Una pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de Estado

En su segundo cara a cara televisado, Zapatero reproch¨® a Rajoy que hubiera "cogido" el supuesto problema del castellano en Catalu?a "para dividir y enfrentar", algo que el PP no hab¨ªa hecho en ninguna elecci¨®n anterior. Los resultados del 9-M han permitido al PP evaluar las consecuencias de su estrategia: el abismo de 15 diputados que en Catalu?a le separ¨® del PSC en 2004 se ha agrandado hasta alcanzar los 17. Y si azuzar el enfrentamiento ling¨¹¨ªstico no parece servir para ganar elecciones, tampoco es bueno, desde luego, para la cohesi¨®n de un pa¨ªs que, como denunci¨® la Comisi¨®n de Expertos que supervisa la aplicaci¨®n de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, todav¨ªa no es plenamente consciente de su car¨¢cter pluriling¨¹e. La nueva etapa pol¨ªtica que se abre en esta IX Legislatura acaso sea el momento propicio no s¨®lo para pacificar el debate ling¨¹¨ªstico, sino para incluir la defensa de todas las lenguas espa?olas entre los temas de Estado sobre los cuales conviene establecer pactos.

En su etapa de gobierno el PP ya decidi¨® publicar el BOE en todas las lenguas de Espa?a

Bono experiment¨® el multiling¨¹ismo en el Senado y comprob¨® que no romp¨ªa Espa?a

En contra de lo que puede parecer, no es complicado identificar posibles puntos de encuentro entre el PSOE y el PP en esta materia. Empecemos por la ense?anza. En Catalu?a el modelo ling¨¹¨ªstico-escolar, que sit¨²a al catal¨¢n como lengua vehicular y de aprendizaje, contrar¨ªa las preferencias de muchos ciudadanos, como los m¨¢s de 50.000 que secundaron una iniciativa legislativa popular que pretend¨ªa instaurar la ense?anza en la lengua materna de los alumnos. Ahora bien, que el modelo vigente contrar¨ªe las preferencias de miles de ciudadanos no significa que conculque los derechos fundamentales de nadie.

El debate sobre el modelo ling¨¹¨ªstico-escolar de Catalu?a es saludable, pero no deber¨ªa discurrir en t¨¦rminos de "coacci¨®n" (el modelo vigente) contra "libertad" (el que defiende el PP), sino de competencia entre leg¨ªtimos modelos alternativos, modelos entre los cuales es posible elegir dentro de los par¨¢metros liberal-democr¨¢ticos. Y lo cierto es que hoy por hoy la mayor¨ªa de partidos pol¨ªticos catalanes, con el PSC al frente, sigue considerando que para asegurar la cohesi¨®n social y garantizar el biling¨¹ismo es preferible una sola l¨ªnea educativa con el catal¨¢n como "centro de gravedad" (expresi¨®n acu?ada por el Tribunal Constitucional) a una doble l¨ªnea en funci¨®n de la lengua materna de los alumnos. Pero si el acuerdo PSOE-PP sobre el modelo ling¨¹¨ªstico-escolar no fuera posible, s¨ª que lo es respecto a los objetivos ling¨¹¨ªsticos de cualquier modelo. En el programa electoral del PP hay un objetivo que nadie discute: se trata de garantizar que todos los escolares "comprendan la lengua castellana y se expresen en ella con correcci¨®n, oralmente y por escrito, al finalizar la ense?anza b¨¢sica". Referido tambi¨¦n al catal¨¢n, es lo mismo que dice el Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a: todos los alumnos deber¨¢n "conocer con suficiencia oral y escrita el catal¨¢n y el castellano al finalizar la ense?anza obligatoria".

El presunto problema del castellano en Catalu?a oscurece los reales problemas del catal¨¢n en Catalu?a, donde la posibilidad de usarlo todav¨ªa es remota en muchos ¨¢mbitos. Uno de los m¨¢s flagrantes es la Administraci¨®n de Justicia. En este caso, el punto de encuentro entre el PSOE y el PP (y el resto del arco parlamentario) es f¨¢cil. Se trata simplemente de cumplir lo que dispone la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, que fue ratificada por Espa?a en 2001, cuando el PP gozaba de una s¨®lida mayor¨ªa absoluta en las Cortes. Al ratificar la Carta, Espa?a se comprometi¨® a asegurar, en los procedimientos penales, civiles o administrativos, "que los ¨®rganos jurisdiccionales, a solicitud de una de las partes, lleven el procedimiento en las lenguas regionales o minoritarias".

Si dejamos el nivel de las comunidades aut¨®nomas y nos situamos en el del Estado, tambi¨¦n surgen puntos de encuentro. Un primer paso en una pol¨ªtica estatal de defensa de las lenguas espa?olas deber¨ªa consistir en fijar el n¨²mero de estas lenguas. Esto implica resolver el contencioso valenciano: el hecho de que la lengua propia de la Comunidad Valenciana sea conocida popular y legalmente como "valenciano" no implica que sea una lengua distinta de lo que acad¨¦micamente se conoce como "catal¨¢n". La Generalitat valenciana, gobernada por el PP, acaba de acatar este hecho publicando en el Diario Oficial de la Comunidad los estatutos de la Universidad de Alicante, que utilizan la doble denominaci¨®n. Pero m¨¢s all¨¢ de esta circunstancia, forzada por una sentencia judicial, habr¨ªa que atenerse a la posici¨®n de la Academia Valenciana de la Lengua, una instituci¨®n impulsada por el PP, que ha establecido sin ambages que "la lengua propia e hist¨®rica de los valencianos es tambi¨¦n la que comparten las comunidades aut¨®nomas de Catalu?a y de las Islas Baleares (...). Las diferentes hablas de todos estos territorios constituyen una misma lengua o sistema ling¨¹¨ªstico". Por supuesto, la unidad ling¨¹¨ªstica no implica necesariamente la unidad onom¨¢stica, como ilustra el caso del castellano / espa?ol. En este sentido, el Gobierno de Espa?a, con la aquiescencia del PP, deber¨ªa considerar la conveniencia de usar (en los contextos relevantes) la doble denominaci¨®n "catal¨¢n / valenciano", como ya hace sin aspavientos la Comisi¨®n Europea.

Una vez establecido el n¨²mero de lenguas espa?olas habr¨¢ que ver cu¨¢l debe ser su nivel de reconocimiento en las diferentes instituciones del Estado. Para empezar, es posible profundizar en algunas medidas que tom¨® el PP en su etapa de gobierno, como la publicaci¨®n del BOE en lenguas distintas del castellano. El Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a contiene una disposici¨®n relativamente ambiciosa en este sentido: "Los ciudadanos de Catalu?a tienen el derecho a relacionarse por escrito en catal¨¢n con los ¨®rganos constitucionales y con los ¨®rganos jurisdiccionales de ¨¢mbito estatal". Es cierto que esta disposici¨®n forma parte de las impugnadas por el PP ante el Tribunal Constitucional, pero no es menos cierto que lo que se dispone aqu¨ª para todos los ¨®rganos es algo que ya funciona desde 1994, con el benepl¨¢cito del PP, en el caso de un ¨®rgano constitucional particular como es el Senado. En este ¨¢mbito, el PSOE y el PP, con el previsible apoyo del resto de partidos, deber¨ªan esforzarse por resolver lo que podr¨ªamos llamar "anomal¨ªa europea": no es admisible que los ciudadanos espa?oles tengan m¨¢s facilidades para comunicarse en catal¨¢n / valenciano, gallego o euskera con la Comisi¨®n Europea que con las instituciones de su pa¨ªs.

Y hablando del Senado, otra circunstancia que cuenta con la aprobaci¨®n del PP es la posibilidad de utilizar las lenguas espa?olas distintas del castellano en la Comisi¨®n General de las Comunidades Aut¨®nomas. La experiencia ha demostrado que los senadores de Espa?a pueden entenderse hablando lenguas distintas, y que la instalaci¨®n de cabinas de interpretaci¨®n en una instituci¨®n del Estado no rompe Espa?a. El PSOE y el PP, con el previsible apoyo de los dem¨¢s, deber¨ªan estudiar la posibilidad de extrapolar la experiencia de esta Comisi¨®n al conjunto del Senado y, por qu¨¦ no, al Congreso de los Diputados. En este caso, la presidencia de Jos¨¦ Bono no deber¨ªa ser un obst¨¢culo. Bono, de hecho, ya experiment¨® el multiling¨¹ismo del Senado en sus tiempos de presidente de Castilla-La Mancha y logr¨® superar sus reservas: "Personalmente he de confesarles que antes de acudir a esta sesi¨®n me llamaba la atenci¨®n que, pudiendo entendernos todos los presentes en castellano, tuvi¨¦ramos que recurrir a los servicios de traducci¨®n de la C¨¢mara. Pero despu¨¦s de escuchar a los presidentes Pujol, Fraga y Lerma hablar en sus lenguas propias debo reconocer que comprendo mejor el problema de Catalu?a, el de Valencia, o el de Galicia que, en definitiva, no son cosas distintas que el problema de Espa?a".

Recientemente, el Grupo de Intelectuales en favor del Di¨¢logo Intercultural, creado por la Comisi¨®n Europea, dio a conocer el documento Un reto provechoso. C¨®mo la multiplicidad de lenguas podr¨ªa contribuir a la consolidaci¨®n de Europa. En ¨¦l encontramos una frase certera: "Si ignoramos una lengua, corremos el riesgo de que sus hablantes pierdan el inter¨¦s por el proyecto europeo". No ser¨ªa absurdo que el Gobierno de Espa?a, con el apoyo de un PP que se siente "orgulloso de la pluralidad ling¨¹¨ªstica y cultural de la naci¨®n espa?ola", impulsara un documento sobre la contribuci¨®n del multiling¨¹ismo a la construcci¨®n de una Espa?a que, como Europa, es "unida en la diversidad".

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducci¨®n e Interpretaci¨®n de la Universitat Aut¨°noma de Barcelona.