Abandonados a su suerte

Viven permanentemente amenazados, atenazados por el miedo, al borde de la paranoia, con dificultades para encontrar trabajo, casi sin familia y sin amigos. Con frecuencia acaban alcoholizados o enganchados a los somn¨ªferos y a los antidepresivos. Son los testigos protegidos, personas que un d¨ªa aportaron datos cruciales para meter entre rejas a terroristas, narcos, asesinos, proxenetas y traficantes de seres humanos. Aquel d¨ªa, pol¨ªticos, jueces y polic¨ªas les alabaron y ensalzaron, les prometieron de todo: escolta, trabajo, un sueldo... Pero hoy la mayor¨ªa de esas personas -Ricardo Portabales, Pedro Luis Migu¨¦liz, Manuel Fern¨¢ndez Pad¨ªn, Pablo y otros muchos an¨®nimos- se consideran a s¨ª mismos abandonados y olvidados.

En Espa?a se aprob¨® en 1994 una ley para proteger a los testigos, pero no hay dinero ni un programa para hacerlo

El Parlamento aprob¨® en diciembre de 1994, con un solo voto en contra, la Ley org¨¢nica 19/1994 de Protecci¨®n a testigos y peritos en causas criminales con el objetivo de acabar as¨ª con las l¨®gicas reticencias de los ciudadanos a colaborar con la justicia por temor a represalias.

Esa ley establece que los jueces y tribunales deben preservar la identidad de los testigos protegidos que corran un "peligro grave" y a tal fin concreta: "Que no consten en las diligencias su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesi¨®n, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificaci¨®n de los mismos, pudi¨¦ndose utilizar para ¨¦sta un n¨²mero o cualquier otra clave; que comparezcan para la pr¨¢ctica de cualquier diligencia utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificaci¨®n visual normal; y que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede del ¨®rgano judicial interviniente, el cual las har¨¢ llegar reservadamente a su destinatario".

Todo eso est¨¢ muy bien. Pero 13 a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de esa norma no se ha hecho nada m¨¢s. No hay un reglamento que la desarrolle. No existe un programa de protecci¨®n de testigos, como existe en Estados Unidos. Un programa que contemple la posibilidad de cambiar por completo de identidad -un nuevo DNI, un nuevo n¨²mero de la Seguridad Social, un nuevo domicilio, un nuevo trabajo e, incluso, un nuevo rostro- porque eso, naturalmente, tiene un coste. Dinero, dinero. Y el Estado espa?ol no dispone de ninguna partida econ¨®mica espec¨ªfica para mantener a los testigos protegidos.

Gente como Ricardo Portabales, catalogado como el primer testigo protegido de la historia reciente, el arrepentido que actu¨® como principal acusador de los imputados en la Operaci¨®n N¨¦cora, la gran redada contra el narcotr¨¢fico gallego desplegada en 1990 por el juez Baltasar Garz¨®n. Portabales, considerado un traidor por sus antiguos compa?eros, vive permanentemente escoltado, sometido a cambios constantes de domicilio, sin recibir una asignaci¨®n mensual para su manutenci¨®n y la de su familia. Hace 15 a?os denunci¨® que hab¨ªa sufrido una paliza mientras estaba en Galicia.

Manuel Fern¨¢ndez Pad¨ªn, otro arrepentido de la Operaci¨®n N¨¦cora, vivi¨® durante meses en los calabozos del complejo policial de Canillas (Madrid). A falta de un equipo de guardaespaldas que le garantizase protecci¨®n d¨ªa y noche, el lugar m¨¢s seguro para ¨¦l eran los inh¨®spitos calabozos. All¨ª al menos estaba rodeado por cientos de polic¨ªas en un recinto blindado. Antonio Cebollero Campo, otro arrepentido que colabor¨® en la misma operaci¨®n, vivi¨® en la c¨¢rcel de Brieva (?vila) porque era m¨¢s seguro para ¨¦l permanecer entre rejas que estar en libertad.

La Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias baraj¨® en 1994 la posibilidad de crear un m¨®dulo especial para arrepentidos y testigos protegidos, al considerar que eso eliminar¨ªa los m¨²ltiples problemas de seguridad y el c¨²mulo de gastos que conlleva garantizar la vida de estas personas -valiosas colaboradoras de la justicia- durante las 24 horas del d¨ªa. Sin embargo, han pasado m¨¢s de diez a?os... y nunca m¨¢s se supo de aquel viejo proyecto.

Gente como el ex contrabandista Pedro Luis Migu¨¦liz, Txofo, que hoy se gana la vida como puede trabajando en la hosteler¨ªa en la costa mediterr¨¢nea. ?l fue en su d¨ªa uno de los principales testigos de cargo contra el ex general de la Guardia Civil Enrique Rodr¨ªguez Galindo, el sargento Enrique Dorado Villalobos y el ex cabo Felipe Bayo Leal, condenados por el secuestro y posterior asesinato de los supuestos etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala en 1983.

Testigos protegidos como Pablo, ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada, que tambi¨¦n cont¨® en el juzgado lo que sab¨ªa sobre el caso Lasa-Zabala, sin imaginar que eso le acarrear¨ªa ser secuestrado por unos sicarios que le torturaron y sodomizaron en noviembre de 1996, seg¨²n relata Fernando L¨¢zaro en su libro Yo acuso (editorial Temas de Hoy). Tres d¨ªas despu¨¦s de prestar declaraci¨®n ante un juez, el testigo protegido n¨²mero 1964/S fue secuestrado, torturado y violado, adem¨¢s de tener que comerse literalmente el auto judicial en el que se le otorgaba la condici¨®n de testigo protegido. No ten¨ªa ninguna escolta, pese a que el juez hab¨ªa ordenado que le custodiase la polic¨ªa.

Pablo tiene hoy una nueva identidad. Pero eso, m¨¢s que favorecerle, le ha perjudicado: al ir a buscar trabajo, de nada le sirvieron los t¨ªtulos acad¨¦micos expedidos a su antiguo nombre. Su experiencia laboral le pod¨ªa haber abierto un sinf¨ªn de puertas para trabajar en el sector de la seguridad privada, por ejemplo, pero lo malo es que ¨¦l ya no era -oficialmente- el mismo hombre que figuraba en aquellos diplomas llenos de sellos y membretes.

La situaci¨®n de abandono, de precariedad, de improvisaci¨®n sobre los testigos protegidos en Espa?a no es nueva. Ya viene de lejos. Ya le pas¨® m¨¢s o menos lo mismo a Mikel Lejarza Egu¨ªa, El Lobo, el topo infiltrado en ETA que, entre otros servicios al Estado, facilit¨® la mayor redada de activistas de ETA de la historia y la captura de algunos de los que asesinaron el 20 de diciembre de 1973 al almirante Luis Carrero Blanco, entonces presidente del Gobierno de Franco. El Seced (los servicios secretos creados por el propio Carrero) pag¨® a El Lobo una operaci¨®n de cirug¨ªa pl¨¢stica en la Cl¨ªnica Angloamericana, de Madrid. Pero, aun as¨ª, hace tres a?os declaraba a EL PA?S: "Todav¨ªa me puede matar cualquier descerebrado".

Seg¨²n diversas fuentes, hay unos 400 testigos protegidos, varias decenas de ellos por los atentados islamistas del 11-M, aunque la mayor¨ªa son personas relacionadas con el desmantelamiento de redes de prostituci¨®n o de inmigraci¨®n ilegal.

Las mujeres extranjeras que han decidido denunciar a sus explotadores han conseguido regularizar su situaci¨®n en Espa?a. Pero nada m¨¢s. Nadie les ayuda a buscar un empleo ni a pagar las facturas de su piso o del supermercado. "Tengo todos los papeles en regla. S¨ª. Pero vivo siempre pendiente de qui¨¦n anda a mis espaldas y horrorizada ante la posibilidad de que me peguen un tiro", se queja una inmigrante que denunci¨® en 2005 a los proxenetas que le explotaron durante a?os. -