"La Selectividad actual ya no es v¨¢lida"

Mercedes Cabrera defiende que el ministerio que ahora lidera, de Educaci¨®n y Pol¨ªtica Social, es "nuevo", que no se puede hablar de fractura entre educaci¨®n y universidades. Al menos en apariencia nada tiene que ver con su antigua cartera educativa. Cabrera mantiene las competencias educativas (de las que se han desgajado las universitarias que ahora dependen de Ciencia e Innovaci¨®n), y a las que se ha a?adido la Ley de Dependencia, el cuarto pilar del Estado de Bienestar, cuya puesta en marcha est¨¢ siendo dificultosa por los problemas de coordinaci¨®n con las comunidades. Un conflicto que tampoco le es ajeno al ¨¢mbito educativo. La ministra incluso reconoce que hay comunidades que incumplen aspectos de la ley educativa, pero que el Gobierno poco puede imponer. Por eso Cabrera compromete todo su esfuerzo en llegar a acuerdos.

"Hay gobiernos que ponen en cuesti¨®n el cumplimiento de la ley con Ciudadan¨ªa"

"Propondremos a las comunidades unos m¨ªnimos para los centros de 0 a 3 a?os"

"Los consejeros dicen que hay m¨¢s dependientes de los que se calcularon"

Pregunta. La p¨¦rdida de la universidad hace que ahora se tenga que coordinar con la ministra de Ciencia e Innovaci¨®n, Cristina Garmendia. El primer tema que las une es la prueba de Selectividad. ?La van a cambiar?

Respuesta. Estamos en eso. En breve tenemos que aprobar los decretos que regulan el acceso a la universidad. Tenemos una prueba que ya no es v¨¢lida porque est¨¢ dise?ada en funci¨®n de una realidad del sistema educativo que ya no es la que hay ahora mismo. Pero cualquier decisi¨®n que se tome tiene que ser muy pensada y con capacidad para prever las consecuencias de su aplicaci¨®n. Puede ocurrir que ahora necesitemos una cosa diferente, pero la selectividad es un tema sensible.

P. Cada vez hay menos alumnos, la competencia entre universidades por quedarse con ellos va en aumento. Con una prueba de homologaci¨®n de conocimientos tras el bachillerato valdr¨ªa. ?Se plantean quitar la Selectividad?

R. No, ahora mismo no. No digo que quitarla no est¨¦ en un debate futuro posible, pero no va a estar en este decreto. Para eso debemos tener muy claro primero hacia qu¨¦ modelo de universidades vamos.

P. El PP est¨¢ apoyando en algunas comunidades, como Madrid o la Valenciana, la desobediencia civil a Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, una asignatura obligatoria por ley. ?Qu¨¦ va a hacer?

R. Los gobiernos de las comunidades que hacen eso est¨¢n claramente poniendo en cuesti¨®n el cumplimiento de la ley. Si hay quejas o protestas de ciudadanos ante los gobiernos auton¨®micos porque ¨¦stos incumplen una ley puede actuar la Inspecci¨®n General del Estado. Mientras no haya una doctrina jur¨ªdica unificada, en este caso, del Supremo, lo que hay es una ley que hay que obedecer. La responsabilidad de las comunidades es informar de forma clara y meridiana a los padres sobre las consecuencias de que sus hijos no estudien esta materia.

P. ?Qu¨¦ consecuencias?

R. No obtendr¨¢n la titulaci¨®n de la ESO. Pero no es una amenaza, es el cumplimiento de la ley.

P. ?Intentar¨¢ llegar a un pacto con el PP sobre esta asignatura?

R. En educaci¨®n tenemos que ir a un pacto de Estado, o como lo queramos llamar. Pero en todo, no s¨®lo sobre Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa.

P. ?Es legal establecer cuotas m¨¢ximas de inmigrantes por centros, como quiere hacer Catalu?a en la ley educativa que prepara?

R. S¨ª. La Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE) habla de la responsabilidad compartida de todos los centros con financiaci¨®n p¨²blica a la hora de escolarizar a esos alumnos. Esa responsabilidad compartida es competencia de las comunidades.

P. ?Comparte ese proyecto?

R. Desde el punto de vista educativo, no es bueno que haya concentraci¨®n de inmigrantes. Lo lamentable es que se combine esa concentraci¨®n en la escuela p¨²blica con pocos recursos para ella.

P. Pero esa combinaci¨®n es precisamente una opci¨®n pol¨ªtica en algunas comunidades, como la de Madrid.

R. Esa opci¨®n pol¨ªtica, contada as¨ª, incumple lo que dice la LOE, con respecto a la responsabilidad compartida de todos los centros con financiaci¨®n p¨²blica de escolarizar inmigrantes.

