Los lloriqueos de los promotores

El ¨²ltimo medio de prensa extranjero destacado que se ha hecho eco de la inseguridad jur¨ªdica existente en el urbanismo valenciano ha sido el Herald Tribune. En su edici¨®n del pasado lunes 5, casi a p¨¢gina completa, relataba la situaci¨®n en Catral. No es el primero y si no hay cambios inmediatos, legales y no legales, que vayan m¨¢s all¨¢ de lo epid¨¦rmico no ser¨¢ el ¨²ltimo. En esas condiciones por mucho evento que se organice, por mucho que se invierta en promoci¨®n exterior, es imposible que esta comunidad se convierta en el polo de atracci¨®n de la inversi¨®n extranjera que necesita para mejorar su productividad y en nivel de vida de las generaciones futuras. La obviedad la reitera en el art¨ªculo el director general en Espa?a de la consultora Pricewaterhouse Coopers.

Miles de viviendas adquiridas de buena fe son ilegales y est¨¢n amenazadas

Desde hace a?os, muchos promotores han campado a sus anchas

Lo publicado en la secci¨®n europea del New York Times no se aparta de lo ya relatado por otros medios de similar impacto: miles de viviendas adquiridas de buena fe, son ilegales y est¨¢n amenazadas de derribo. Pero el texto a?ade algunos detalles todav¨ªa m¨¢s inquietantes. Por un lado, los afectados a los que se menciona como ejemplo consiguieron un cr¨¦dito hipotecario, con su informaci¨®n registral, y pagaron un informe independiente para evitar errores sin que se advirtiera que la licencia era ilegal. Por otro, recoge afirmaciones, que como poco resultan sorprendentes.

As¨ª, adem¨¢s del consultor mencionado, al que fuera S¨ªndic de Greuges Bernardo del Rosal se le cita entre comillas la aseveraci¨®n de que aqu¨ª cuando promotores, ayuntamientos y administraci¨®n est¨¢n haciendo dinero la ley no vale para nada (is worthless). No es lo ¨²nico llamativo. El nuevo asesor urban¨ªstico de Catral presume de tener la soluci¨®n para hacer de ¨¦ste, el primer lugar que resuelva tan extendido problema: que los afectados y principales perjudicados paguen (entre todos unos 15 millones de euros) al ayuntamiento, el mismo que ha incumplido gravemente sus funciones de vigilancia de la legalidad, para evitar el derribo de sus viviendas. Todo, creo que no es exagerar, se parece demasiado al m¨¢s puro estilo de aquel oeste americano del juez Lynch u otros de su misma condici¨®n: la ley no s¨®lo tiene precio sino que sin sonrojo se propone a quien tiene la obligaci¨®n de hacerla cumplir, que lo fije.

Lo m¨¢s irritante es que no sorprende. Desde hace a?os y al amparo de una nefasta legislaci¨®n y de una deplorable pasividad muchos promotores han campado a sus anchas. Han ninguneado a los compradores cuanto y como han querido. Y han conseguido que municipios y administraci¨®n auton¨®mica se desentendieran de actuaciones reprobables, cuando no claramente injustas, argumentado que lo que no se les permit¨ªa en un lugar, era posible en el de al lado. Y asegur¨¢ndoles v¨ªa impuestos, u otras compensaciones, servicios o prebendas personales, con los que nunca so?aron.

Es esta trayectoria de impunidad en la que se han movido, favorecida adem¨¢s por una lentitud injustificable de la justicia, la que explica la bravuconer¨ªa de su respuesta a la declaraci¨®n del vicepresidente y ministro de Econom¨ªa y Hacienda Pedro Solbes de que el sector ha de purgar los excesos acumulados. La misma altaner¨ªa que han venido utilizando para negarse a que se establecieran instituciones, en el sentido al que se refer¨ªa el Nobel Douglass C. North de reglas de juego, que gobernaran su actuaci¨®n para impedir el descr¨¦dito de todos ellos ante la actuaci¨®n de algunos. O para presumir de sus pelotazos y acusar a la banca, y en especial a las cajas de ahorro, de ser las causantes de sus problemas como si la crisis crediticia fuera un invento. Es esa falta de instituciones que incentiven no ya la reputaci¨®n, la seriedad y diligencia del buen padre de familia en el sector inmobiliario sino la igualdad en el trato por parte de la administraci¨®n o la proporcionalidad entre el delito y la sanci¨®n lo que ha fallado, falla y, todo indica que va a seguir fallando. Y mientras las sanciones sean tan inferiores a los beneficios que se obtienen incumpliendo las normas, las pomposas declaraciones acerca de que el peso de la ley caiga sobre los culpables son c¨ªnicos meros brindis al sol de los pol¨ªticos sean del partido que sean.

Ahora cuando el ciclo ha cambiado parece que los promotores pretenden seguir comport¨¢ndose bajo los mismos par¨¢metros. A algunos, lo que de nuevo nos han tra¨ªdo a la memoria los recientes exabruptos contra el ministro Solbes es lo que le indicaba su madre a Boabdil cuando perdi¨® el reino nazar¨ª: que no fuera con lloriqueos ante una situaci¨®n para la cual no hab¨ªa sabido -ni querido, podr¨ªa a?adirse en este caso- prepararse.

Jordi Palafox es catedr¨¢tico de Historia e Instituciones en la Universidad de Valencia.