El Constitucional frena la primera ley que rescataba el derecho foral

El Tribunal Constitucional admiti¨® ayer a tr¨¢mite el recurso formulado por el Gobierno central contra la ley de R¨¦gimen Econ¨®mico Matrimonial que impuls¨® el Consell para reivindicar la vertiente identitaria de la Comunidad Valenciana y como primer desarrollo normativo del derecho foral valenciano contemplado en el nuevo Estatuto de Autonom¨ªa. La admisi¨®n a tr¨¢mite del recurso del Ejecutivo implica la suspensi¨®n de norma. El Tribunal Constitucional dispone de un plazo de cinco meses para analizar el recurso y ratificar o, en su caso, levantar la suspensi¨®n de la ley.

La ley de R¨¦gimen Econ¨®mico Matrimonial, publicada el 20 de marzo de 2007, fue presentada por el Consell como "el primer paso en la recuperaci¨®n del Derecho foral valenciano, con el objetivo y la intenci¨®n de poder desarrollar en el futuro un C¨®digo de Derecho foral valenciano".

La exposici¨®n de motivos de la propia ley asume desde su arranque las dificultades que entra?a encajar una norma de corte medieval en el ordenamiento jur¨ªdico vigente. Entre otras cosas, la ley foral relativa al matrimonio asum¨ªa la primac¨ªa del var¨®n sobre la mujer. La ley aprobada en las Cortes con los votos favorables del PP y Esquerra Unida regula el r¨¦gimen econ¨®mico de los matrimonios valencianos y determina que, salvo expreso acuerdo de los c¨®nyuges, dicho r¨¦gimen ser¨¢ el de separaci¨®n de bienes y no el de gananciales.

El Gobierno considera que esa regulaci¨®n de las relaciones econ¨®micas en el seno del matrimonio invade competencias sobre el derecho civil que la Constituci¨®n atribuye al Estado.

La Constituci¨®n, por otra parte, reconoce el derecho foral acu?ado en Catalu?a y Navarra, pero no menciona ning¨²n derecho foral valenciano. La Generalitat se ampara en el desarrollo del Estatuto de Autonom¨ªa, que tiene rango de ley org¨¢nica. Pero el Gobierno considera que, al regular el r¨¦gimen econ¨®mico matrimonial, la Generalitat Valenciana introduce una modificaci¨®n constitucional ampar¨¢ndose en una norma de rango menor. El problema no reside en la competencia de la Generalitat sobre el derecho foral, sino en c¨®mo la ejerce.Seraf¨ªn Castellano, consejero de Gobernaci¨®n, coment¨® precisamente ayer en las Cortes Valencianas que ten¨ªa intenci¨®n de solicitar a Elena Salgado, nueva ministra de Administraciones P¨²blicas, que retirara el recurso del Gobierno contra la norma de r¨¦gimen econ¨®mico matrimonial. Castellano apunt¨®, en declaraciones recogidas por Efe, que el recurso ante el Constitucional constitu¨ªa "un agravio m¨¢s del Gobierno socialista hacia la Comunidad Valenciana".

Pero el Gobierno esgrime que las instituciones reguladas en materia de r¨¦gimen econ¨®mico matrimonial carecen de antecedentes en la legislaci¨®n civil valenciana y sostiene que cualquier desarrollo legislativo en la materia debe ajustarse a lo que establece la Constituci¨®n de 1978.

El Gobierno tambi¨¦n cuestiona algunos apartados relacionados con la carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales; con la german¨ªa, una figura foral que implica que los c¨®nyuges pueden pactar que determinados bienes s¨ª sean gananciales; o con las reglas para la compensaci¨®n del trabajo dom¨¦stico y otros del mismo corte.

La Generalitat invoca su competencia para recuperar los fueros, que fueron abolidos en 1707. Pero el Gobierno recuerda que el propio Estatuto de Autonom¨ªa establece que el desarrollo del derecho foral debe ejercerse necesariamente "al amparo de la Constituci¨®n Espa?ola"

El Gobierno central invoca el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n que establece que el ejercicio de la competencia auton¨®mica requiere que el derecho que vaya a ser objeto de conservaci¨®n, desarrollo y modificaci¨®n tenga una necesaria vigencia, sin que pueda ampliarse ilimitadamente a cualquier materia objeto de una regulaci¨®n pret¨¦rita. Catalu?a o Mallorca, por ejemplo, nunca dejaron de mantener en vigor su propio c¨®digo civil.

El Consejo de Ministros acord¨® recurrir la norma al Tribunal Constitucional casi un a?o despu¨¦s de que se publicara la ley y formul¨® el recurso en cuesti¨®n el pasado 20 de marzo.

Antes de presentar el recurso, el Gobierno plante¨® la revisi¨®n de 11 art¨ªculos del texto legal en el ¨¢mbito de la Comisi¨®n Bilateral de Cooperaci¨®n entre la Administraci¨®n General del Estado y la Generalitat Valenciana. Pero las conversaciones que se iniciaron el pasado mes de junio no lograron evitar que el Ejecutivo acudiera finalmente al Alto Tribunal.