El caso de las pensiones ilegales de Ferrocarrils acaba en juicio

El sistema judicial espa?ol es muy garantista, pero llega un momento en el que el camino se acaba. Y eso es lo que ha ocurrido con el caso de las pensiones supuestamente ilegales que cobraron tres ex presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya durante la ¨¦poca de CiU. La Audiencia de Barcelona ha destimado el recurso que presentaron las defensas para impedir que se celebrara el juicio y, por tanto, Albert Vilalta, Enric Roig y Antoni Herce se sentar¨¢n en el banquillo acusados de malversaci¨®n, prevaricaci¨®n y falsedad.

El tribunal aprecia que los hechos presentan "indicios suficientes de delito"

Junto a ellos tambi¨¦n ser¨¢ juzgado Josep Verdaguer Codina, el abogado de la compa?¨ªa, que deb¨ªa haber advertido de la ilegalidad del cobro de aquellas pensiones, que ellos mismos aprobaron y que escondieron al Consejo de Administraci¨®n de la empresa p¨²blica.

La decisi¨®n de la Secci¨®n Sexta de la Audiencia de Barcelona est¨¢ fechada el 17 de marzo y fue notificada el 7 de abril. En s¨ªntesis, los jueces consideran que los hechos no est¨¢n prescritos, que el cobro pudo ser ilegal y que los tres ex directivos no pueden alegar que desconocieran que esa actuaci¨®n fuese ilegal.

Los pagos realizados por ese plan de pensiones ascendieron a 3,2 millones de euros y beneficiaron a 15 cargos de la empresa. El fiscal se querell¨® contra todos ellos a finales de 2006, aunque finalmente el juez de instrucci¨®n exculp¨® a 11 y continu¨® el procedimiento contra los tres ex presidentes y contra el abogado de la compa?¨ªa.

El plan de pensiones fue suscrito el 10 de abril de 1991 entre Ferrocarrils de la Generalitat y la aseguradora Winterthur, y fue disuelto en el a?o 2000. El tribunal asegura que "no puede desconocerse que la disoluci¨®n del fondo y su liquidaci¨®n fue seguida del reparto de cantidades muy importantes entre los beneficiarios, ni puede negarse que esta actuaci¨®n presenta indicios suficientes de ser delictiva".

De las cuatro personas que se sentar¨¢n en el banquillo, el que m¨¢s cobr¨® fue Enric Roig, que percibi¨® 1.014.963 euros cuando fue destituido del cargo por el entonces consejero de Pol¨ªtica Territorial, Pere Macias. A esa cantidad han de a?adirse 55.233 euros en concepto de dietas. A Roig le sucedi¨® en el cargo Antonio Herce, que percibi¨® 278.391 euros. Vilalta no percibi¨® ninguna cantidad cuando dej¨® la compa?¨ªa, el 16 de julio de 1991, pero fue ¨¦l quien suscribi¨® el contrato con la aseguradora, vigente desde el 28 de febrero de aquel a?o.

Javier Melero, abogado de Herce, considera que no existe delito "porque los cobros aparecen en la contabilidad de la compa?¨ªa desde 1991". En su opini¨®n, el proceso judicial est¨¢ relacionado con la llegada de la izquierda al Gobierno de la Generalitat. Pero la Audiencia de Barcelona es contundente con estos argumentos y recuerda que "no puede aceptarse que el presidente y el director de Ferrocarrils dispusieran de plenas facultades para disponer sobre la masa salarial de los presupuestos de la compa?¨ªa, prescindicendo de lo dispuesto en aquella regulaci¨®n".

Los jueces tambi¨¦n recuerdan que "el propio Herce reconoci¨® en su declaraci¨®n las dudas que le suscit¨® la legalidad de las elevad¨ªsimas cantidades que le fueron entregadas a Roig". El abogado Verdaguer cobr¨® 110.910 euros.