Las empresas de teleasistencia se lucran a costa de los usuarios
El Ayuntamiento permite que las concesionarias utilicen un 902 - IU acusa al Consistorio de negligencia
Jos¨¦ Blanes tiene 89 a?os. Vive con Pilar, su mujer, en su casa del barrio de Comillas (Carabanchel), cerca del r¨ªo Manzanares. Pilar tiene 90 a?os y apenas sale de su casa. La compra la hace Jos¨¦, que tiene problemas auditivos y "achaques de la edad".
Ha tenido varios ataques al coraz¨®n debido a una insuficiencia cardiaca. Por eso, hace cuatro a?os se dio de alta en el servicio de teleasistencia municipal. Los servicios sociales del Ayuntamiento le instalaron un aparato en su casa conectado al tel¨¦fono.
Una especie de altavoz con un gran bot¨®n rojo en el centro. Jos¨¦ nunca lo ha utilizado para una urgencia. Este servicio lo implant¨® el Ayuntamiento de Madrid en 2003 para personas mayores y dependientes.
El pasado enero, al comprobar la factura del tel¨¦fono, Blanes observ¨® en la hoja azul y verde pistacho de su compa?¨ªa telef¨®nica que hab¨ªa llamado a un 902.
Su factura, que suele ser muy escueta porque s¨®lo recibe llamadas de sus hijos y apenas usa el tel¨¦fono, hab¨ªa engordado. La cantidad no era mucha, unos dos euros de m¨¢s. Pero le preocup¨®.
En Madrid hay unas 80.000 personas con teleasistencia. Realizan cerca de dos millones de llamadas al a?o.
El Ayuntamiento renov¨® el contrato del servicio de teleasistencia el a?o pasado. En diciembre de 2007 adjudic¨® el servicio, que hasta entonces lo realizaba Mapfre, a tres empresas: Teleasistencia, Personalia y Asispa. Y, desde entonces, cientos de usuarios como Jos¨¦ pagan, en lugar de 0,07 euros a Tel¨¦fonica, el doble (0,14) cada vez que llaman. Tienen que hacer, como m¨ªnimo, dos llamadas al mes para comprobar que el aparato funciona correctamente.
Las nuevas empresas adjudicatarias, como Asispa, han cambiado el n¨²mero con el que los usuarios se ponen en contacto con los servicios sociales. Y, como por ejemplo ocurre en ese caso, aplican tarifas especiales que redundan en su propio beneficio.
Antes era un n¨²mero normal para llamadas metropolitanas y ahora es un 902. De este modo, y a costa de estos usuarios dependientes, Asispa se embolsa unos 250.000 euros al a?o.
Tampoco ha habido una informaci¨®n previa a los usuarios, ya que Jos¨¦ se queja de que nadie le dijo nada sobre el cambio de tarifa. "Cada vez funciona peor", lamenta. Antes te llamaban una vez al mes para comprobar si el transmisor funcionaba correctamente. Ahora son los usuarios los que tienen que llamar un par de veces al mes para comprobar.
La concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Milagros Fern¨¢ndez, acus¨® ayer al Ayuntamiento de negligencia. "Modificaron las condiciones del pliego para la cesi¨®n del servicio que obligaba a no cobrar por las llamadas y por eso se han aprovechado las empresas", asegura Fern¨¢ndez.
La edil de la coalici¨®n de izquierdas considera "ruin" que las llamadas de teleasistencia "hayan dejado de ser gratuitas". Y agrega: "Ni el Ayuntamiento, ni las empresas han informado a los usuarios".
El Ayuntamiento de Madrid ha culpado a las concesionarias del aumento de las tarifas telef¨®nicas. Y les ha exigido una rectificaci¨®n.
Un portavoz de la Concejal¨ªa de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid reconoce que antes de diciembre de 2007 no se cobraba m¨¢s que la llamada metropolitana por el uso de la teleasistencia.
"La Direcci¨®n General de Mayores ha contactado con la empresa para que deje de cobrar por llamar al 902", explica el portavoz. ?ste precisa que las llamadas de chequeo -para comprobar que el sistema funciona correctamente- son m¨¢s baratas.
Otro servicio privatizado
El ¨²ltimo informe sobre el servicio de teleasistencia, de 2006, eleva a 75.823 los usuarios de este servicio p¨²blico. Esta cifra ha crecido en los ¨²ltimos dos a?os. Otro servicio p¨²blico que gestionan empresas privadas.
Los usuarios realizaron 2.339.031 llamadas. Junto con este mecanismo, el Ayuntamiento tambi¨¦n ha puesto en marcha un sistema de videoasistencia, sensores de movimientos, detectores de incendio o fuga de gas, sistemas de localizaci¨®n fuera del domicilio y otros adaptados a deficiencias sensoriales.
Sin embargo, estos servicios que se prestan a personas mayores de 65 a?os y dependientes, se privatizan cedi¨¦ndolos a concesionarias que ahora tratan de lucrarse. Un 67% de los usuarios ha realizado llamadas al servicio por alguna urgencia.
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