?Quiere objetar al aborto? Reg¨ªstrese aqu¨ª

La sanidad p¨²blica no practica abortos. Apenas el 2,5% del total. En comunidades aut¨®nomas como Murcia, Navarra o Castilla-La Mancha no hay ning¨²n hospital p¨²blico dispuesto a hacerlos. Las intervenciones, incluso cuando son de embarazos avanzados, se suelen hacer en cl¨ªnicas privadas, menos preparadas para responder a una emergencia que un hospital p¨²blico.

El PSOE incluy¨® en su programa la regulaci¨®n de la objeci¨®n m¨¦dica

Se trata de hacer compatible este derecho con el de la mujer a abortar

La creaci¨®n de un registro facilitar¨¢ la planificaci¨®n en las cl¨ªnicas p¨²blicas

Tambi¨¦n evitar¨¢ que quien objeta por la ma?ana opere por la tarde en una privada

?Por qu¨¦? Las autoridades auton¨®micas hablan de una supuesta objeci¨®n de conciencia generalizada de los profesionales sanitarios implicados: ginec¨®logos, anestesistas, psiquiatras, enfermeras... Sin embargo, los centros privados, que interrumpieron m¨¢s de 100.000 embarazos en 2006, seg¨²n datos del Ministerio de Sanidad, s¨ª tienen personal que accede a realizar estas intervenciones. Algo no encaja.

?Qu¨¦ sucede? ?Cu¨¢ntos m¨¦dicos son realmente objetores en Espa?a? Nadie lo sabe. No hay ning¨²n registro de m¨¦dicos objetores, o de no objetores. Por eso, el PSOE incluy¨® en su programa electoral la "regulaci¨®n" de la objeci¨®n de conciencia, para hacer compatible este derecho con el de las mujeres espa?olas a abortar con todas las garant¨ªas.

Algunas situaciones rayan lo esperp¨¦ntico. Como la de la mujer a la que el hospital de La Paz (Madrid) envi¨® a abortar a una cl¨ªnica privada despu¨¦s de una amniocentesis fallida que le hizo perder l¨ªquido amni¨®tico, cuyo caso se relataba ayer en EL PA?S. El feto no pod¨ªa vivir, la situaci¨®n era extremadamente peligrosa para la madre, pero el centro p¨²blico no quiso encargarse de la intervenci¨®n. De no haber cl¨ªnicas privadas, ?hubieran puesto en peligro la vida de la madre para dejar intacta su conciencia? En Galicia, un celador se neg¨® a llevar en camilla a una mujer que acababa de abortar. Dec¨ªa que era objetor, as¨ª que la matrona tuvo que trasladar a la paciente por su cuenta.

Cuando se pregunta a los m¨¦dicos de la sanidad p¨²blica, muchos aseguran que no tendr¨ªan problemas en practicar abortos, pero que hay una inercia que lleva a no hacerlos. Sucede en La Paz, por ejemplo. El hospital, que tiene un enorme servicio de maternidad, es "objetor desde que se aprob¨® la ley", seg¨²n indica la portavoz del centro. Es decir, en 1985 se pregunt¨® a los profesionales y todos decidieron que no iban a practicar interrupciones del embarazo. Pero los m¨¦dicos no son los mismos que entonces. Ni la mentalidad de la sociedad. Fuentes del hospital afirman que probablemente hoy s¨ª ser¨ªa posible encontrar un grupo de m¨¦dicos y enfermeras dispuestos a practicar abortos. De hecho, en enero del a?o pasado el hospital inform¨® de que iba a hacer una interrupci¨®n de embarazo. Pero las presiones de los autodenominados grupos provida, con la plataforma Hazteo¨ªr a la cabeza, fueron tales que el hospital decidi¨® dejar la intervenci¨®n en suspenso. En Navarra, donde ning¨²n centro p¨²blico ni privado practica abortos, hay ginec¨®logos de la sanidad p¨²blica, como Pablo S¨¢nchez Valverde, que expresan p¨²blicamente que no son objetores. En balde.

