Salvemos el IRPF

Los territorios de la comunidad aut¨®noma gestionan el IRPF desde hace m¨¢s de 25 a?os y tienen autonom¨ªa normativa plena desde hace casi 10 a?os. En el ¨¢mbito de la gesti¨®n han logrado mejoras sustantivas en comparaci¨®n con el Estado, pero queda un amplio camino por recorrer, especialmente en la lucha contra el fraude. En lo normativo, las diputaciones han optado por replicar lo que ha hecho el Estado, a?adiendo algunas modificaciones no sustanciales. As¨ª, s¨®lo han reformado el IRPF cuando lo ha hecho el Gobierno central y la estructura general de la reforma ha sido siempre la misma que la del Estado. Sobre ella han introducido modificaciones de peque?o calado que han supuesto un impuesto algo m¨¢s bajo y con una progresividad algo mayor. Pero en el camino han configurado, como el Estado, un impuesto poco equitativo y con una importancia recaudatoria decreciente.

La reducci¨®n fiscal s¨®lo supondr¨ªa un recorte del gasto sin efecto expansivo

Los datos b¨¢sicos del impuesto son simples. El IRPF recauda algo m¨¢s del 6% de la renta generada en la CAPV. Esto es un 20% menos de lo que se recaudaba hace una d¨¦cada. Por otro lado, a pesar de que la comunidad aut¨®noma es un 30% m¨¢s rica (en renta per c¨¢pita) que el promedio de Espa?a, el IRPF recauda (en porcentaje de la renta) un 5% menos que en el Estado. En un contexto internacional, el IRPF de la CAPV tampoco puede considerarse elevado. As¨ª, la presi¨®n fiscal promedio por el IRPF en la UE es casi 50% m¨¢s alta y varios pa¨ªses (como B¨¦lgica, Dinamarca o Finlandia) duplican la de la CAPV.

Dadas estas cifras, no parece haber razones de exceso de imposici¨®n que justifiquen una reducci¨®n fiscal similar a la de los 400 euros que ha realizado el Gobierno central. De hecho, en el Estado la reducci¨®n surgi¨® sin objetivo definido (m¨¢s all¨¢ de un aparente electoralismo) y posteriormente, ante la constataci¨®n del estancamiento econ¨®mico, se ha transmutado en una medida de est¨ªmulo econ¨®mico. Pero hay que ser muy simple para creer que ante un estancamiento siempre hay que reducir los impuestos. Esto s¨®lo ser¨¢ conveniente si, entre otras cosas, la causa de la ralentizaci¨®n es una insuficiencia de demanda agregada y no hay inflaci¨®n, e incluso en este caso, la reducci¨®n fiscal s¨®lo estimular¨¢ la econom¨ªa si no se acompa?a de una reducci¨®n del gasto p¨²blico. M¨¢s a¨²n, es bien sabido que las reducciones fiscales de un Gobierno subcentral tendr¨¢n efectos muy limitados en su territorio (porque la mayor parte de las demandas se dirigir¨¢ a empresas de otras regiones). Por tanto, la reducci¨®n fiscal en la CAPV s¨®lo supondr¨ªa un recorte del gasto p¨²blico, o un aumento del endeudamiento, sin ning¨²n efecto expansivo sobre la econom¨ªa. No obstante esto, quien, por sus intereses privados, est¨¦ a favor de una reducci¨®n del tama?o del sector p¨²blico o quien piense que en la CAPV haya que pagar siempre menos impuestos que en Estado, puede defender un recorte del IRPF. El IRPF es esencial en el logro de la justicia tributaria. Sin embargo, tal y como est¨¢ dise?ado actualmente, es un impuesto esencialmente injusto. La quiebra de equidad m¨¢s importante se debe al fraude. ?ste se concentra en algunos tipos de rentas (las no salariales) y en algunos contribuyentes (aut¨®nomos, empresarios y profesionales) de rentas medias y altas. El fraude socava la propia justificaci¨®n del IRPF (la equidad), frustra al contribuyente que no defrauda y hace recaer sobre ¨¦l una presi¨®n fiscal excesiva, ya que paga parte de los impuestos que se ahorran los defraudadores.

A la inequidad del fraude se a?ade un dise?o del impuesto m¨¢s que cuestionable desde el punto de vista de la justicia. El problema principal es la llamada dualidad. Desde 2007 se gravan de forma separada, por un lado, las rentas del capital, y, por otro, las dem¨¢s rentas. Adem¨¢s, las del capital se gravan al 18%, un tipo muy inferior incluso al m¨ªnimo aplicable a las dem¨¢s rentas (que se gravan, como m¨ªnimo, al 23% y pueden llegar a pagar hasta el 45%).

