Canarias, a?o y medio de rebeli¨®n

La ¨²ltima protesta ha sido a¨²n peor para los alumnos porque coincidi¨® con la v¨ªspera del d¨ªa de Canarias. El pasado jueves, numerosos escolares asistieron a clase vestidos con el traje tradicional, pero las actividades se hab¨ªan suspendido. Otra vez. Los casi 27.000 profesores de la ense?anza p¨²blica canaria no universitaria llevan enfrentados desde enero de 2007 con el Gobierno de las islas -sustentado por un pacto entre nacionalistas y PP- a cuenta de la denominada "homologaci¨®n", la reclamaci¨®n de un aumento de entre 380 y 410 euros al mes en sus n¨®minas. Actualmente ganan unos 1.600 euros mensuales de media, por lo que para ellos supone una cuant¨ªa relevante. Porque el incremento que consideran que el Ejecutivo les debe supone un 25% de su sueldo.

El incremento que reclaman al Ejecutivo representa el 25% de su salario actual

Ante la desesperaci¨®n por la situaci¨®n estancada del conflicto, que ya dura 17 meses, y en vista de la inutilidad de huelgas y concentraciones, algunos equipos directivos han llegado a dimitir en bloque. En otros centros -ya van 10-, los docentes han optado por los encierros.

Y a¨²n no se ve el final del t¨²nel. La Consejer¨ªa de Educaci¨®n asegura que la reclamaci¨®n de los docentes es inviable, sobre todo contando con la actual coyuntura econ¨®mica. Y los sindicatos han convocado esta semana paros en todos los colegios, que afectar¨¢n a la actividad de los 350.000 alumnos. Es el pen¨²ltimo cartucho antes de verano, aunque ya hay voces que presionan para no iniciar las clases en septiembre.

Para entender este conflicto, hay que arrancar la historia en 1991. Entonces, el Gobierno de Canarias aprob¨® una "homologaci¨®n" salarial de los profesores con los otros funcionarios de la misma categor¨ªa laboral. Se subi¨® el impuesto a los combustibles para poder invertir entonces 3.000 millones de pesetas (unos 180 millones de euros) en cuatro a?os. La operaci¨®n finaliz¨® en 1995 con un aumento salarial de 60.000 pesetas (360 euros) por maestro. Desde entonces, la n¨®mina de los funcionarios ha seguido creciendo, pero no la de los docentes, hasta la actual diferencia de 400 euros de media.

"El Gobierno est¨¢ cerrado en banda y demuestra con su actitud que quiere seguir deteriorando la escuela p¨²blica a favor de la concertada", asegura Manuel Marrero, del comit¨¦ de huelga por el Sindicato de Trabajadores de la Ense?anza de Canarias (STEC). Marrero recuerda que las excursiones, viajes de fin de curso, intercambios culturales con otros centros, las nociones afectivo sexuales y las horas para preparar y corregir los ex¨¢menes "no est¨¢n contempladas en las 37,5 horas semanales de jornada laboral" y plantea: "A¨²n as¨ª, las hacemos gustosamente, pero ?qu¨¦ ocurrir¨ªa si trabaj¨¢ramos de verdad s¨®lo las horas que dice el reglamento?, estar¨ªamos ante el derrumbe catastr¨®fico del sistema educativo".

La tensi¨®n alcanz¨® uno de sus puntos ¨¢lgidos el pasado noviembre, cuando la consejera de Educaci¨®n, Milagros Luis Brito (de Coalici¨®n Canaria), public¨® una tribuna en la prensa regional en la que se dirig¨ªa a los padres. Les explicaba que su propuesta era subir el sueldo a los profesores a cambio de exigir mejoras en la docencia, y aseguraba que los sueldos de los docentes est¨¢n en la media o por encima del resto de Espa?a. Los sindicatos lo interpretaron como un intento de poner a los padres en su contra.

Pero poco despu¨¦s, en enero, esa propuesta (80 millones vinculados a una serie de mejoras del rendimiento) dividi¨® a los sindicatos. CC OO, ANPE, Insucan, CSIF, SEPCA y CEPS (estos tres ¨²ltimos sin delegados en el sector) se alinearon con el Gobierno y qued¨® un comit¨¦ de huelga de cuatro sindicatos (STEC, FETE-UGT, UCPL, EA-Canarias). El Gobierno acept¨® convocar un refer¨¦ndum entre los docentes y ¨¦stos rechazaron masivamente la propuesta. "Ni siquiera pedimos que se nos abone todo lo que se nos debe desde 1995, sino que nos actualicen las n¨®minas", matiza Marrero.

"Esta reivindicaci¨®n s¨®lo se hace en el archipi¨¦lago", responde la consejera. "En la Pen¨ªnsula, lo que se reclama es la homologaci¨®n con la media de las n¨®minas de los docentes de las otras comunidades, no con los funcionarios que tienen un estatus jur¨ªdico distinto. Las demandas son presupuestariamente inviables; hemos ofertado 80 millones consolidables cada a?o hasta los 232 y lo han rechazado; ahora este conflicto ya no resulta negociable en t¨¦rminos de todo o nada", asegura.

El Gobierno plantea medidas como atenci¨®n diferenciada por la tarde a alumnos con problemas de lectura, escritura y matem¨¢ticas, mejora en el aprendizaje de una segunda lengua y fortalecimiento de la direcci¨®n e inspecci¨®n. "Quien participe en ellas, cobrar¨¢ m¨¢s", zanj¨® la consejera.

La consejera asegura que comparte las palabras de la ministra de Educaci¨®n, Mercedes Cabrera, sobre la normalizaci¨®n de las n¨®minas de los docentes en todo el Estado. Y s¨®lo ve tres salidas: "O se aprueba en el Congreso el Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica Docente

[que qued¨® sobre la mesa en la pasada legislatura] o el Parlamento de Canarias aprueba otra ley que habilite presupuesto espec¨ªfico para ello como en 1991 cargando de m¨¢s impuestos los combustibles o decidir¨¢n los tribunales".