La ley anticorrupci¨®n vigente desde 2007 no se aplica en los municipios

Las medidas anticorrupci¨®n introducidas en la Ley del Suelo aprobada en mayo de 2007, que afectaban a concejales y alcaldes, no se pueden aplicar por falta de base jur¨ªdica para hacerlo. En la disposici¨®n adicional novena de esa Ley se establec¨ªan medidas de transparencia, como la obligaci¨®n de publicar cada a?o las declaraciones de bienes de concejales, alcaldes y miembros no electos de los gobiernos municipales. En esa disposici¨®n se dec¨ªa que la publicaci¨®n de las declaraciones de bienes se har¨ªa en los "t¨¦rminos fijados por el Estatuto municipal".

Pero el Estatuto municipal es una figura jur¨ªdica inexistente en los ayuntamientos, porque se incluy¨® en el proyecto de nueva Ley de Gobierno Local que no se lleg¨® a aprobar en la pasada legislatura y sigue empantanado. Esta laguna jur¨ªdica permite a los ayuntamientos no aplicar uno de los instrumentos que el Gobierno socialista cre¨® en el pasado mandato para combatir la corrupci¨®n urban¨ªstica.

Gij¨®n es uno de los pocos ayuntamientos espa?oles en los que, por acuerdo del pleno, todos los concejales han decidido hacer p¨²blica su declaraci¨®n de bienes y actividades aunque carecen del Estatuto municipal que deber¨ªa regular esta situaci¨®n.

Desde que en abril de 2006 la Operaci¨®n Malaya destap¨® en Marbella (M¨¢laga) el mayor caso de corrupci¨®n habido en una Administraci¨®n p¨²blica en Espa?a, nueve alcaldes -y decenas de concejales- han sido detenidos por corrupci¨®n urban¨ªstica en distintos puntos del pa¨ªs: seis del PP, uno del PSOE, uno del Partido Andalucista y una del GIL, la de Marbella. Adem¨¢s del que fuera regidor de Ciempozuelos (Madrid), a quien el PSOE forz¨® a dimitir poco antes de ser imputado. Todos, salvo este ¨²ltimo, eran alcaldes de municipios costeros de Andaluc¨ªa y Murcia, y de Canarias y Baleares.

Mientras el PSOE ha optado por la expulsi¨®n del partido de sus cargos p¨²blicos imputados, el PP ha dudado: en unos casos ha dado de baja a sus dirigentes implicados en casos de corrupci¨®n, pero en otros los ha mantenido y siguen al frente de las instituciones donde salt¨® el esc¨¢ndalo.

El PSOE recuerda que en estos casos hace tiempo que adquiri¨® el compromiso de expulsar a todos aquellos cargos socialistas en cuya conducta "existan indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares relacionadas con el ejercicio de sus funciones". Tambi¨¦n aseguran los socialistas que si ahora se conocen m¨¢s casos de corrupci¨®n es s¨®lo porque el Gobierno se ha volcado en destaparlos mientras en otras ¨¦pocas "se dejaba hacer".

En el PP no lo tienen tan claro. Ha habido casos donde se ha expulsado a alcaldes o concejales detenidos o imputados por corrupci¨®n (en Telde y Andratx), mientras que en otros casos, como los de Mog¨¢n, Alhaur¨ªn el Grande o el del presidente de la Diputaci¨®n Provincial de Castell¨®n, prefieren esperar a ver si la instrucci¨®n judicial termina con el procesamiento de los dirigentes populares antes de actuar.Crist¨®bal Fern¨¢ndez, alcalde de Carboneras (PSOE), fue condenado en noviembre de 2006 a seis meses de inhabilitaci¨®n por delito electoral. Fue indultado por el Gobierno y volvi¨® a ser elegido alcalde.