El jefe de Ginecolog¨ªa del hospital Severo Ochoa de Legan¨¦s (Madrid), Javier Mart¨ªnez Salme¨¢n fue de los primeros m¨¦dicos en practicar interrupciones del embarazo en un centro p¨²blico. Era 1987, cuando empez¨® a funcionar el hospital. "Hubo una posici¨®n de objeci¨®n bastante fuerte por parte de enfermeras, celadores, anestesistas y ginec¨®logos, pero se lleg¨® de manera natural a un equilibrio", recuerda el m¨¦dico. "Cuando contrataba a los m¨¦dicos no se les preguntaba si eran objetores o no. Lo que s¨ª que intent¨¦ fue que el hecho de serlo no supusiera ventajas ni inconvenientes", afirma.

Seg¨²n su experiencia en el Severo Ochoa, cuando se monta un servicio y se deja a los m¨¦dicos decidir si desean o no practicar abortos, s¨®lo un 50% de los profesionales se manifiestan objetores. Por eso cree que en centros grandes no deber¨ªa haber problema para formar equipos que realicen abortos. Sin embargo, en el suyo fueron haciendo cada vez menos. Mart¨ªnez Salme¨¢n cree que no se debi¨® a una postura ideol¨®gica, sino a problemas de gesti¨®n.

"Todav¨ªa hacemos los que son m¨¢s complicados, cuando el embarazo est¨¢ m¨¢s adelantado", dice. "Y no descarto que volvamos a hacer todos", a?ade. "Lo importante son los derechos de las mujeres". "Lo que no puede ser es que con la excusa de la objeci¨®n los m¨¦dicos se nieguen a hacer unas intervenciones que tienen m¨¢s carga emocional, como los abortos, y prefieran hacer otras m¨¢s gratificantes. Yo siempre intent¨¦ equilibrarlo. Si un m¨¦dico empieza neg¨¢ndose a realizar abortos, y luego ligaduras de trompas, y despu¨¦s a dar anticonceptivos, entonces a lo mejor tiene que plantearse que no puede trabajar en un sistema p¨²blico".

"Es evidente, que la pr¨¢ctica del aborto puede incidir en el ejercicio de derechos fundamentales", explica el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra Marc Carrillo. "Por ejemplo, en la libertad personal y la integridad f¨ªsica y ps¨ªquica de la mujer o su derecho a la intimidad. Asimismo, por razones de conciencia relacionadas con sus convicciones religiosas, puede afectar al m¨¦dico que lo pr¨¢ctica. Pero en todo caso, el poder p¨²blico est¨¢ perfectamente legitimado para regular la pr¨¢ctica del aborto en los centros sanitarios, a fin de asegurar en todo caso, la garant¨ªa de los derechos afectados. En especial, el derecho de la mujer a interrumpir la gestaci¨®n en los supuestos y condiciones legales y evitar, que la objeci¨®n de conciencia del m¨¦dico sea ejercida con coherencia, impidiendo un uso torticero de la misma, en funci¨®n del car¨¢cter p¨²blico o privado del centro sanitario".

Es lo que pretende hacer el Ministerio de Sanidad, que va a esperar a que se constituya el Gobierno para sacar el real decreto anunciado sobre centros de interrupci¨®n del embarazo que incluir¨ªa la creaci¨®n de un registro con los m¨¦dicos objetores. Uno de sus objetivos, como dijo el ministro, hoy en funciones, Bernat Soria, es asegurarse de que no haya m¨¦dicos que objeten por la ma?ana -cuando trabajan en la Sanidad p¨²blica-, y operen a mujeres por la tarde, en la privada.

Otro de los problemas de un gran hospital es la planificaci¨®n. "Un aborto debe hacerse casi como una intervenci¨®n de urgencia", dice Mart¨ªnez Salme¨¢n. "No tiene sentido que una mujer que ha decidido abortar tenga que ver c¨®mo sigue adelante su embarazo". Adem¨¢s, es menos arriesgado si se hace antes. Y eso en un gran centro es complicado. "Nosotros programamos con tres semanas, y hab¨ªa que dejar un hueco para los abortos todos los d¨ªas. "Vimos que la atenci¨®n privada era capaz de satisfacer la demanda".

