El pacto con el fiscal divide a los ex ediles del GIL
Los abogados intentan sustituir las penas de c¨¢rcel por multas
El pacto que negocian los abogados de los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) de Marbella con la Fiscal¨ªa de M¨¢laga para agilizar 70 causas judiciales abiertas por conceder licencias de obra ilegales dista bastante de estar cerrado, a pesar de que parec¨ªa haber acuerdo sobre sus t¨¦rminos generales.
Varios ex concejales, como Tom¨¢s Re?ones o Alberto Garc¨ªa Mu?oz -sobrino del ex alcalde Juli¨¢n Mu?oz- , se niegan en redondo a aceptar la condici¨®n irrenunciable del fiscal: que todos los ex ediles marbell¨ªes imputados por prevaricaci¨®n urban¨ªstica pasen entre un a?o y medio y tres a?os en prisi¨®n, seg¨²n los casos.
Este grupo considera que las condenas de c¨¢rcel pueden ser sustituidas por multas. Frente a los disidentes del pacto, los ex ediles que ya han conocido la prisi¨®n por causas urban¨ªsticas, como Juli¨¢n Mu?oz o Marisa Alcal¨¢, est¨¢n m¨¢s dispuestos a conformarse con la petici¨®n fiscal, lo que les evitar¨ªa pasarse los pr¨®ximos a?os yendo y viniendo a los juzgados.
El pr¨®ximo jueves, la Fiscal¨ªa mantendr¨¢ una reuni¨®n con los abogados de los ex ediles, entre 15 y 18 personas. Este encuentro, seg¨²n el letrado Jos¨¦ Antonio Chocl¨¢n, que representa a nueve ex concejales -algunos clientes suyos y otros cuyos abogados han delegado la representaci¨®n en este ex magistrado de la Audiencia Nacional- "no es definitivo".
El pacto lleva fragu¨¢ndose desde enero, pero es la primera vez que Chocl¨¢n se re¨²ne con el fiscal de Medio Ambiente, Juan Calvo-Rubio, que lleva las negociaciones bajo la supervisi¨®n de la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa y de la Fiscal¨ªa General del Estado. "Hay que concretar m¨¢s la propuesta. Un tema nuclear es el ingreso en prisi¨®n, al que, sin duda, hay que darle otra vuelta".
Chocl¨¢n rechaza la propuesta del fiscal de imponer penas m¨¢s severas a los ex ediles que participaron en m¨¢s comisiones de gobierno que aprobaron las licencias ilegales. Seg¨²n ¨¦l, "hay que fijarse sobre todo en la funci¨®n que cada concejal desempe?aba en las comisiones. No es igual ser concejal de Urbanismo que de Cultura aunque ambos votaran a favor de la licencia", razona.
Precisamente los ediles m¨¢s reacios al acuerdo son algunos de los que m¨¢s causas acarrean. Tom¨¢s Re?ones acumula 50 asuntos y Francisco Javier Lend¨ªnez, 49, seg¨²n un informe solicitado a los juzgados de M¨¢laga por el instructor del caso Malaya, Miguel ?ngel Torres, en 2007. Estos imputados fueron concejales de la corporaci¨®n 1999-2003, que aplic¨® el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de 1998, considerado ilegal por el TSJA y que nunca tuvo vigencia legal.
La defensa de estos ediles insiste en que se deber¨ªa buscar penas econ¨®micas. "La sustituci¨®n de la prisi¨®n por multa est¨¢ en la ley y no es algo que se pueda otorgar graciosamente. Adem¨¢s las sanciones econ¨®micas por estas causas mantendr¨¢n a muchas de estas personas embargadas casi de por vida, lo que no es ninguna broma", afirma Chocl¨¢n.
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