La hora municipal

Las corporaciones locales representadas en la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo ¨®rgano de gobierno se reuni¨® ayer en Madrid, reclaman una distribuci¨®n m¨¢s equitativa de los recursos p¨²blicos entre los tres niveles de la Administraci¨®n. Y proponen que el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera que negocia la reforma de la financiaci¨®n auton¨®mica incorpore a sus deliberaciones la decisi¨®n sobre el porcentaje de los ingresos del Estado y de las comunidades que ser¨¢n transferidos directamente a las corporaciones locales, en lugar de depender de las negociaciones de cada comunidad con sus municipios.

Los ayuntamientos espa?oles carecen de la capacidad intimidatoria con que cuentan las autonom¨ªas a la hora de negociar con el poder central. Ese factor pol¨ªtico explica que casi 30 a?os despu¨¦s de las primeras elecciones locales, los municipios (hay 8.112) sigan siendo la cenicienta a la hora del reparto de los dineros p¨²blicos. En los Estados federales, la Administraci¨®n central controla como media el 43% de esos recursos, las entidades federadas el 30% y las corporaciones locales el 25%. En Espa?a, en 2004, las comunidades aut¨®nomas gestionaban el 33% de los recursos y los ayuntamientos el 12%. Esos porcentajes han podido variar algo, pero la proporci¨®n entre gasto auton¨®mico y local se mantiene.

Muchas veces se ha planteado la necesidad de abordar ese problema, y otras tantas se ha aplazado con diversos pretextos. En 2002, Aznar lanz¨® la consigna de que, una vez culminada la transferencia de educaci¨®n y sanidad a las comunidades, hab¨ªa llegado la hora de la "segunda descentralizaci¨®n": la de las comunidades hacia los municipios. Pero hubo otras urgencias antes de que el PP perdiera las elecciones; el socialista Jordi Sevilla dijo lo mismo cuando crey¨® encauzado el problema de las reformas estatutarias, pero fue sustituido antes de llegar a presentar su proyecto de nueva Ley de R¨¦gimen Local, que era el marco en que deb¨ªan plantearse las cuestiones de financiaci¨®n.

Por ejemplo, la de la compensaci¨®n estable por la desaparici¨®n del antiguo impuesto de actividades econ¨®micas, que proporcionaba el 20% de los ingresos municipales, o el de la financiaci¨®n de las actividades asistenciales asumidas por los ayuntamientos (inmigraci¨®n, vivienda, etc¨¦tera) sin tener competencias espec¨ªficas sobre ellas, y que absorben seg¨²n la FEMP el 30% del gasto local.

Un efecto colateral de esta situaci¨®n es la utilizaci¨®n de las posibilidades abiertas por la Ley del Suelo de 1998 (que atribuy¨® a los municipios la capacidad para la recalificaci¨®n de terrenos) como v¨ªa irregular de financiaci¨®n: de los municipios, primero; de los partidos, despu¨¦s, y de los ediles mismos al final. Sobran razones para tomarse en serio el problema. El car¨¢cter transversal de las reclamaciones de la FEMP, con apoyo de PSOE, PP e IU, anula el pretexto de falta de consenso con que se archiv¨® en 2006. Los alcaldes tienen raz¨®n.