?Es el Gobierno reh¨¦n de la jerarqu¨ªa cat¨®lica?

No se me hubiera ocurrido hacer esta pregunta durante el primer Gobierno socialista presidido por Felipe Gonz¨¢lez en 1982. Y si la hubiera escuchado de labios de otras personas, hubiera respondido con contundencia: "?Impensable, inimaginable!". Era la respuesta m¨¢s acorde con el ideario laico fundacional del PSOE, con la gradual secularizaci¨®n de la sociedad espa?ola, con el principio de libertad religiosa y con el de diversidad de religiones entonces incipiente. Sin embargo, conforme iban sucedi¨¦ndose los diferentes gobiernos socialistas en el poder, mi respuesta iba evolucionando del contundente "imposible" al m¨¢s matizado "pensable y posible". Pero sin llegar a la respuesta afirmativa.

La vicepresidenta del Gobierno ha ampliado los privilegios a la Iglesia

Si los obispos se manifiestan, el Ejecutivo les concede nuevos privilegios

Mi percepci¨®n sobre el tema empez¨® a cambiar durante el primer Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero. Fue entonces cuando cre¨ª posible responder afirmativamente. Pero segu¨ªa sin decidirme. Y no faltaban razones para la indecisi¨®n. Durante la primera etapa de la legislatura se aprobaron leyes como la del matrimonio homosexual, la del divorcio expr¨¦s y la de T¨¦cnicas de Reproducci¨®n Asistida. Contaron con una resistencia numantina por parte de la jerarqu¨ªa cat¨®lica, que hizo todo lo posible por impedir su aprobaci¨®n presionando de distintas formas: declar¨¢ndolas contrarias a la ley natural, manifest¨¢ndose en la calle del brazo del Partido Popular, acusando al Gobierno de "fundamentalista laicista", etc¨¦tera. Sin embargo, los legisladores de la mayor¨ªa progresista no sucumbieron a las presiones eclesi¨¢sticas.

Pasado el ecuador de la anterior legislatura, cambi¨® el escenario de las relaciones Iglesia cat¨®lica-Gobierno socialista. Se aprob¨® la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n, que manten¨ªa la ense?anza de la religi¨®n confesional, incluso con alternativa. E increment¨® la asignaci¨®n tributaria para la Iglesia cat¨®lica del 0,52% al 0,7%, a trav¨¦s de un acuerdo blindado entre la Santa Sede y el Gobierno espa?ol, con la exclusi¨®n de las dem¨¢s religiones.

Tal situaci¨®n de privilegio es a¨²n m¨¢s llamativa estos d¨ªas en que asistimos, inermes, a la discriminatoria publicidad en los medios de comunicaci¨®n, las vallas publicitarias y los templos cat¨®licos pidiendo a los contribuyentes que pongan la cruz en la casilla de la Iglesia cat¨®lica en vez de hacerlo en la destinada a fines sociales. Campa?a que cuenta con el apoyo expl¨ªcito del embajador de Espa?a ante la Santa Sede, el socialista Francisco V¨¢zquez.

Y si el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero negoci¨® con la jerarqu¨ªa cat¨®lica y con la FERE la Ley de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, ahora est¨¢ dispuesto a llegar a acuerdos sobre los contenidos de la nueva asignatura. ?De nuevo la jerarqu¨ªa cat¨®lica colegisladora!

Tras estas actuaciones, ya no tengo ninguna duda: efectiva

mente, el Gobierno fue -y sigue siendo- reh¨¦n de la Iglesia cat¨®lica. Cuanto m¨¢s se manifestaban y gritaban las huestes episcopales en los espacios p¨²blicos -nuevos p¨²lpitos del integrismo cat¨®lico-, m¨¢s privilegios recib¨ªan del Gobierno. Y todo ello en contra de los principios de laicidad, igualdad y no discriminaci¨®n, y ante la incomprensi¨®n de los propios militantes socialistas y de no pocos creyentes de las distintas religiones. El PSOE renunciaba a su tradici¨®n laica y se lanzaba por la pendiente de las alianzas con la Iglesia cat¨®lica, en detrimento de la laicidad del Estado. Y sin nada a cambio.

