Empezamos con el sudoku

El inicio de la legislatura puede quedar marcado por dos temas cl¨¢sicos de enfrentamiento interterritorial: una nueva negociaci¨®n de la financiaci¨®n auton¨®mica, obligada, entre otras cosas, por la puesta en marcha de los nuevos estatutos (el famoso sudoku del que habl¨® en su d¨ªa Pedro Solbes) y la publicaci¨®n de las balanzas fiscales (saldo entre lo que pagan los habitantes de un territorio en impuestos y lo que la Administraci¨®n central del Estado les devuelve en servicios, prestaciones e infraestructuras). Los pol¨ªticos en general aseguran que las dos cosas no est¨¢n relacionadas y que la financiaci¨®n de las diferentes autonom¨ªas no puede hacerse, y no se har¨¢, en funci¨®n de esas balanzas fiscales. ?sa es la teor¨ªa, pero en la pr¨¢ctica es evidente que la publicaci¨®n de esas balanzas, reclamada y exigida casi exclusivamente por los pol¨ªticos catalanes, va a tener una enorme repercusi¨®n p¨²blica y que, se quiera o no, se convertir¨¢ en un instrumento formidable a la hora de orientar a las opiniones p¨²blicas en una direcci¨®n o en otra.

La publicaci¨®n oficial de las balanzas fiscales se convertir¨¢, qui¨¦rase o no, en una forma de orientar a las opiniones p¨²blicas

La negociaci¨®n de la nueva financiaci¨®n auton¨®mica se complica con la puesta en marcha de los nuevos estatutos

Es cierto que el debate sobre las balanzas fiscales es antiguo y que ya existen numerosos an¨¢lisis financiados por entidades privadas e institutos de estudios fiscales. Pero son variados, utilizan metodolog¨ªas distintas y ofrecen resultados diferentes. El saldo depende, como es l¨®gico, de lo que se impute como ingreso y, sobre todo, como gasto. La novedad en este caso es que se tratar¨¢, por primera vez, de un estudio oficial, en el que se fijar¨¢ la metodolog¨ªa del an¨¢lisis, y que una vez publicado se convertir¨¢ en el punto de referencia obligado de cualquier discusi¨®n pol¨ªtica.

El Ministerio de Hacienda, que nunca ha sido favorable a hacer p¨²blicos esos datos, tendr¨¢ que establecer una metodolog¨ªa aceptable por todos los interlocutores, y muy especialmente por los nacionalistas catalanes (el PSC suele coincidir en estos temas, con pocos matices, con CiU y con ERC). Se supone que Hacienda favorece la elaboraci¨®n de balanzas de acuerdo con el sistema llamado de "carga-beneficio" y no de "flujos monetarios", utilizado m¨¢s frecuentemente en estudios encargados por partidos nacionalistas. Por lo menos ¨¦se fue el sistema utilizado en el trabajo que encarg¨® el a?o pasado el Instituto de Estudios Fiscales (dependiente del ministerio) a dos especialistas en la cuesti¨®n: Ezequiel Uriel, catedr¨¢tico del departamento de An¨¢lisis Econ¨®mico de la Universidad de Valencia, y Ram¨®n Barber¨¢n, profesor del departamento de Estructura e Historia Econ¨®mica de la Universidad de Zaragoza.

Los dos profesores se esforzaron en dejar claro que el gasto p¨²blico no tiene finalidad territorial, sino que "se dirige directamente a la cobertura de necesidades individuales y se atiene al principio de igualdad de trato de todos los ciudadanos". "A su vez", explicaba Barber¨¢n, "los ingresos necesarios para financiar el gasto p¨²blico se recaudan atendiendo a criterios que ponderan las condiciones personales de los sujetos pasivos, sin atenci¨®n alguna a su territorio de residencia". Aun as¨ª, nadie niega que "los ingresos y gastos p¨²blicos dan lugar a importantes efectos redistributivos interterritoriales". Finalmente, el estudio llegaba a la conclusi¨®n esperada por todo el mundo: en Espa?a hay siete comunidades "contribuyentes netas": Madrid, Catalu?a, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja y Arag¨®n. El resto son "beneficiarias netas".

Para la mayor parte de los territorios auton¨®micos, esos desajustes son moderados "en la medida en que siguen manteniendo el mismo orden en relaci¨®n al PIB antes que despu¨¦s de aportar recursos al Estado". Madrid, que es la primera en aportar ingresos, es la primera en cuanto al PIB de su comunidad. No sucede as¨ª en el caso de Catalu?a, que es la tercera en aportaci¨®n de recursos, pero la quinta en cuanto a su PIB. ?ste fue uno de los datos esgrimidos por los negociadores del nuevo Estatut para reclamar, y conseguir, la famosa disposici¨®n adicional tercera: "La inversi¨®n del Estado en Catalu?a en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial, se equiparar¨¢ a la participaci¨®n relativa del producto interior bruto de Catalu?a con relaci¨®n al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete a?os". Pero seg¨²n Uriel y Barber¨¢n, ese desfase es todav¨ªa mayor en el caso de la Comunidad Valenciana, que es la cuarta contribuyente neta y la octava en relaci¨®n con su PIB. El sudoku se complica.

(Por supuesto, el Pa¨ªs Vasco y Navarra se mantienen absolutamente al margen de este debate. Las dos comunidades disfrutan de un sistema de financiaci¨®n exclusivo, pr¨¢cticamente confederal, y no tienen la menor intenci¨®n de hacer ruido o de llamar la atenci¨®n al respecto). -