Otro inconveniente que puede darse en un gran centro es que si el objetor es un jefe de servicio, poco importa que alguno de sus subordinados est¨¦ dispuesto a participar en una intervenci¨®n: el jefe impone su ideolog¨ªa. Aunque esto no tiene por qu¨¦ ser as¨ª. El doctor Jos¨¦ Luis Dargallo, que trabaj¨® hace a?os en el hospital de Guadalajara, explica que all¨ª, a pesar de que el jefe de Ginecolog¨ªa era objetor "se practicaban abortos, siempre y cuando los aprobara la comisi¨®n hospitalaria". El director del servicio no los imped¨ªa.

?Qu¨¦ dicen los m¨¦dicos oficialmente? Que debe respetarse su derecho a la objeci¨®n, pero est¨¢n de acuerdo en la creaci¨®n de un registro. "Dentro de un servicio cl¨ªnico hay distintas funciones, y la objeci¨®n suele resultar compatible con el trabajo de los objetores dentro de equipos bien estructurados, dentro de los que siempre se pueden encontrar soluciones que respeten los derechos tanto del paciente a recibir esa prestaci¨®n, como del m¨¦dico, a no realizarla ¨¦l personalmente, pero s¨ª permitir que otros profesionales del servicio debidamente capacitados la practiquen", se?ala un portavoz del Consejo General de Colegios Oficiales de M¨¦dicos.

"De ah¨ª la necesidad de que las objeciones, cuando el profesional sabe con antelaci¨®n que se van a producir, deban hacerse p¨²blicas, comunicarse a los superiores y convertirse en un elemento a tener en cuenta a la hora de la organizaci¨®n de los servicios y la distribuci¨®n de las tareas", contin¨²a. El consejo pide que los registros est¨¦n en manos de las organizaciones profesionales, "que velan por la autorregulaci¨®n, el c¨®digo ¨¦tico y el buen ejercicio profesional".

La redacci¨®n de la propia ley de despenalizaci¨®n del aborto est¨¢ relacionada con la objeci¨®n de los m¨¦dicos. La norma lo permite en tres supuestos: por violaci¨®n (hasta las 12 semanas); malformaci¨®n del feto (hasta las 22 semanas) y grave riesgo para la vida o la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la madre (sin plazo). M¨¢s del 96% de los abortos se realizan por este ¨²ltimo supuesto. Si el riesgo es para la salud ps¨ªquica, hace falta el informe de un psiquiatra. Y pocos psiquiatras de la sanidad p¨²blica se quieren involucrar. Porque, ?qu¨¦ es un "grave riesgo"? ?Una depresi¨®n, una patolog¨ªa mental grave? ?O basta con el hecho de que el embarazo implique un trastorno psicol¨®gico aunque sea leve? Ante la indefinici¨®n de la ley, y la disposici¨®n de algunos jueces de condenar a los psiquiatras y a todo el que facilite un aborto, los m¨¦dicos de la p¨²blica no se meten. Para evitar problemas. "Una ley de plazos, que otorgue mayor seguridad jur¨ªdica a mujeres y a m¨¦dicos, como la que hay en casi toda Europa, nos proteger¨ªa y facilitar¨ªa nuestro trabajo", se?ala Eugenio Civieta, vocal de Asturias y Castilla y Le¨®n de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Autorizadas para la Interrupci¨®n de Embarazos (ACAI).

Mientras llega, o no llega, esa ley de plazos, el registro de objetores y una decidida voluntad por parte de la Administraci¨®n podr¨ªan evitar que algunas mujeres tengan que recorrer cientos de kil¨®metros para practicarse un aborto o que tengan que trasladarse a una cl¨ªnica privada cuando el feto est¨¢ muriendo por una amniocentesis, como ocurri¨® en el caso del hospital de La Paz. El Consejo de Europa afirm¨® recientemente que el aborto es un derecho de la mujer, aunque Espa?a se empe?e en seguir consider¨¢ndolo como un delito despenalizado s¨®lo en tres supuestos.