El inestable marco regulatorio el¨¦ctrico

El principio de suficiencia tarifaria que rige en nuestro pa¨ªs conforme a la Ley del Sector El¨¦ctrico implica, en primer lugar, que las compa?¨ªas son titulares de un derecho a la compensaci¨®n de los d¨¦ficit de tarifa y, en segundo lugar, que ese derecho de compensaci¨®n -sea sobre d¨¦ficit ya producidos, sea sobre estimaciones de d¨¦ficit futuros realizadas por la Administraci¨®n- es un derecho que se puede ceder en el mercado financiero, como cualquier otro activo o derecho patrimonial, para que los titulares puedan anticipar su cobro con el descuento que se establezca en la cesi¨®n, subasta o titulizaci¨®n correspondiente.

La situaci¨®n actual de insuficiencia de tarifa casi permanente, consustancial a un modelo tarifario pol¨ªtico en el que no se ponderan los costes reales de producci¨®n y de distribuci¨®n, sigue generando magnitudes de d¨¦ficit cada vez m¨¢s elevadas -al parecer, en este momento, la cifra acumulada es de 12.000 millones de euros- y no es, desde ning¨²n punto de vista, un sistema sostenible a futuro.

La insuficiencia de tarifa sigue generando magnitudes de d¨¦ficit cada vez m¨¢s elevadas

La depresi¨®n que afecta a los mercados de capitales no es, precisamente, el mejor entorno para que la deuda del sistema tarifario sea f¨¢cilmente colocada entre bancos e instituciones de inversi¨®n.

Sin embargo, y sin perjuicio de la necesidad de adoptar las medidas estructurales precisas para mitigar los d¨¦ficit de los a?os sucesivos, una primera acci¨®n que deber¨ªa considerar seriamente la Administraci¨®n consistir¨ªa en mejorar de entrada los mecanismos de financiaci¨®n del d¨¦ficit en el mercado. La experiencia de los ejercicios de 2006 -pendiente a¨²n de determinaci¨®n del d¨¦ficit- y 2007 -declarada desierta por la CNMV la primera subasta convocada y pr¨®xima a celebrarse la segunda- aleccionan sobre la complejidad de la situaci¨®n y la gravedad de que un nuevo tropiezo ponga en cuesti¨®n la credibilidad del sistema el¨¦ctrico espa?ol en su conjunto.

El reconocimiento normativo del derecho de compensaci¨®n de las el¨¦ctricas supone, adem¨¢s, que de no haber respuesta por parte de los inversores institucionales y del mercado de capitales en general, anticipen el importe correspondiente al d¨¦ficit, ese d¨¦ficit deber¨¢ ser abonado con cargo a partidas presupuestarias del a?o de reconocimiento, con el consiguiente efecto sobre la sociedad y sobre el incremento futuro de las tarifas.

Es decir, que, en esta cuesti¨®n de la financiaci¨®n del d¨¦ficit el¨¦ctrico, estamos, por una vez, todos de acuerdo: Administraci¨®n p¨²blica, compa?¨ªas el¨¦ctricas, consumidores y ciudadanos.

Pero las dificultades no provienen exclusivamente de la estrechez que sufre el mercado ni es ¨²nicamente una cuesti¨®n de tipos de descuento y de diferenciales. En las cada vez mayores exigencias que los inversores plantean para suscribir esta deuda convergen otros elementos que dimanan de la propia naturaleza del sistema. Al menos, hay tres factores cuyo juego es fundamental.

Los d¨¦ficit cuentan con la garant¨ªa del sistema tarifario espa?ol, pero dicha garant¨ªa no es una garant¨ªa expl¨ªcita del Estado. Es una garant¨ªa que, a pesar de los esfuerzos de la CNE en este sentido, no se ha valorado debidamente en el mercado, por la ausencia de una normativa m¨¢s expl¨ªcita o del aval de alguna agencia estatal. De hecho, las agencias de rating no han otorgado en determinados supuestos investment grade al activo al considerar que no es un activo con garant¨ªa del Estado, sino que es un activo que tiene s¨®lo garant¨ªa gen¨¦rica o difusa del sistema el¨¦ctrico.