P. ?C¨®mo va a ser la carrera de los profesores no universitarios del futuro que est¨¢n negociando con los sindicatos?

R. Se dar¨¢n incentivos vinculados a la evaluaci¨®n de los profesores. El Estatuto de la Funci¨®n Docente estar¨¢ esta legislatura. Queda por ver cada cu¨¢ntos a?os y de qu¨¦ manera se evaluar¨¢.

P. Ha dicho que va a cambiar tambi¨¦n el sistema de evaluaci¨®n de los alumnos.

R. S¨ª, vamos a hacer un nuevo sistema de evaluaci¨®n sistem¨¢tica del funcionamiento del sistema educativo, para que no tengamos cada tres a?os un Informe Pisa que parece que nos descubre un mundo que desconocemos, cuando no es as¨ª, pero hay que reorganizarlo.

P. ?Har¨¢n p¨²blicos los resultados por comunidades?

R. Se puede hacer, como son p¨²blicos los de las evaluaciones que hacen para el Informe Pisa.

P. Hilando ya en parte con otra pata de su ministerio, la de pol¨ªtica social, ?qu¨¦ va a hacer para acabar con las guarder¨ªas ilegales para ni?os de 0 a 3 a?os?

R. Lo que puedo garantizar es que las plazas nuevas que se creen con el dinero p¨²blico presupuestado, este a?o son 100 millones, tienen que cumplir unos requisitos m¨ªnimos de calidad.

P. La educaci¨®n de 0 a 3 a?os es la ¨²nica etapa para la que el Gobierno no ha establecido unos requisitos m¨ªnimos (de profesorado, instalaciones...) para toda Espa?a. ?Lo van a hacer?

R. Esta etapa es educativa y vamos a llevar una propuesta sobre este tema a las comunidades en la Conferencia Sectorial.

P. Vista la dificultad del Gobierno para hacer cumplir sus leyes educativas en algunas comunidades, por falta de competencias, m¨¢s dif¨ªcil ser¨¢ construir un sistema de Dependencia, cuarto pilar de Estado de Bienestar, con unos requisitos y servicios m¨ªnimos comunes para todos los ciudadanos. Porque los servicios sociales jam¨¢s pertenecieron al Gobierno, nacieron en las comunidades y cada cual los ha gestionado a su modo. ?Intentar¨¢n renacionalizar algunas competencias?

R. Si no entendemos que las comunidades son tan Estado como la Administraci¨®n General seguiremos despistando a los ciudadanos. Tenemos que tomar las decisiones de acuerdo con las competencias de cada uno. Pero eso no quiere decir que no se puedan imponer algunos requisitos. Por ejemplo, ya hay alg¨²n borrador sobre los requisitos de los centros [geri¨¢tricos y otros]. Esos ser¨¢n iguales para todos. Pero todo surge cuando ya las comunidades ten¨ªan sus sistemas, y eso dificulta el acuerdo.

P. Tambi¨¦n en el copago. Cada comunidad est¨¢ poniendo en marcha la ley sin que se haya llegado a un acuerdo sobre qu¨¦ cantidad aporta el usuario al servicio que recibe. Puede haber 17 modelos.

R. Trabajamos para llegar a un acuerdo aceptado por todos y de cumplimiento general, pero las comunidades tienen competencias exclusivas.

P. La dificultad para llegar a acuerdos ha retrasado la puesta en marcha del sistema.

R. El sistema de Dependencia supone un cambio radical, el paso de un modelo mediterr¨¢neo, en el que la familia cargaba con los cuidados, sin reconocimientos ni medios, a un modelo n¨®rdico. Hacer esa transformaci¨®n requiere un esfuerzo enorme y levanta mucha expectativa social, y eso hay que saber medirlo, porque un cambio as¨ª no se hace en dos d¨ªas.

P. ?Est¨¢ pidiendo tiempo? Miles de personas han fallecido sin llegar a recibir la ayuda pedida.

R. No s¨¦ si tiempo... Bueno, s¨ª necesito un poco de tiempo... Y lo que pedir¨ªa es un momento de reflexi¨®n. La Ley de Dependencia tiene un periodo de evaluaci¨®n de aqu¨ª a unos meses. Estoy recibiendo a todos los consejeros y necesitamos saber exactamente la situaci¨®n. Algunos dicen que est¨¢n valorando m¨¢s dependientes de los que se calcularon.

P. Las ayudas econ¨®micas para el cuidador familiar est¨¢n previstas s¨®lo excepcionalmente, mientras se dota al sistema de infraestructuras. ?Qu¨¦ plazo de tiempo esperan mantenerlas?

R. Lo vamos a saber en cuanto tengamos un mapa general de servicios sociales en las comunidades. La Ley de Dependencia debe tener como efecto o consecuencia que aquellas mujeres que se han hecho cargo de familiares dependientes puedan decidir libremente si quieren seguir haci¨¦ndolo, con ayuda, o prefieren trabajar en otra cosa.