La dualizaci¨®n se justific¨® por razones de eficiencia, por la globalizaci¨®n y por las tendencias internacionales dominantes en fiscalidad.La realidad es que las ganancias de eficiencia son m¨¢s que dudosas (si no plenamente ilusorias), la globalizaci¨®n no impide gravar el capital, aunque sea m¨¢s complicado, y la dualizaci¨®n es la excepci¨®n, m¨¢s que la norma, en el ¨¢mbito internacional. Frente a estas supuestas ganancias, el coste en equidad de la dualizaci¨®n es evidente. Las rentas del capital soportan una tributaci¨®n sensiblemente m¨¢s baja que las del trabajo, lo que favorece a las rentas elevadas, porque son quienes obtienen m¨¢s parte de su renta del capital.

La dualizaci¨®n es el elemento estructural m¨¢s inequitativo del impuesto, pero no el ¨²nico. Otros ejemplos son el tratamiento de la familia (con deducciones insuficientes), el sistema de m¨®dulos (permite a muchos seguir pagando legalmente menos de lo que debieran por su nivel real de renta), los incentivos a los planes de pensiones (caros, aprovechados esencialmente por las rentas altas y absurdos cuando la pensi¨®n p¨²blica equivale al 95% del ¨²ltimo salario), la bonificaci¨®n de algunas rentas (algunos alquileres, por ejemplo), la exenci¨®n de otras (plusval¨ªa en la vivienda propia si se reinvierte), la no deducci¨®n de algunos gastos necesarios (por ejemplo, los que realizan los asalariados) y muchas de las deducciones de la cuota (fomento de la actividad econ¨®mica o donativos).

El repunte de la inflaci¨®n, ha vuelto a poner de manifiesto que el IRPF no trata adecuadamente este fen¨®meno. Cuando hay inflaci¨®n la progresividad del IRPF hace que, aunque el contribuyente no sea m¨¢s rico (su renta real no cambia) y la escala de tipos impositivos no se modifi-que, el tipo medio al que est¨¢ gravada su renta aumente. Esto es una forma encubierta de aumentar los impuestos y cualquier Administraci¨®n que sea justa con sus contribuyentes debe evitar estos aumentos.

La forma es que el IRPF tenga un mecanismo autom¨¢tico de deflactaci¨®n (una correcci¨®n que abra los tramos de base liquidable y actualice las deducciones seg¨²n la inflaci¨®n). Esta deflactaci¨®n deber¨ªa hacerse inicialmente seg¨²n la inflaci¨®n prevista y, posteriormente, corregirse en el momento de hacer la declaraci¨®n por la desviaci¨®n entre la inflaci¨®n prevista y la efectivamente producida.

El resultado de todo lo anterior es que, a pesar de los avances logrados, el IRPF sigue siendo un impuesto que, por la evasi¨®n y la elusi¨®n fiscal, recae esencialmente sobre las rentas del trabajo y del que, por tanto, escapan las rentas m¨¢s altas.

Esto hace que la redistribuci¨®n que realiza el IRPF sea de las clases medias (o media altas) a las bajas y no de las altas a las bajas. La inequidad se ve acentuada porque, como este impuesto se utiliza como indicador de recursos para muchas prestaciones p¨²blicas, quienes escapan del impuesto o pagan de menos de lo que corresponder¨ªa (a veces, como quienes est¨¢n en m¨®dulos, incluso legalmente) reciben m¨¢s prestaciones p¨²blicas.

Adem¨¢s, entre los que declaran, el impuesto crea inequidades horizontales. Esto es, hace que contribuyentes con la misma capacidad de pago acaben pagando impuestos radicalmente distintos debido a c¨®mo est¨¢ dise?ado el IRPF (dualidad, m¨®dulos, bonificaciones, deducciones, etc¨¦tera).

En este contexto, no es extra?o que la valoraci¨®n social del impuesto no sea muy elevada y que nadie lamente demasiado que se reduzca. Incluso puede haber gestores tributarios que para recaudar prefieran recurrir a otras figuras impositivas con menos rechazo por parte de los contribuyentes.

Sin embargo, reducir el papel y el peso del IRPF en el sistema fiscal, es un error. De entrada, conlleva renunciar a la equidad en ¨¦l. Adem¨¢s, implica sustituir un impuesto altamente visible para el contribuyente por otros (como los indirectos) que lo son menos. Esto introducir¨¢ incentivos para expansiones ineficientes del gasto, porque se podr¨¢ gastar m¨¢s sin que el contribuyente pida demasiadas explicaciones.

Quiz¨¢ por estas razones (equidad y visibilidad) en muchos pa¨ªses, incluidos los EE UU, el IRPF sigue siendo el impuesto central del sistema fiscal. La comunidad aut¨®noma deber¨ªa seguir esta l¨ªnea y reforzar el papel del IRPF realizando las reformas necesarias. Y entre ellas hay dos que son prioritarias: reforzar la lucha contra el fraude y volver a gravar de forma conjunta los rendimientos del capital y del trabajo.

Ignacio Zubiri es catedr¨¢tico de Hacienda de la Universidad del Pa¨ªs Vasco.