Los cultivos ilegales cercan Do?ana

Cuatro agentes de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente en Do?ana fueron detenidos la semana pasada acusados de cobrar dinero a cambio de mirar hacia otra parte y no denunciar la presencia de los cultivos ilegales, aquellos que crecen en terrenos de uso forestal y no agr¨ªcola. El suceso volvi¨® a poner encima de la mesa el fen¨®meno de los cultivos que se abren paso en zonas forestales o protegidas. Se trata de algo muy caracter¨ªstico de Huelva, una provincia que busca un dif¨ªcil equilibrio entre la potencia de su agricultura y el sostenimiento de joyas ecol¨®gicas como Do?ana.

Un par de d¨ªas despu¨¦s de que se detuviese a los agentes, la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de Huelva, en su informe anual, volvi¨® a destacar los delitos contra el cambio del uso de los terrenos -de forestal a agr¨ªcola-, como uno de los problemas m¨¢s acuciantes, especialmente en el entorno del parque nacional. La organizaci¨®n ecologista WWF/Adena calcula que hay m¨¢s de 2.000 hect¨¢reas de cultivos ilegales en zonas de monte p¨²blico y espacios protegidos en el ¨¢mbito de Do?ana.

El eje Moguer, Lucena del Puerto y Bonares destaca por sus denuncias

El uso que se da a la tierra suele estar centrado en el cultivo de fresas, ar¨¢ndanos o frambuesas. Legalmente, la provincia ha transformado m¨¢s de 13.335 hect¨¢reas de suelo forestal en agr¨ªcola en los ¨²ltimos diez a?os, seg¨²n datos del delegado de Medio Ambiente en Huelva, Juan Manuel L¨®pez. Pero la Consejer¨ªa ha abierto, desde 2006, 150 expedientes sancionadores por los cambios de uso irregulares.

El fen¨®meno existe desde hace d¨¦cadas, recuerda F¨¦lix Sanz, portavoz de Asaja en la provincia. "Pero no creo que ahora haya un problema alarmante. La mayor¨ªa de los terrenos se han ido regularizando con el tiempo y ahora se les est¨¢ intentando dar forma. Pero est¨¢ claro que actualmente, en una provincia eminentemente forestal como es Huelva y con amplias zonas protegidas, hacer un cambio de uso es muy complicado. Incluso en parajes de eucaliptos, donde hace tres a?os era muy f¨¢cil conseguir un cambio de uso para cultivos", afirma.

En 2003 la Consejer¨ªa de Medio Ambiente redact¨® el Plan de Ordenaci¨®n del Territorio del ?mbito de Do?ana (POTAD) para tratar de poner orden en ¨¦ste y otros problemas. Pero los intentos para abordarlos por la v¨ªa penal empezaron hace unos tres a?os. "En 2005 la Delegaci¨®n de Medio Ambiente en Huelva nos inform¨® del problema de los cambios de uso del suelo, nos subrayaron que los procedimientos sancionadores administrativos no funcionaban, porque a los agricultores se les impon¨ªa una multa y al d¨ªa siguiente las pagaban. Econ¨®micamente les compensaba, pues segu¨ªan con su actividad agr¨ªcola", destaca Alfredo Flores, fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Huelva. "En muchos casos, encontramos adem¨¢s que los cambios de uso de suelo iban ligados a la construcci¨®n de otros elementos sancionables, como las balsas para regad¨ªo, por ejemplo. Tambi¨¦n hab¨ªa posibles delitos contra la ordenaci¨®n del territorio por construcciones ilegales en zonas protegidas", contin¨²a el fiscal Flores.

Entre 2005 y 2006 la Fiscal¨ªa empez¨® a abrir diligencias de investigaci¨®n y a formular denuncias a los juzgados. En 2007 se realizaron los primeros juicios orales. Se han dictado cinco sentencias, todas condenatorias. Y salvo una, todas han sido de conformidad con los acusados. "En esos casos, lo que hace es condenarlos a un a?o de prisi¨®n, pero si quieren la suspensi¨®n de la condena tienen que plantear y ejecutar un plan de restauraci¨®n ambiental del espacio afectado, que deber¨¢ aprobar la Consejer¨ªa de Medio Ambiente. Adem¨¢s, se debe abonar una sanci¨®n", destaca Flores. Hay varias ejecutorias pendientes de que se presenten y lleven a cabo dichos planes de restauraci¨®n. "Todav¨ªa no hay ning¨²n caso en que se haya completado, pero hay que comprender que es un proceso lento".

El ¨¢rea donde se han denunciado m¨¢s casos de cambios de uso del suelo en la Fiscal¨ªa forma un eje entre los municipios de Moguer, Lucena del Puerto y Bonares, donde uno de los ejemplos m¨¢s famosos es el de la finca de El Avispero, denunciada en la Fiscal¨ªa por Ecologistas en Acci¨®n. Los fiscales se quejan de falta de colaboraci¨®n por parte de los ayuntamientos y critican que hayan permitido el fen¨®meno sin ponerle coto. Y es que la mayor¨ªa de los terrenos que se ven afectados por irregularidades est¨¢n relacionados con tierras de canon que los consistorios arriendan a particulares para que estos cultiven. El problema se da cuando ampl¨ªan las explotaciones, ara?ando hect¨¢reas en ¨¢reas forestales de terreno p¨²blico.

Algunos alcaldes de la zona no tienen tan claro que ellos tengan que vigilar la conducta de sus vecinos. "No podemos perseguirlos a todos. Yo creo que en el tema de los cambios de uso del suelo, quien deber¨ªa de controlarlo es la Junta de Andaluc¨ªa", protesta Manuel Garc¨ªa, alcalde de Lucena del Puerto. Garc¨ªa a?ade adem¨¢s que las leyes y normas en esta materia son ambiguas y no contemplan los usos tradicionales. "Aqu¨ª hay vecinos que pueden llevar un siglo cultivando una parcela y de repente se enteran de que la zona es forestal porque unos se?ores lo dicen", critica. "Otra cosa es que el agricultor convierta, a sabiendas un terreno forestal en otro agr¨ªcola de manera ilegal. Eso s¨ª que hay que sancionarlo", afirma el alcalde.