La vicepresidenta del Gobierno espa?ol ha expresado recientemente el compromiso del Ejecutivo de avanzar en la laicidad durante esta legislatura. Para ello ha anunciado la reforma de la Ley Org¨¢nica de Libertad Religiosa, de 1980. Aun valorando positivamente el anuncio y reconociendo la necesidad de modificar dicha ley, que, casi 30 a?os despu¨¦s de su aprobaci¨®n, ha quedado obsoleta, no puedo menos que expresar mi escepticismo, con tendencia a la incredulidad, teniendo en cuenta que fue la propia vicepresidenta la que obstaculiz¨® cualquier avance en la direcci¨®n de la laicidad y la que, durante la legislatura anterior, m¨¢s contribuy¨® a mantener, e incluso a ampliar, los privilegios de la Iglesia cat¨®lica.

La profundizaci¨®n en la laicidad debe comenzar por la revisi¨®n del art¨ªculo 16.3 de la Constituci¨®n, que incurre en una clara contradicci¨®n al afirmar, en su primera parte, que "ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal" y, en la segunda, que "los poderes p¨²blicos tendr¨¢n en cuenta las creencias de la sociedad espa?ola y mantendr¨¢n las consiguientes relaciones de cooperaci¨®n con la Iglesia cat¨®lica y las dem¨¢s confesiones religiosas". Es, por tanto, el propio texto constitucional el que est¨¢ en el origen del trato de favor a la Iglesia cat¨®lica y de la discriminaci¨®n de las dem¨¢s confesiones religiosas, y el que constituye el primer obst¨¢culo para avanzar en la laicidad del Estado y de sus instituciones. ?sa es la ra¨ªz del problema. Y por ah¨ª hay que empezar la reforma. De lo contrario, todo quedar¨ªa en un simple revoque de fachada.

Sorprende, sin embargo, que entre las materias de la Constituci¨®n a reformar se hable del Senado y de la sucesi¨®n a la Corona, y no se haga ninguna menci¨®n a las modificaciones en materia religiosa, cuando es una de las m¨¢s urgentes para terminar con la alargada sombra del nacionalcatolicismo, que se extiende hasta las m¨¢s altas instituciones del Estado. Dos ejemplos recientes: la promesa del presidente y de los ministros ante el crucifijo y la celebraci¨®n del funeral cat¨®lico de Estado por el recientemente fallecido ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo.

Alguien puede sentirse tentado a justificar la menci¨®n a la Iglesia cat¨®lica en que es la religi¨®n mayoritaria en Espa?a. Este mismo razonamiento podr¨ªa llevar, por ejemplo, a defender la inclusi¨®n de Comisiones Obreras y de la UGT en el texto constitucional al ser los sindicatos mayoritarios entre la clase trabajadora, hasta afirmar: "Ning¨²n sindicato tendr¨¢ car¨¢cter estatal. Los poderes p¨²blicos tendr¨¢n en cuenta la afiliaci¨®n sindical de los trabajadores y mantendr¨¢ las consiguientes relaciones de cooperaci¨®n con CC OO, UGT y los dem¨¢s sindicatos". A nadie se le ocurre ni siquiera pensarlo, porque ser¨ªa un desprop¨®sito.

Junto a la modificaci¨®n del art¨ªculo 16.3 hay que acometer la reforma de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que constituyen la plasmaci¨®n jur¨ªdica del trato de favor a la Iglesia cat¨®lica y son el punto de apoyo arquim¨¦dico de la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica para reclamar unos derechos que, en realidad, son privilegios. Se trata de unos Acuerdos anacr¨®nicos, m¨¢s propios del nacionalcatolicismo que de un Estado que se declara no confesional y al que el Tribunal Constitucional denomina laico desde el 2001.

Estas reformas son condici¨®n necesaria para entrar definitivamente en un nuevo paradigma en las relaciones del Estado con las religiones, caracterizado por la separaci¨®n y la independencia, sin hipotecas por ninguna de las partes, y por la colaboraci¨®n en cuantos asuntos contribuyan al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Eso s¨ª, sin privilegios ni f¨¢ciles sumisiones. Mientras estas dos reformas no se acometan, seguir¨¢n las relaciones mercantiles y la dependencia mutua entre la Iglesia cat¨®lica y los sucesivos Gobiernos, cualquiera que sea su color pol¨ªtico.

Juan Jos¨¦ Tamayo es director de la c¨¢tedra de Teolog¨ªa y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid.