La fiscal¨ªa pide archivar la querella del PP por el Barbanza
No encuentra el m¨ªnimo indicio de tr¨¢fico de influencias
El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, asegura que la querella que present¨® el Partido Popular contra altos cargos de la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial por la adjudicaci¨®n de las obras de construcci¨®n de la v¨ªa r¨¢pida del Barbanza no tiene fundamento penal alguno. En contra de lo que sostienen desde hace dos a?os el partido de la oposici¨®n y su l¨ªder, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, que bas¨® buena parte de su ofensiva contra el Gobierno de la Xunta en esa querella judicial, el ministerio p¨²blico ha solicitado al juez que instruye las diligencias "el sobreseimiento libre" de la causa.
Criticas al juez por citar a los altos cargos a cuatro d¨ªas de las generales
"No existen elementos m¨ªnimamente suficientes como para proseguir las actuaciones penales", advierte en su escrito el fiscal, quien defiende que no hay base que apoye la teor¨ªa del PP de que se incurri¨® en un delito de prevaricaci¨®n y otro de tr¨¢fico de influencias. La resoluci¨®n supone un traspi¨¦s para el partido denunciante y tambi¨¦n para el juez decano de Santiago, Francisco Javier M¨ªguez Poza, quien en febrero pasado acept¨® a tr¨¢mite la querella por considerar, como afirmaba el PP, que hubo "burda maniobra" por parte del bipartito al sustituirse la empresa a la que el Gobierno de Fraga hab¨ªa encargado valorar las ofertas para adjudicar esas obras.
Cuatro d¨ªas antes de las elecciones generales de marzo, el juez M¨ªguez Poza llam¨® a declarar como imputados a dos directores generales y a dos funcionarios de las conseller¨ªas de Pol¨ªtica Territorial y Econom¨ªa, ambas gestionadas por el PSOE. La Fiscal¨ªa Superior, tras practicar "una serie de diligencias de investigaci¨®n", concluye, por el contrario, que no pudo producirse de modo alguno un delito de prevaricaci¨®n ya que la mesa de contrataci¨®n, constituida por los altos cargos y funcionarios imputados, no dict¨® ninguna resoluci¨®n administrativa antes de cambiar su propuesta de adjudicaci¨®n de las obras.
Prevaricar es adoptar una resoluci¨®n a sabiendas de que es injusta, y en este caso no hubo ninguna antes de encargar definitivamente la nueva v¨ªa del Barbanza a una filial de Sacyr, en vez de a la constructora San Jos¨¦ que hab¨ªa sido inicialmente seleccionada para este contrato. En cuanto al supuesto tr¨¢fico de influencias denunciado por el PP, "lo cierto es que no se ha podido constatar con un m¨ªnimo de objetividad la mera sospecha de que se hubiera visto confirmado que la empresa adjudicataria hubiera realizado cualquier maniobra para obtener la adjudicaci¨®n o cualquier otra ventaja ante funcionarios", afirma el fiscal.
El fiscal Carlos Varela concluye que "la salida m¨¢s adecuada a la situaci¨®n" es solicitar del juez "el cierre" de la causa abierta. El escrito cuestiona adem¨¢s "la oportunidad" de citar a altos cargos del bipartito en v¨ªsperas de las elecciones.
Un par de horas despu¨¦s de conocerse la decisi¨®n del fiscal, el PP se apresur¨® a calificarla como "an¨®mala". Su portavoz parlamentario, Manuel Ruiz Rivas, asegur¨® que a las comparecencias de los imputados ante el juez acudieron tres fiscales distintos, lo que en su opini¨®n,prueba la "falta de transparencia" del ministerio p¨²blico. Pol¨ªtica Territorial, por su parte, se mostr¨® confiada en que la Justicia certificar¨¢ la "honradez" y "profesionalidad" de sus t¨¦cnicos y funcionarios. "Trabajamos para ofrecer a los ciudadanos la mejor infraestructura", subray¨® este departamento en un comunicado.
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