Derrapa la reforma penal de tr¨¢fico

El 2 de diciembre entr¨® en vigor, tras su aprobaci¨®n urgente en el Congreso, la reforma del C¨®digo Penal para castigar las infracciones m¨¢s graves relacionadas con la seguridad vial. La filosof¨ªa no era "todos a la c¨¢rcel"; por eso se estableci¨® que las personas con condenas de menos de dos a?os y sin antecedentes, la inmensa mayor¨ªa, conmutaran la pena de prisi¨®n por trabajos en beneficio de la comunidad, una multa y la retirada del carn¨¦. La prisi¨®n queda reservada para los casos m¨¢s graves o para los reincidentes.

Las penas de menos de 30 jornadas que no se ejecutan prescriben al a?o

Prisiones tiene un d¨¦ficit de casi 3.000 plazas para realizar los trabajos sociales

Juzgado por conducir ebrio el alcalde de la localidad cacere?a de Trujillo

Jueces y fiscales critican que se haya hecho una reforma sin prever lo b¨¢sico

El sistema funciona as¨ª: un conductor detenido por alcoholemia, velocidad o circular sin tener carn¨¦ pasa a disposici¨®n judicial; normalmente a las pocas horas del arresto. En la mayor¨ªa de los casos todo se ventila con un acuerdo de conformidad en un juicio r¨¢pido. El acusado, que en ese momento pasa a tener antecedentes penales, acepta la condena; y el fiscal, a cambio, le rebaja en un tercio su petici¨®n de pena.

Lo normal es que ¨¦sta consista en una multa que ronda los 1.500 euros, la retirada del carn¨¦ entre ocho meses y un a?o, y entre 20 y 30 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. En un plazo aproximado de un mes se liquida la deuda y queda confiscado el carn¨¦. ?Y los trabajos sociales? Salvo en Catalu?a, donde este tipo de condena se generaliz¨® a partir de 2004, el resto de Espa?a soporta un aut¨¦ntico colapso. "Ya estaba mal antes de la reforma", asegura un juez, "imag¨ªnate ahora...". La mayor¨ªa de las condenas dictadas desde diciembre est¨¢ a¨²n sin ejecutar. No existen suficientes plazas para atender la demanda, y las que hay est¨¢n enfocadas a trabajos que poco tienen que ver con la naturaleza del delito: trabajos administrativos, de limpieza, de mantenimiento...

Desde diciembre, han pasado a disposici¨®n judicial casi 8.000 personas por delitos relacionados con la seguridad vial. Aproximadamente el 80% tendr¨¢ que cumplir una condena de trabajos sociales.

La Secretar¨ªa General de Instituciones Penitenciarias intenta ahora firmar convenios con ayuntamientos, comunidades aut¨®nomas y entidades p¨²blicas y privadas para aumentar la oferta destinada a penas alternativas. Actualmente cuenta con 6.000 plazas que deben distribuir entre penados por delitos leves de violencia de g¨¦nero, tr¨¢fico y asuntos menores. A d¨ªa de hoy, Prisiones tiene sobre la mesa 8.907 sentencias, 2.800 de ellas por causas relacionadas con la seguridad vial, por lo que arrastra un d¨¦ficit de casi 3.000 plazas. Precisamente ayer, el fiscal pidi¨® para el alcalde de Trujillo (C¨¢ceres), Jos¨¦ Antonio Redondo, multa de 3.600 euros, la retirada del carn¨¦ durante dos a?os y 60 d¨ªas de trabajos sociales por desobediencia a la autoridad y conducir ebrio.

Jueces y fiscales de Valencia, Andaluc¨ªa y Galicia hab¨ªan dado hace tiempo la voz de alarma sobre el cuello de botella que impide el cumplimiento de las condenas que obligan a trabajos en beneficio de la comunidad. La opini¨®n generalizada en el ¨¢mbito judicial es que se ha llevado a cabo una reforma penal sin garantizar antes recursos para su cumplimiento. Las penas alternativas a la c¨¢rcel han sido una de las principales apuestas de la Fiscal¨ªa de Seguridad Vial, dirigida por Bartolom¨¦ Vargas, pero ese empe?o ha quedado empa?ado porque el sistema no puede dar respuesta a toda la demanda.

