Los Defensores del Pueblo quieren actuar sobre los servicios privatizados

El Defensor del Pueblo estatal, Enrique M¨²gica, abog¨® ayer por plantear una reforma en la ley que regula esta instituci¨®n para ampliar su ¨¢mbito competencial a las empresas p¨²blicas que se han privatizado. Tras recodar que el ¨¢mbito del Defensor es lo p¨²blico, M¨²gica se?al¨® que en los ¨²ltimos 25 a?os han sido muchas las privatizaciones de empresas p¨²blicas sobre las que es imposible actuar.

"Cuando tenemos que dirigir una reclamaci¨®n o una queja no podemos hacerlo directamente a las empresas, sino a la administraci¨®n supervisora para que se dirijan a ellas", se lament¨® el Defensor del Pueblo, tras indicar que la reforma deber¨ªa tener en cuenta el objetivo de la queja con independencia de la titularidad de la instituci¨®n afectada.

Al cumplirse el 25? aniversario de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, la sede de la Universidad Internacional de Andaluc¨ªa en Baeza (Ja¨¦n) acoge unas jornadas en las que se analizan los retos de los defensores ante el nuevo marco estatutario y a la que asisten, entre otros, los defensores de Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Vasco, Catalu?a y Galicia.

La instituci¨®n del Defensor el Pueblo Andaluz fue la primera de ¨¢mbito auton¨®mico que aprob¨® su ley reguladora y comenz¨® su andadura en 1983. En su trayectoria de un cuarto de siglo de funcionamiento, Jos¨¦ Chamizo indic¨® que esta instituci¨®n ha desarrollado una "intensa actividad" que se ha traducido en la tramitaci¨®n de unas 80.000 quejas, la elaboraci¨®n de 40 informes especiales, la atenci¨®n y orientaci¨®n permanente a los m¨¢s de 100.000 personas y la realizaci¨®n de numerosas intervenciones de mediaci¨®n, promoci¨®n, divulgaci¨®n y difusi¨®n de derechos.

Chamizo record¨® que el Defensor del Pueblo aparece en el Estatuto de Autonom¨ªa de Andaluc¨ªa como el garante de los derechos sociales, algo que debe tenerse en cuenta a la hora de plantear cualquier reforma. "Tenemos que cambiar la ley por imperativo legal, pero l¨®gicamente no queremos un cambio fr¨ªo o r¨ªgido, sino un cambio que produzca bienestar en los hombres y mujeres de Andaluc¨ªa. Es decir, establecer un pasito m¨¢s en lo que puede ser el poder del Defensor, no para tener m¨¢s poder, sino para evitar determinadas frustraciones que a veces tienen las personas cuando se dirigen al Defensor y no les pueden resolver el tema", se?al¨® Chamizo. A su juicio, cuestiones como el acceso a la vivienda, la la salud, el establecimiento de una renta b¨¢sica, el ¨¢mbito competencial o el derecho a una buena administraci¨®n deben ser cuestiones a abordar en la reforma.

El presidente del Consejo Consultivo de Andaluc¨ªa y catedr¨¢tico de Derecho Constitucional, Juan Cano Bueso, fue el encargado de pronunciar la conferencia inaugural de este encuentro. Cano record¨® que la instituci¨®n del Defensor del Pueblo parti¨® en un contexto de indefinici¨®n, pues, "aunque las competencias estaban consagradas en los Estatutos no hab¨ªa una clara diferenciaci¨®n o delimitaci¨®n de funciones entre el Defensor del Pueblo estatal y los auton¨®micos". No obstante, agreg¨® que el estado auton¨®mico "ha consolidado en paralelo unas instituciones que est¨¢n jugando un papel social muy importante desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los ciudadanos individuales y colectivos ante las Administraciones p¨²blicas".