Los jueces de M¨¢laga quieren privar de un aparcamiento a funcionarios

La apertura de un gran aparcamiento al aire libre junto a la Ciudad de la Justicia de M¨¢laga, el edificio administrativo m¨¢s grande de Andaluc¨ªa, no ha servido para relajar el pulso que mantienen los jueces de la capital malague?a con los funcionarios judiciales por el uso de las 166 plazas de aparcamiento en el subsuelo del inmueble.

La cuesti¨®n puede parecer rid¨ªcula comparada con el enorme atasco de tramitaci¨®n que sufren los juzgados malague?os -y de toda Espa?a-, pero al igual que el colapso judicial, hunde sus ra¨ªces en un sistema anticuado, poco dado a cambios, y en el que los jueces, en ocasiones, act¨²an como una casta.

"La seguridad no debe utilizarse como bandera para justificar privilegios"

Los jueces argumentan oficialmente razones de seguridad para que ellos y los fiscales se conviertan en los usuarios exclusivos del p¨¢rking cubierto. Pero no es s¨®lo eso: para muchos jueces esta pretensi¨®n es "una cuesti¨®n de orgullo profesional".

Al menos ¨¦sta es la consigna que circula entre los jueces y magistrados de M¨¢laga, seg¨²n confirman varias fuentes judiciales. Frente a los magistrados, fiscales y secretarios judiciales, colectivos con categor¨ªa de autoridad, los cerca de 1.200 funcionarios exigen que el aparcamiento sea para el que se lo trabaja. Es decir, que las plazas se adjudiquen en riguroso orden de llegada al edificio, sin importar el cargo. La posici¨®n de los jueces est¨¢ avalada, aunque s¨®lo muy parcialmente, por un informe solicitado por el juez decano de M¨¢laga, Manuel Caballero Bonald, a la Guardia Civil. En su escrito, el comandante del instituto armado en M¨¢laga, Jos¨¦ Espinosa, considera "indudable" que la seguridad de jueces y fiscales mejorar¨ªa "manifiestamente" con la atribuci¨®n "con car¨¢cter preferente" de los aparcamientos interiores del edificio. A rengl¨®n seguido, Espinosa a?ade que como el gran aparcamiento anexo al sol est¨¢ custodiado por vigilantes de seguridad y por la zona "siempre hay miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", "el riesgo que corren desde el aparcamiento al edificio no es mayor que el que soporta en sus actividades privadas".

Este a?adido ha supuesto un peque?o rev¨¦s para los jueces. "Es un informe comod¨ªn que sirve para apoyar cualquier decisi¨®n que se quiera tomar", afirman. La decisi¨®n est¨¢ ahora en manos de la Junta de Andaluc¨ªa, que hasta ahora ha apoyado la doctrina de los funcionarios.

El pasado 1 de febrero, los representantes de los jueces se reunieron con la delegada de la Consejer¨ªa de Justicia en M¨¢laga, Aurora Santos, que les record¨® que el criterio de la Junta es que los aparcamientos sean "para todos". Seg¨²n fuentes judiciales, los representantes de la consejer¨ªa han dado pistas a los jueces sobre c¨®mo conseguir su objetivo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa ya se hab¨ªa pronunciado a favor del estacionamiento restringido. Si los jueces de M¨¢laga obten¨ªan el mismo pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial, la delegada entend¨ªa que el Ministerio del Interior se ver¨ªa poco menos que obligado a realizar un informe recomendando el uso del aparcamiento s¨®lo para las autoridades.

En cualquier caso, seg¨²n fuentes sindicales, la Consejer¨ªa de Justicia no ha adoptado ninguna decisi¨®n nueva sobre el aparcamiento, que contin¨²a de uso compartido, como en la antigua sede judicial del Palacio de Miramar. La junta de personal, que representa a los funcionarios de justicia, rechaza tambi¨¦n los argumentos de los jueces: "La seguridad no debe utilizarse como bandera para justificar lo que no son m¨¢s que privilegios". Un funcionario argumenta: "Si un terrorista sabe que en el aparcamiento subterr¨¢neo s¨®lo hay jueces y fiscales, los va a identificar mucho m¨¢s f¨¢cilmente que si se camuflan entre el resto de los coches".