Costumbre valenciana
La iniciativa de Camps sobre inmigraci¨®n no busca efectos legales, pero s¨ª pol¨ªticos
La Generalitat de Valencia no pod¨ªa escoger peor momento para anunciar una extravagante iniciativa sobre inmigraci¨®n para la que, adem¨¢s, carece de competencias. Justo cuando el paro empieza a extenderse entre los trabajadores extranjeros, el Gobierno de Camps ha anunciado una ley auton¨®mica que les obligue a firmar un "compromiso de integraci¨®n", inspirado en una de las propuestas del Partido Popular durante la ¨²ltima campa?a electoral. Parece un desprop¨®sito que, ante los signos de crisis econ¨®mica, la Generalitat muestre una s¨²bita preocupaci¨®n por el respeto de los valores y las costumbres, y no por el crecimiento del desempleo y sus previsibles consecuencias sociales.
A diferencia del documento equivalente anunciado por Rajoy, el que ahora propone el Gobierno valenciano no se denomina contrato, acentuando, as¨ª, su car¨¢cter de extempor¨¢neo brindis al sol. La vaguedad de la iniciativa, adem¨¢s de su manifiesta inutilidad -reconocida por los propios promotores-, hace suponer que la Generalitat s¨®lo ha pretendido un golpe de efecto. Pero lo que no est¨¢ claro es a qui¨¦n va dirigido.
Es dif¨ªcil imaginar que Camps y su Ejecutivo ignorasen la interpretaci¨®n que tendr¨ªa este "compromiso de integraci¨®n" en un partido que, como el PP, atraviesa un periodo de dificultades internas. Pese a que el presidente de la Generalitat ha comprometido su apoyo a Rajoy en el congreso de junio, que se celebrar¨¢ precisamente en Valencia, su nombre se baraja como una posible alternativa para sucederle en el liderazgo. Desde esta perspectiva, el "compromiso de integraci¨®n" ha podido servir como reclamo para mantener a Camps bajo los focos, sin que, por otra parte, aparezca desafiando a Rajoy, seg¨²n ha hecho Esperanza Aguirre, otra candidata en potencia. Camps cubre todos los flancos: reclama protagonismo, pero al mismo tiempo aparenta desarrollar el programa con el que el actual l¨ªder del PP concurri¨® a las elecciones.
La iniciativa de la Generalitat suscita las mismas dudas sobre su compatibilidad con el Estado de derecho que la propuesta de Rajoy durante la campa?a electoral. No es necesario ning¨²n compromiso escrito para que los extranjeros est¨¦n obligados a cumplir la ley. Y las costumbres, por su parte, no son exigibles a nadie, se trate de nacionales o de extranjeros. La comunidad que dirige Camps se ha convertido durante la ¨²ltima legislatura en una reserva del PP frente a algunas leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados, como la referente a la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, entre otras. El Estado de las autonom¨ªas no ampara esta estrategia, que lleva camino de convertirse, en efecto, en una costumbre valenciana.
En el caso de la inmigraci¨®n es exigible, adem¨¢s, que las comunidades y el Gobierno central no se lancen por la v¨ªa de las aventuras imaginativas y, menos a¨²n, por la de los fuegos artificiales.
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