuesta.