La escuela concertada quiere m¨¢s dinero

?Los colegios privados concertados deben recibir la misma financiaci¨®n de la Administraci¨®n que la red p¨²blica? ?Cu¨¢l debe ser la contraprestaci¨®n, dado que los colegios privados no dejan de ser empresas y con un ideario determinado? ?Deber¨ªan dejar de cobrar cuotas? La equiparaci¨®n financiera con la red p¨²blica es la aspiraci¨®n declarada de las patronales de los centros concertados, que han sacado a la luz este comprometido debate en el momento oportuno, justo cuando toca renovar los conciertos educativos, el instrumento por el que reciben la financiaci¨®n p¨²blica.

Su argumento es que la educaci¨®n es un ¨²nico servicio p¨²blico aunque se gestione en dos redes diferentes. Plantean que se aplique la m¨¢xima de "a igual servicio, igual dinero". Detr¨¢s de su reclamaci¨®n est¨¢ el gran peso que tiene en la escolarizaci¨®n del alumnado vasco. Se trata de un caso ¨²nico en Europa: la red privada cuenta con m¨¢s alumnos que la p¨²blica, un 51% frente a un 49%.

Mediante los conciertos, la Administraci¨®n asume gran parte del coste de la escuela privada, principalmente las n¨®minas de los docentes y el mantenimiento. En total, esos conciertos suponen unos 500 millones de euros al a?o, que vienen a sufragar alrededor del 70% del coste real del servicio correspondiente a la etapa de ense?anza obligatoria (6 a 16 a?os). La Ley Org¨¢nica del Derecho a la Educaci¨®n (LODE), aprobada en 1985, fij¨® que la educaci¨®n es un derecho de car¨¢cter universal, y para que la ciudadan¨ªa tenga acceso a ¨¦l estableci¨® dos redes en el conjunto de Espa?a: la p¨²blica y la privada-concertada, que tambi¨¦n se sostiene con fondos p¨²blicos a trav¨¦s de los conciertos educativos. ?stos se plantean para los tramos obligatorios y se renuevan cada cuatro a?os.

Con ocasi¨®n de su renovaci¨®n, este a?o, el Gobierno vasco hab¨ªa dado expectativas a la red concertada de alcanzar la equiparaci¨®n con la p¨²blica, aprovechando el compromiso de elaborar la ley del Sistema Educativo Vasco. La idea central del borrador que ha circulado es que los centros no se distingan tanto por su titularidad cuanto por el servicio que prestan, por lo que los colegios privados deber¨ªan actuar con filosof¨ªa de servicio p¨²blico. A cambio de asumir las mismas obligaciones que los centros p¨²blicos, a los concertados podr¨ªan acceder a un tratamiento en ratios (n¨²mero de profesores por alumnos), salarios y jornada del profesorado similar a la escuela p¨²blica. Con el a?adido de financiar la etapa de ense?anza que no es obligatoria (hasta los 6 a?os y de los 16 a los 18). Un gran aliciente.

Sin embargo, el proyecto se encuentra en una fase muy preliminar y el Departamento de Educaci¨®n embarcado en m¨²ltiples frentes, entre ellos la espinosa reforma de los modelos ling¨¹¨ªsticos. Ante las demandas de la concertada, la consejer¨ªa mantiene un prudente silencio y se limita a decir que, por ahora, no se trata de una ley prioritaria. Advierte, no obstante, que los centros concertados deber¨ªan cumplir en ese caso una serie de objetivos en pluriling¨¹ismo, cuotas de inmigrantes y alumnos discapacitados equiparables a los colegios p¨²blicos. A falta de ley, la patronal del sector solicita un plan cuatrienal que aporte al menos 125 millones m¨¢s al a?o a los conciertos, hasta redondear una cifra total de 625 millones. Para lograr sus objetivos, las patronales de la concertada (la Federaci¨®n de Colegios Religiosos-Kristau Eskola y la Federaci¨®n de Ikastolas-Partaide) han puesto sobre la mesa otro elemento de presi¨®n: el nuevo curr¨ªculo educativo (texto que marca lo que deben aprender los escolares de los 6 a los 16 a?os), aprobado a finales del a?o pasado en medio de la pol¨¦mica. Este curr¨ªculo, con el que se pretende dar una respuesta a todos los retos educativos, establece que el euskera ser¨¢ la lengua vehicular de la ense?anza, relegando al castellano a un papel secundario.

La consecuci¨®n de todos los retos que figuran en el curr¨ªculo (pactado en su momento con las patronales) "solamente puede alcanzarse con la disponibilidad de los medios adecuados y, entre otros, la financiaci¨®n tiene una relevancia especial", apuntan las patronales en el borrador que han trasladado al departamento para cerrar un acuerdo de financiaci¨®n. "Se dan las circunstancias", prosigue el documento, "que justifican plenamente un acuerdo social como ¨¦ste [de financiaci¨®n]".

El responsable de Kristau-Eskola, Aitor Bilbao, asegura que "el modelo de financiaci¨®n actual de nuestro sistema educativo no es capaz de responder a las necesidades actuales y futuras". Sin embargo, Bilbao desvincula el incremento de la financiaci¨®n con la aplicaci¨®n del curr¨ªculo, en el que tanto Kristau-Eskola como las ikastolas han colaborado activamente. "La financiaci¨®n educativa la relacionamos con los objetivos de la ense?anza, no con la titularidad de las escuelas ni la condici¨®n de aplicar un curr¨ªculo o de la euskaldunizaci¨®n. A igual servicio, igual financiaci¨®n: se trata de minimizar las diferencias entre la financiaci¨®n que tienen los centros seg¨²n la red".

Por su parte, el director de Partaide, Jos¨¦ Luis Sukia, insiste en la idea de que la educaci¨®n es un servicio p¨²blico que de hecho se gestiona tambi¨¦n por manos privadas. Admite que "recibir la misma financiaci¨®n que la red p¨²blica implicar¨¢ los mismos derechos y deberes que ella". "Dicen que ahora no soportamos las mismas cargas. Puede ser, pero para eso necesitamos m¨¢s financiaci¨®n, y es lo que pedimos", insiste.

?Y cu¨¢les son las contrapartidas a recibir m¨¢s dinero e igualarse a la red p¨²blica? ?Un servicio con iguales deberes y totalmente gratuito? Es decir que los padres no paguen cuotas mediane los subterfugios que ahora emplean los centros concertados y un reparto equitativo entre las dos redes de todo tipo de alumnos con necesidades educativas especiales. "Con una financiaci¨®n plena no deber¨ªan existir las cuotas. El comedor s¨ª lo tendr¨ªan que pagar los padres, como ocurre en la p¨²blica; y en cuanto al transporte, se pedir¨ªa un tratamiento global", razona Sukia. En esta l¨ªnea, Aitor Bilbao apunta que si la financiaci¨®n alcanza toda la ense?anza obligatoria no tendr¨ªa que haber cuotas. Pero precisa que hoy la ayuda econ¨®mica no cubre por completo esa etapa, por lo que hay que implantar cuotas.

Como avanzadilla de ese debate de fondo, los sindicatos ELA y LAB, mayoritarios en la privada, han convocado una serie de movilizaciones del profesorado en demanda de la equiparaci¨®n salarial con los docentes de la p¨²blica (en la actualidad cobran el 95% del salario de sus colegas de la p¨²blica). Incluso anuncian una huelga de media jornada para el pr¨®ximo d¨ªa 20. El responsable de ELA en la concertada, Jos¨¦ ?ngel Urbieta, recalca que detr¨¢s de la negativa a homologar las condiciones salariales y laborales subyace "la consideraci¨®n de que el personal docente y no docente de la red concertada es un personal subsidiario".

CC OO, central mayoritaria entre los docentes de la p¨²blica, se muestra dispuesto a avalar m¨¢s financiaci¨®n para la concertada en todos los conceptos, si se cumplen varias condiciones: gratuidad total, reparto de todos los alumnos con necesidades educativas especiales y que los centros concertados no reciban de otro tipo de financiaci¨®n (ayudas de otras administraciones).