Brasil pone puertas a la Amazonia

El Gobierno de Brasil tiene previsto a corto plazo enviar al Congreso una ley que restringe el acceso a los visitantes de la Amazonia. De aprobarse la ley, lo que es bastante probable dado que la impulsan de forma conjunta los ministerios de Justicia y Defensa y la apoya el Ej¨¦rcito, todos los trabajadores de ONG, los grupos de turistas o cualquier otro tipo de visita al pulm¨®n del planeta requerir¨¢ un permiso oficial. Para quien acceda sin autorizaci¨®n se prev¨¦n multas de hasta 40.000 euros.

Las primeras informaciones oficiales de esta iniciativa se conocieron el martes a trav¨¦s del ministro de Justicia, Tarso Genro, un hombre muy cercano al presidente Luiz In¨¢cio Lula da Silva y figura clave del Partido de los Trabajadores (PT). Genro declar¨® al diario Estado de S?o Paulo que muchas ONG extranjeras son una tapadera de grupos que se apropian de la riqueza biol¨®gica para investigar y patentar nuevas medicinas y que ejercen una da?ina influencia sobre las comunidades ind¨ªgenas.

El viernes, el secretario de Justicia, Romeu Tuma, confirm¨® a la agencia Associated Press la puesta en marcha de la ley: "Queremos que el Amazonas sea nuestra (...) Queremos que el mundo visite la regi¨®n, pero queremos que nos informen cu¨¢ndo van a venir y qu¨¦ van a hacer". Tuma insisti¨® en que la raz¨®n principal de las restricciones es lo que llam¨® la bio-pirater¨ªa (la apropiaci¨®n de plantas medicinales o remedios y tratamientos ancestrales).

Brasil es, junto a India, el pa¨ªs que m¨¢s inter¨¦s tiene en que la Organizaci¨®n Mundial de Comercio (OMC) reconozca los derechos intelectuales sobre estas medicinas para protegerlas de la apropiaci¨®n de las farmac¨¦uticas for¨¢neas. "No queremos penalizar a las ONG o a los extranjeros, la mayor¨ªa hace un buen trabajo. S¨®lo queremos separar la paja del trigo", explic¨® Tuma.

Una fuente de Itamaraty, el Ministerio de Exteriores brasile?o, coment¨® recientemente que el Ej¨¦rcito brasile?o estaba preocupado por la presencia descontrolada de extranjeros en la Amazonia, un ¨¢rea que limita con Venezuela, Colombia, Ecuador, Per¨² y Bolivia y que es muy dif¨ªcil de mantener bajo control. Los militares incluso han tenido roces con el presidente Lula por la concesi¨®n a los ind¨ªgenas de un territorio del tama?o de Asturias y Cantabria juntas en la frontera venezolana. All¨ª, en la reserva de Raposa Serra do Sol (Estado de Roraima), hay blancos armados y comunidades ind¨ªgenas enfrentadas entre s¨ª. Las autoridades sospechan que algunos extranjeros est¨¢n soliviantando a una parte de los 18.000 ind¨ªgenas de la reserva y temen un enfrentamiento.

La ley que prev¨¦ sacar adelante el Gobierno restringir¨ªa la entrada de extranjeros en un ¨¢rea de entre cinco y siete millones de kil¨®metros cuadrados que incluyen a ciudades tan tur¨ªsticas como Manaos. La norma, en realidad, es una extensi¨®n de una en vigor que exige un permiso a los no ind¨ªgenas para entrar a un territorio indio. Lo que el Gobierno de Lula pretende hacer ahora se intent¨® de forma parecida en los a?os setenta, durante la dictadura militar brasile?a, pero fue imposible aplicar los controles. No obstante, el actual Ejecutivo conf¨ªa en que los avances tecnol¨®gicos en sistemas de vigilancia har¨¢n posible la tarea.

Una de las ONG m¨¢s afectadas por la nueva norma ser¨¢ sin duda Greenpeace, muy activa en la Amazonia contra la actividad de los madereros y los agricultores. Los pocos expertos que han comentado la nueva legislaci¨®n en los medios brasile?os creen que ser¨¢ perjudicial para la investigaci¨®n m¨¦dica y tambi¨¦n para la protecci¨®n de la selva de la deforestaci¨®n.

Desde el Gobierno brasile?o, sin embargo, se insiste en que en los ¨²ltimos tres a?os la deforestaci¨®n se ha reducido significativamente y que su lucha contra la tala ilegal es sin cuartel. En febrero pasado, la polic¨ªa brasile?a realiz¨® la mayor operaci¨®n contra los aserraderos clandestinos cerca de la localidad de Tailandia en el Estado de Par¨¢. Participaron 140 agentes y confiscaron 10.000 metros c¨²bicos de madera. Sin embargo, durante los cinco meses anteriores a esta operaci¨®n policial, la superficie de tala ilegal hab¨ªa alcanzado la alarmante cifra de 3.235 kil¨®metros cuadrados.