Detenido por blanqueo y delito fiscal el anterior alcalde de Aljaraque
El ex concejal de Urbanismo y un socio de los pol¨ªticos tambi¨¦n est¨¢n acusados
El ex alcalde de Aljaraque (Huelva) Juan Manuel Orta y el concejal de Urbanismo en su gobierno municipal, Casto Pino, ambos del PP, han sido detenidos por la Guardia Civil acusados de un presunto delito fiscal y de blanqueo de dinero. Ambos fueron denunciados en mayo por Rafael Barroso, un ex militante del Partido Popular y constructor que les acusaba, entre otros posibles delitos, del cobro de comisiones ilegales.
Barroso afirmaba en su denuncia, presentada en la Fiscal¨ªa de Huelva, que entre ambos cargos pod¨ªan haber amasado un patrimonio de unos 60 millones de euros. Orta gobern¨® 12 a?os el Ayuntamiento de Aljaraque.
Adem¨¢s de Juan Manuel Orta y Casto Pino, tambi¨¦n fueron detenidos un socio de ¨¦stos y la mujer de Pino, que finalmente qued¨® en libertad.
Los tres arrestados restantes permanec¨ªan ayer en la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva a la espera de ser puestos a disposici¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 3, que investiga el caso. El titular de esta sala ha declarado el secreto de sumario.
En la denuncia presentada en mayo y que sirvi¨® de detonante para comenzar la investigaci¨®n, el empresario Rafael Barroso acusaba a Orta y Pino de cobrar comisiones ilegales por la firma de convenios con siete empresas inmobiliarias. En concreto, Barroso imputaba a Orta y Pino delitos contra la ordenaci¨®n del territorio, falsedad documental, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n, cohecho y fraude fiscal.El mismo Barroso afirmaba haber sido objeto de chantaje al recibir presiones para que pagase 300.000 euros en efectivo y obtener as¨ª una licencia municipal de obra.
El escrito de denuncia de Barroso no escatimaba en detalles y explicaba la relaci¨®n de bienes que presuntamente Orta y Pino pose¨ªan, estimando el valor de los mismos. Del regidor, Rafael Barroso desgrana una finca r¨²stica de 35.000 metros en Aljaraque que compr¨® en 1999 por 30.050 euros y vendi¨® en 2003, obteniendo presuntamente un beneficio de m¨¢s de 300.000 euros; una parcela urbana en el mismo pueblo de 1.200 metros cuadrados por valor de 200.000 euros; un chal¨¦ de tres plantas (valorado en 600.000 euros); una vivienda en La Redondela (valorada en 200.000 euros); un solar en ese mismo municipio (150.000 euros); y una vivienda en Sierra Nevada, de la que no especifica su valor.
De Casto Pino, el denunciante afirmaba que, entre ¨¦l y su esposa poseen un terreno r¨²stico en Aljaraque de 21.250 metros cuadrados comprado en 1999 y cuyo valor actual ser¨ªa de 255.000 euros. Adem¨¢s, tendr¨ªan, presuntamente, un terreno r¨²stico de 17.000 metros cuadrados, valorado en 600.000 euros; una parcela de 1.200 metros cuadrados con un chal¨¦ de 500 metros cuadrados valorados en m¨¢s de un mill¨®n de euros; dos edificios industriales en el pol¨ªgono La Raya, obtenidos, seg¨²n Barroso, tras un pelotazo urban¨ªstico de 12 millones de euros; un finca en Alosno valorada en m¨¢s de 10 millones de euros; un local comercial valorado en 100.000 euros y sendas viviendas en Aljaraque (380.000 euros), Punta Umbr¨ªa (250.000 euros) y Huelva (360.000).
La noticia de la detenci¨®n de Casto y Pino provoc¨® reacciones pol¨ªticas encontradas: mientras el PP reclamaba la presunci¨®n de inocencia, el PSOE e IU -que gobiernan en coalici¨®n en Aljaraque desde las ¨²ltimas elecciones municipa-les- mostraban su preocupaci¨®n y ped¨ªan explicaciones a los dirigentes del PP, el partido de los detenidos.
"Cambio de tendencia" entre los magistrados
Eduardo Baena, presidente de la Audiencia de C¨®rdoba, apost¨® ayer por intentar impedir que la "mancha de aceite" de las parcelaciones ilegales se extienda m¨¢s. En declaraciones a la cadena SER, Baena reconoci¨® que entre los magistrados cordobeses hay un "cambio de tendencia", lo que no significa que antes no se dictaran sentencias condenatorias en este tipo de casos.
El pleno de magistrados de la Audiencia escenific¨® este cambio el pasado 10 de marzo, cuando se elabor¨® un documento en el que se fija c¨®mo deben actuar ante este fen¨®meno.
Los jueces cordobeses acordaron, entre otros asuntos, que para que las demoliciones puedan ordenarse debe constar "patentemente" que las casas est¨¦n "completamente fuera de ordenaci¨®n y no sean legalizables o subsanables". Adem¨¢s, se estableci¨® que la mera existencia de construcciones previas no supone "por s¨ª mismas exoneraci¨®n de responsabilidad penal".
Actualmente, hay varios casos como el del chal¨¦ de San Crist¨®bal que podr¨ªan acabar en demolici¨®n. El primer derribo por orden judicial que se llev¨® a cabo en la provincia de C¨®rdoba se realiz¨® el 19 de diciembre de 2007. Se tiraron cinco edificaciones en la urbanizaci¨®n Pedrique de Obejo.
Respecto al conjunto arqueol¨®gico de Medina Azahara, una zona con especial protecci¨®n, las sentencias est¨¢n siendo dispares. Por un lado, el Juzgado de lo Penal 3 ha decidido absolver a dos parcelistas que ampliaron sus casas.
Pero el Juzgado de lo Penal 4 de C¨®rdoba ha condenado a dos propietarios a demoler una edificaci¨®n situada en la misma zona. La diferencia radica en que el ¨²ltimo chal¨¦ se levant¨® ¨ªntegramente cuando la zona ya estaba protegida por la declaraci¨®n de Bien de Inter¨¦s Cultural.
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