Juzgado por prevaricaci¨®n el alcalde de Guadarrama

El alcalde de Guadarrama y diputado regional (PP), Jos¨¦ Ignacio Fern¨¢ndez Rubio, el concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente Miguel Rodr¨ªguez Bonilla y otros tres concejales populares han sido acusados por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Collado Villalba de un delito de prevaricaci¨®n -tomar una decisi¨®n a sabiendas de que es injusta- con consecuencias contra el medio ambiente.

Los tres concedieron una licencia provisional de explotaci¨®n para instalar un restaurante, El Molino del Rey, en suelo protegido con el ¨²nico aval de un informe elaborado por un ingeniero industrial, en el que se obviaban las consecuencias ambientales y la calificaci¨®n de los terrenos, no urbanizables y especialmente protegidos. Adem¨¢s, el concejal de Urbanismo es administrador de la empresa propietaria del restaurante, y el alcalde fue abogado y asesor de la misma.

Fern¨¢ndez Rubio, que gobierna el municipio casi ininterrumpidamente desde 1995, asegura que se ha inhibido de todas las decisiones que se han tomado respecto al restaurante. Pero ha estado al frente de la comisi¨®n municipal que trat¨® el tema, seg¨²n un escrito del fiscal.

"En octubre pasado la Comunidad autoriz¨® la recalificaci¨®n de los terrenos", explica el regidor, que tambi¨¦n es portavoz de la Comisi¨®n de Medio Ambiente y Ordenaci¨®n del Territorio en la Asamblea de Madrid. "Espero que la decisi¨®n de la Comunidad ayude a cerrar el caso", concluye. Pero el supuesto delito que se juzga es anterior a la recalificaci¨®n de los terrenos.

Los problemas comenzaron en 2000, cuando la empresa Golden Hipotecaria, de la que es administrador el edil de Urbanismo, adquiri¨® unos 3.000 metros cuadrados junto al r¨ªo Guadarrama con la intenci¨®n de restaurar un antiguo molino de piedra para instalar un restaurante. Para ello solicitaron un permiso al Ayuntamiento. Desde entonces el asador El Molino del Rey lleva funcionando con una licencia provisional, a pesar de encontrarse en un espacio clasificado como monte preservado y suelo no urbanizable protegido. "Muchos otros propietarios intentaron rehabilitar el molino, pero el Ayuntamiento siempre deneg¨® cualquier licencia", cuenta el due?o de los terrenos colindantes, que llev¨® el caso a los tribunales.

Durante ocho a?os la Consejer¨ªa de Medio Ambiente rechaz¨® la recalificaci¨®n de los terrenos junto al r¨ªo Guadarrama.En febrero de 2003, el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid reclam¨® al Ayuntamiento que clausurara el restaurante El Molino del Rey. Pero el local nunca fue cerrado. Los propietarios realizaron obras y levantaron una valla de piedra en torno al molino, e instalaron un merendero y un aparcamiento para un centenar de coches, sin traba por parte del Consistorio. De esta forma, convirtieron un antiguo molino del siglo XVIII, que era uno de los mayores proveedores de harina de la Panera Real, en un restaurante para 120 comensales.

El propietario de la finca colindante, Jos¨¦ Rodr¨ªguez Rubio, llev¨® el caso a los tribunales porque los propietarios del molino se hab¨ªan apropiado de una parte de sus terrenos. Rodr¨ªguez Rubio inici¨® dos procedimientos: uno civil, para conseguir que le devolvieran la parte de suelo que reclamaba, y otro penal, por presunta prevaricaci¨®n.

El juez que instruye el caso, Juan Jos¨¦ Escalonilla, consider¨® el 18 de septiembre de 2006 que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricaci¨®n y dio traslado al ministerio fiscal, que se interes¨® en el caso y acus¨® al alcalde, al concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente, y a los otros tres ediles populares que concedieron en 2000 la autorizaci¨®n al local: Jos¨¦ Antonio Garrido, Remedios Panizo y Jos¨¦ Ignacio G¨®mez.

Se confirma el delito

Con el caso en los tribunales, el alcalde intent¨® regularizar la situaci¨®n. Aunque la decisi¨®n que constituye el supuesto delito ya estaba tomada. Por eso, Fern¨¢ndez Rubio explica que "el fiscal present¨® su escrito unos meses antes de que el local lograra el permiso de la Comunidad, pero ahora el problema est¨¢ solucionado con la calificaci¨®n urban¨ªstica de Medio Ambiente". En marzo de 2008, el juez del caso, ante un escrito presentado por la acusaci¨®n, confirma el delito contra la ordenaci¨®n del territorio tipificado en el art¨ªculo 329.2 del C¨®digo Penal -se castigar¨¢ a la autoridad que hubiese resuelto a favor de una concesi¨®n a sabiendas de su injusticia- que ya hab¨ªa establecido.

El regidor explica que "la autorizaci¨®n libera a la empresa de realizar una declaraci¨®n de impacto ambiental". Medio Ambiente condiciona la autorizaci¨®n a la consideraci¨®n del restaurante como "un establecimiento rural". Adem¨¢s, el permiso regional traspasa al Ayuntamiento la obligaci¨®n de emitir un informe de evaluaci¨®n ambiental.