Fuentes de la Administraci¨®n de Justicia se?alan que en las grandes capitales hace ya tiempo que no existe ni una plaza disponible. Por ejemplo, los juzgados de la capital han enviado a Prisiones unas 800 sentencias de trabajos en beneficio de la comunidad y se han ejecutado s¨®lo 174 (43, relacionadas con la seguridad vial).

Un juez, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que aunque existe un problema de saturaci¨®n en los juzgados, hay un "dato cierto: la administraci¨®n penitenciaria no est¨¢ siendo capaz de absorber lo poco que le llega. Si no hay m¨¢s personas cumpliendo las penas alternativas es porque no hay plazas". Existe adem¨¢s un malestar generalizado en la judicatura por el hecho de que "todo se intente solucionar tirando de derecho penal, una opci¨®n muy barata", pero que agrava la dif¨ªcil situaci¨®n de la justicia.

La entrada en vigor del ¨²ltimo punto de la reforma penal, que persigue a quienes no est¨¦n autorizados para conducir, empeorar¨¢ a¨²n m¨¢s las cosas. En s¨®lo cuatro d¨ªas de aplicaci¨®n ya son m¨¢s de 250 los conductores que han pasado por los juzgados. Se calcula que en Espa?a 60.000 personas circulan con el carn¨¦ retirado o sin haber pasado nunca por la autoescuela. S¨®lo en 2007, 25.000 personas fueron pilladas sin permiso. El incremento de las causas por delitos de tr¨¢fico amenaza desde hace tiempo el ya renqueante funcionamiento de los juzgados. S¨®lo en los dos primeros meses del a?o, se dictaron en la Comunidad de Madrid 440 sentencias que obligaban a trabajos sociales, tantas como en todo 2006.

La demora desde que se dicta una sentencia hasta que se cumple la pena tambi¨¦n resta eficacia a esta medida penal, sin embargo, m¨¢s preocupante es la prescripci¨®n. Los trabajos en beneficio de la comunidad de menos de 30 jornadas -los m¨¢s habituales- prescriben al a?o; y en diciembre, si nada cambia, miles de condenas quedar¨¢n sin efecto. En Madrid, conductores condenados hace cinco meses a¨²n no tienen asignado un destino, y en varias comunidades los fiscales y los jueces han dejado de pedir estas penas por falta de plazas. Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez, titular del Juzgado Penal 21 de Barcelona, asegura que "las causas por asuntos de tr¨¢fico han llegado como un tsunami" y que los juicios r¨¢pidos impiden que se puedan detectar problemas graves de adicciones. "Yo lo veo aqu¨ª, llegan oliendo a alcohol, les ves y dices: 'Dios m¨ªo es un peligro, ¨¦ste est¨¢ todos los d¨ªas borracho'. Y para esas personas no sirven los trabajos, hay que desintoxicarlas".

Rodr¨ªguez se?ala que en Barcelona, en 2007, se incoaron 9.000 expedientes por circular sin carn¨¦. "Con que la mitad, ahora, sean causa penal esto se hunde. Entre los jueces hay preocupaci¨®n, y eso que aqu¨ª, en Catalu?a, el sistema funciona bien", se?ala. La Generalitat ha reforzado un 20% las plazas para este a?o, porque su "l¨ªnea roja", explica Marc Cer¨®n, subdirector de Medio Abierto, es un 35% de penados en lista de espera.

Al realizarse la reforma de forma urgente, el Gobierno no contempl¨® una partida econ¨®mica para reforzar los servicios sociales penitenciarios. No hay suficiente presupuesto para poner en marcha un sistema que absorba tal aumento de condenados. Seg¨²n Cer¨®n, ser¨ªa necesaria una ley para regular este tipo de penas.