Presi¨®n insoportable

La huelga de los transportistas para protestar por el brusco encarecimiento de los combustibles, que en opini¨®n de los convocantes est¨¢ arruinando al sector, tiene por el momento dos consecuencias graves para la econom¨ªa. La inmediata es la alarma desatada en los establecimientos comerciales y la poblaci¨®n por el riesgo de desabastecimiento de productos b¨¢sicos, desde alimentos hasta gasolina. El primer d¨ªa de huelga provoc¨® colapsos en las fronteras, atascos en la periferia de grandes ciudades y la par¨¢lisis de puertos importantes como Barcelona, Valencia o Bilbao. Si la huelga se prolonga,el acaparamiento y la especulaci¨®n pueden provocar situaciones graves de escasez, sobre todo de gasolina.

La huelga ha mostrado las graves consecuencias que puede tener un choque petrolero, el desorden que provocan los cortes de carreteras o bloqueos de suministros que amenazan a los consumidores y, por a?adidura, el dilema del Gobierno ante la presi¨®n de los transportistas. Si acepta negociar -como es el caso- y hace concesiones, sentar¨¢ un precedente para la protesta de otros colectivos que tambi¨¦n sufren las consecuencias de la subida de los carburantes; si no cede, puede quedar en evidencia que carec¨ªa de un plan para enfrentarse a situaciones de presi¨®n organizada por sectores con capacidad de amedrentamiento social.

El Gobierno se ha puesto a negociar, y ha hecho bien. Debe hacerlo con firmeza, sabiendo que la rapidez es fundamental, atendiendo a las razones de las empresas desbordadas por la subida del crudo y minimizando en lo posible los efectos sobre la inflaci¨®n. Parece obvio que cualquier acuerdo con los huelguistas implicar¨¢ subidas de precios para los consumidores. La negociaci¨®n es delicada. La Administraci¨®n no deber¨ªa aceptar algunas de las peticiones -como la del precio m¨ªnimo subvencionado del combustible-, pero puede y debe articular medidas legales y laborales que mejoren las condiciones generales del sector.

Pero las condiciones impl¨ªcitas de esta negociaci¨®n deber¨ªan ser una reconversi¨®n profunda del sector del transporte y una vigilancia atenta de las autoridades de competencia para evitar los abusos en los contratos. Aunque es sabido que ¨¦ste es un sector excesivamente atomizado y adolece de minifundismo empresarial, ni las administraciones anteriores ni los representantes de las empresas han sido capaces de pactar incentivos para que las compa?¨ªas se concentren y desaparezcan las m¨¢s d¨¦biles.

El transporte necesita empresas m¨¢s grandes y mejor dotadas de capital financiero y tecnol¨®gico. Resistir¨ªan mejor el encarecimiento del crudo, transmitir¨ªan mejor al mercado los costes de producci¨®n y distribuci¨®n y reaccionar¨ªan con menos histerismo a las subidas de costes. Cualquier acuerdo deber¨ªa tener como cl¨¢usula obligada una apertura inmediata de conversaciones para pactar esta reforma pendiente desde decenios.