Las medidas ambientales de la M-501 cuestan cuatro veces m¨¢s de lo previsto

Las medidas medioambientales que el Gobierno de Esperanza Aguirre introdujo en las obras de duplicaci¨®n de la carretera de los pantanos, M-501, se han convertido en un escollo presupuestario.

La Intervenci¨®n General, el ¨®rgano fiscalizador de la Comunidad, considera que la Consejer¨ªa de Transportes ha infringido la Ley de Contratos y la ley presupuestaria. Destaca un sobrecoste del 400% en el ¨²nico tramo en obras (18 kil¨®metros entre Quijorna y Navas del Rey), precisamente para introducir esas medidas ecol¨®gicas.

En cualquier caso, el Consejo de Gobierno puede resolver -y echar abajo el informe- en el caso de que Transportes discrepe del interventor.

La Administraci¨®n present¨® un certificado de cr¨¦dito que anul¨® al mes

La oposici¨®n socialista considera que se trata de un "fraude de ley"

Aguirre ha alardeado en los ¨²ltimos a?os de que las medidas medioambientales introducidas en las obras preservaban el entorno de una carretera que discurre por una Zona de Especial Protecci¨®n para las Aves y es tambi¨¦n Lugar de Importancia Comunitaria. Eso lo convierte en espacio de alto valor ecol¨®gico, con h¨¢bitats y especies protegidas por las leyes comunitarias. Y, sin embargo, no se tuvo en cuenta en el proyecto de desdoblamiento, que no cont¨® con declaraci¨®n de impacto ambiental.

Gregorio Madrid Esteban, el interventor general, firm¨® el pasado 20 de mayo un informe "desfavorable" sobre el expediente que modifica al alza el contrato de las obras en dicho tramo por importe de 7,2 millones de euros para establecer esas medidas que adecuan la obra al medio ambiente. Considera que es el "cu¨¢druplo de lo estimado inicialmente", 1,4 millones, y asegura que "no se justifican en el expediente las causas que han determinado la desviaci¨®n". La Ley de Contratos (art¨ªculo 226) establece que las modificaciones no pueden superar el 20%.

El interventor se?ala, adem¨¢s, que la Ley de Contratos impone, para aumentar el coste, que se justifique "el inter¨¦s p¨²blico" y que ¨¦ste sea debido "a causas imprevistas" porque es excepcional. Por eso, afirma que algunos aspectos medioambientales se ten¨ªan que haber previsto con anterioridad y, por tanto, no eran "necesarios". Entre ellos cita el cambio de material utilizado para el firme o el tratamiento de los suelos con cal. "Sin embargo, su coste econ¨®mico es de 2,99 millones (casi el 50% del importe del modificado)", agrega.

Por ¨²ltimo, el informe del interventor considera que Transportes ha "incumplido el procedimiento" de la Ley de Contratos (art¨ªculo 146.4) y ha "infringido la legislaci¨®n presupuestaria". Esto ocurre porque para tramitar el expediente, entre otros requisitos, era necesario un certificado de existencia de cr¨¦dito. La Administraci¨®n regional lo redact¨® el 28 de septiembre de 2007, pero fue cancelado menos de un mes despu¨¦s, el 17 de octubre de 2007, sin que, seg¨²n el interventor, se justifique en el expediente.

"A mi juicio, se trata de un fraude de ley en documento contable, con el fin de certificar que existe cr¨¦dito y a rengl¨®n seguido suprimirlo, s¨®lo por utilizar la v¨ªa excepcional", afirm¨® el diputado socialista Modesto Nolla, que exigi¨® al consejero Manuel Lamela que hoy asuma responsabilidades en su comparecencia en el pleno de la Asamblea.