El reglamento contra la instituci¨®n

La Comisi¨®n de Peticiones de las Cortes debe reunirse una vez al a?o para recibir el informe del S¨ªndic de Greuges - el equivalente auton¨®mico del Defensor del Pueblo- y atender las quejas de los valencianos cuyos derechos hayan sido atropellados por las administraciones. Hoy est¨¢ convocada una reuni¨®n de la comisi¨®n que preside Milagrosa Mart¨ªnez, presidenta, a su vez, de las Cortes. Pero no para recibir el informe elaborado por Emilia Caballero, S¨ªndic en funciones desde abril de 2006. Sino para poner en marcha un procedimiento que pretende desbancar a Caballero de su responsabilidad a trav¨¦s de unos retoques en el reglamento de la Sindicatura de Greuges.

Caballero no ha logrado defender ante los parlamentarios ninguno de los informes que se han elaborado bajo su responsabilidad, los que recojen las quiejas ciudadanas de los a?os 2005, 2006 y 2007. Las Cortes nunca la han convocado. El PP, asentado sobre su mayor¨ªa absoluta, tacha a Caballero de partidista, pero no puede desplazarla de la Sindicatura de Greuges sin acuerdo con el PSPV, porque cualquier cambio en la instituci¨®n requiere una mayor¨ªa de tres quintos de la Cortes.

Caballero ejerce como adjunta primera al S¨ªndic desde 1999, cuando fue elegido Luis Fernando Saura a propuesta del PP. Saura falleci¨® en octubre de 2000. Caballero ejerci¨® como S¨ªndic en funciones hasta que fue elegido Bernardo del Rosal, en abril de 2001. Caballero sigui¨® como adjunta primera.

Del Rosal, elegido a propuesta del PP cumpli¨® su misi¨®n. Incomod¨® al poder. El PP decidi¨® retirarle su confianza para un segundo mandato y desde abril de 2006, Caballero ejerce como S¨ªndic en funciones. Y hace su trabajo, incomoda al poder.

En noviembre de 2007, PP y PSPV acordaron nombrar S¨ªndic a Jos¨¦ Cholbi, militante de AP y del PP y actual vicepresidente de la Mesa de las Cortes. Pero los socialistas atribuyeron al PP un incumplimiento del reglamento de las Cortes y bloquearon su elecci¨®n. Desde entonces, es el PP el que reitera que la instituci¨®n est¨¢ bloqueada. Y para desbloquearla, en vez de pactar con el PSPV, plantea que el adjunto segundo al S¨ªndic, asuma toda la responsabilidad. Un caso ¨²nico en la Espa?a auton¨®mica.Los defensores del pueblo auton¨®micos empezaron a insituirse a finales de los a?os ochenta. En todas las comunidades aut¨®nomas son nombrados por una mayor¨ªa de tres quintos de cada parlamento. Y se han producido algunos casos de bloqueo institucional. El m¨¢s prolongado, en el Pa¨ªs Vasco, en un parlamento con seis fuerzas pol¨ªticas. Mercedes Ag¨²ndez ejerci¨® como Ararteko durante tres a?os y medio, entre 2000 y 2004, porque el PSE se neg¨® a revalidar el segundo mandato de Xabier Markiegi.

Tambi¨¦n estuvo bloqueado el nombramiento del ¨²ltimo S¨ªndic de Greuges en Catalunya durante un a?o. Finalemente, todos los grupos apoyaron a Rafael Rib¨®, hist¨®rico dirigente de Iniciativa per Catalunya, que ejerce desde julio de 2004 y ya es reconocido por inc¨®modo.

Manuel Fraga, entonces presidente de la Xunta de Galicia con mayor¨ªa absoluta, decidi¨® proponer como primer Valedor do Pobo a Jos¨¦ Cora en 1990. Cora ya hab¨ªa sido el primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Prestigi¨® la instituci¨®n a costa de sonrojar a la Xunta de Galicia y fue un¨¢nimemente aclamado para un segundo mandato. Dej¨® el cargo en 2000 por razones de edad.

El nombramiento de Benigno L¨®pez Gonz¨¢lez, actual Valedor do Pobo, tambi¨¦n se retras¨® durante cerca de un a?o, pero finalmente logr¨® la unanimidad de PP, PSdG y BNG.

Jos¨¦ Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, es un caso singular. Es sacerdote y licenciado en Historia por las universidades de Roma y Granada. Se dedic¨® a combatir la marginaci¨®n y la droga en la comarca del Campo de Gibraltar y cobr¨® tal relevancia que recibi¨® la Medalla de Andaluc¨ªa en 1994. Fue elegido primer defensor del pueblo andaluz en 1996 y el Parlamento andaluz le ha renovado la confianza en 2001 y 2007.

Ning¨²n parlamento auton¨®mico ha modificado un reglamento para destituir a un defensor del pueblo. Los socialistas valencianos afirman, adem¨¢s, que el reglamento no puede modificar la ley, que establece el orden de prelaci¨®n para el ejercicio en funciones, y que una mayor¨ªa simple no puede atentar contra una ley que requiere mayor¨ªa cualificada. Pero el PP defiende que si las Cortes tiene la potestad de legislar, mucho m¨¢s la de reglamentar.