Mu?oz y cinco ex ediles del GIL evitan 70 juicios a cambio de c¨¢rcel

Los concejales que pusieron los cimientos del caos urban¨ªstico de Marbella (M¨¢laga) a la sombra del fallecido alcalde Jes¨²s Gil ven c¨®mo se aclara su futuro judicial. Seis ex ediles del equipo de gobierno municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) de 1995 a 1999, entre ellos el c¨¦lebre Juli¨¢n Mu?oz, han aceptado el pacto con la Fiscal¨ªa de M¨¢laga por el que cumplir¨¢n tres a?os de prisi¨®n a cambio de evitar cerca de 70 juicios por conceder licencias de obra ilegales.

Los concejales Mu?oz, Marisa Alcal¨¢, Dolores Zurdo, Rafael Gonz¨¢lez, Manuel Calle y Mario Jim¨¦nez formaban parte de la corporaci¨®n que el 6 de agosto de 1998 aprob¨®, en un pleno nocturno, el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) que daba luz verde a enormes aumentos de edificabilidad o la construcci¨®n de apartamentos en suelos reservados a colegios o centros sanitarios. Aunque el PGOU de 1998 nunca tuvo validez jur¨ªdica, el urbanismo gilista se rigi¨® por ¨¦l hasta la disoluci¨®n del Ayuntamiento en marzo de 2006 tras la Operaci¨®n Malaya. Incluso, numerosas licencias anteriores a 1998 se otorgaron sobre ese PGOU ilegal.

En virtud del pacto cerrado ayer entre la Fiscal¨ªa y las defensas de los concejales, el ministerio p¨²blico pedir¨¢ una pena m¨¢xima de un a?o de prisi¨®n y diez de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico en las 70 causas abiertas por prevaricaci¨®n urban¨ªstica, un delito castigado hasta con dos a?os de prisi¨®n. Al tratarse de delitos conexos, la ley establece que se cumplir¨¢ como m¨¢ximo el triple de la mayor de las penas impuestas, esto es tres a?os de c¨¢rcel. Adem¨¢s, las condenas no se podr¨¢n suspender ni sustituir por multa, lo que supone el ingreso efectivo en prisi¨®n de los concejales.

Este pacto se limita a los casos de prevaricaci¨®n urban¨ªstica y no afecta a otros delitos que hayan podido cometer los concejales, como prevaricaci¨®n y cohecho. De no llegar a un acuerdo, estas 70 causas urban¨ªsticas se tratar¨ªan en un juicio con vista oral y la Fiscal¨ªa podr¨ªa solicitar hasta dos a?os de prisi¨®n, con lo que aplicando la regla del triple de la pena m¨¢xima para los delitos conexos que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los ex concejales se arriesgar¨ªan a pasar seis a?os en prisi¨®n, al margen de la incertidumbre de acudir durante a?os a decenas de juicios.

Seg¨²n el letrado Ernesto Osuna, que calific¨® el acuerdo de "muy positivo" para todas las partes, en el c¨®mputo de las penas se deber¨¢ descontar el tiempo que los ediles ya han pasado en prisi¨®n por sentencias de prevaricaci¨®n urban¨ªstica. En el caso de Juli¨¢n Mu?oz, el ex regidor marbell¨ª lleva cumpliendo pena desde el 30 de septiembre de 2006, cuando el juez orden¨® la ejecuci¨®n de la sentencia de una a?o de c¨¢rcel por el caso Proinsa -la concesi¨®n de una licencia para construir 150 viviendas en zona verde-. Por lo tanto, los 19 meses que Mu?oz ha pasado en prisi¨®n como recluso penado -entr¨® en la c¨¢rcel como preventivo por el caso Malaya en julio de 2006- se considerar¨ªan ya liquidados. De este modo, dentro de cinco meses Mu?oz podr¨ªa salir en tercer grado al haber cumplido dos tercios de la condena. Osuna calcula que en septiembre se podr¨¢ "poner en pr¨¢ctica" el acuerdo.

En junio, el fiscal y los letrados negociar¨¢n la situaci¨®n de los ediles de la corporaci¨®n 1999-2003, que se niegan a aceptar el paso por la prisi¨®n, aunque en muchos casos, las penas ser¨ªan inferiores a doce meses. El fiscal, de momento, se mantiene firme en su posici¨®n de exigir que vayan a la c¨¢rcel. Entre estos ex concejales disidentes se encuentran Tom¨¢s Re?ones, Francisco Javier Lend¨ªnez o Alberto Garc¨ªa Mu?oz.