Por el mismo motivo, las entidades de cr¨¦dito cesionarias en operaci¨®n de financiaci¨®n precedentes se han encontrado con dificultades para titulizar o ceder en el mercado secundario los activos adquiridos.

Lo normal ser¨ªa que esa garant¨ªa se formalizara de modo expl¨ªcito -¨¦ste es el primer factor- y que los activos cedidos al mercado financiero tuvieran ponderaci¨®n nula a los efectos del coeficiente de recursos propios de las entidades de cr¨¦dito -¨¦ste ser¨ªa el segundo-.

Ambos efectos se traducir¨ªan en todo caso en la posibilidad por parte de las entidades financieras de ofrecer mayores precios por el activo y en una aproximaci¨®n mucho m¨¢s favorable por parte de los inversores en un contexto de incertidumbre financiera cuya duraci¨®n es en estos momentos una inc¨®gnita.

Pero, al final, lo m¨¢s importante es que el legislador establezca un marco legal que se demuestre estable y ofrezca confianza a los inversores. Sin duda, uno de los elementos que deben mejorarse, no s¨®lo para la financiaci¨®n de los d¨¦ficit, sino con car¨¢cter general para todo el sistema, es la necesidad de que se establezca una normativa del sector el¨¦ctrico que se demuestre estable y que no se vea afectada por decisiones coyunturales o arbitrarias.

Con ello no quiere decirse que el legislador no deba establecer medidas que favorezcan que la aportaci¨®n de los consumidores al sistema sea la menor posible sobre la base de un mercado competitivo y tecnol¨®gicamente eficiente. Pero esta l¨ªnea de actuaci¨®n debe ser coherente, garantista de los derechos adquiridos por los inversores y no sujeta a cambios bruscos. Por ejemplo, en la regulaci¨®n y cesi¨®n del d¨¦ficit correspondiente al ejercicio de 2005, una de las cuestiones que m¨¢s incertidumbre cre¨® entre las entidades financieras fue la relativa al tipo de actualizaci¨®n que se debe aplicar.

En la regulaci¨®n de las energ¨ªas renovables es tambi¨¦n claro el ejemplo de los vaivenes que ha experimentado la regulaci¨®n del periodo en el que las instalaciones fotovoltaicas pod¨ªan acogerse a la tarifa del Real Decreto 661/2007. Otro de los elementos que en la informaci¨®n de las subastas del d¨¦ficit ex ante deber¨ªa mejorarse es la explicaci¨®n de la dualidad de funciones entre la CNE y el ministerio. El reparto de funciones entre ambos organismos no facilita una comprensi¨®n ¨²nica del sistema para los terceros inversores.

Pero a¨²n m¨¢s grave que todo lo anterior es la cada vez mayor y dotada resonancia en medios, puesta en cuesti¨®n de la naturaleza del sistema desde instancias de la propia Administraci¨®n, como es el caso de los informes de la CNE que se aprueban y se publican en la red sin previa discusi¨®n con los operadores ni con otros ¨®rganos administrativos afectados, o el de la pretendida revisi¨®n retroactiva de los conocidos como costes de transici¨®n a la competencia (CTC), pasando por encima de actos firmes declarativos de derechos. El sistema -repetimos- tiene un fundamento legal, y es al legislador a quien compete abordar la reforma del mismo.

Sin entrar en este momento en la calificaci¨®n jur¨ªdica que esta at¨ªpica forma de proceder merezca, lo cierto es que, cuando est¨¢ en proceso de revisi¨®n el r¨¦gimen de las tarifas el¨¦ctricas, no parece lo m¨¢s oportuno que determinados organismos administrativos expresen sus intenciones a trav¨¦s de una avalancha de propuestas, informes, informes complementarios, contrainformes, votos particulares y aclaraciones varias que, al final, contribuyen a empeorar el estado de cosas que pretenden resolver: la seriedad y estabilidad del sistema que tanto valoran, y m¨¢s ahora, los inversores institucionales para seleccionar sus prioridades y asignar sus inversiones.

Rafael Mateu de Ros es doctor en Derecho y socio de Ram¨®n & Cajal Abogados.