Barrientos exig¨ªa a los promotores el pago de una parte de sus ganancias

Los promotores que quer¨ªan construir en Estepona (M¨¢laga) ten¨ªan que estar dispuestos a dejar una parte de sus ganancias por el camino. Dos de los imputados en el caso de corrupci¨®n urban¨ªstica que ha acabado con el ya ex alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) en la c¨¢rcel, relataron a la juez Isabel Conejo c¨®mo funcionaban los famosos convenios en los que se consegu¨ªa cambiar la calificaci¨®n de los terrenos.

Si el empresario no pagaba, no hab¨ªa negocio posible para ¨¦l en Estepona

Los promotores que quer¨ªan construir en Estepona (M¨¢laga) ten¨ªan que estar dispuestos a dejar una parte de sus ganancias por el camino. Dos de los imputados en el caso de corrupci¨®n urban¨ªstica que ha acabado con el ya ex alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) en la c¨¢rcel, relataron a la juez Isabel Conejo c¨®mo funcionaban los famosos convenios en los que se consegu¨ªa cambiar la calificaci¨®n de los terrenos. "Todos los empresarios ten¨ªan que pagar lo que se llama ingreso de plusval¨ªa del promotor, una especie de reparto de beneficios finales que ten¨ªan que cederle al pueblo de Estepona", explica el abogado de una de las empresas implicadas.

Esta tasa -sin reflejo jur¨ªdico- ten¨ªa incluso impresos con su denominaci¨®n y la calculaban los t¨¦cnicos municipales. El pasado 25 de mayo se llev¨® a Pleno un convenio para la construcci¨®n de 1.000 viviendas en suelo r¨²stico, situado en la zona de El Padr¨®n. A cambio de que en el Plan General de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica (PGOU) se recalificara como urbanizable el terreno, la empresa realizaba una "aportaci¨®n voluntaria" de ocho millones de euros. La oposici¨®n tach¨® el convenio de "aberrante" y acus¨® al Ayuntamiento de "tr¨¢fico de influencias" con la empresa Lamiera O4.

El PGOU de Estepona acumula 180 modificaciones puntuales de elementos fruto de convenios con promotores. "Es la pr¨¢ctica de la alcachofa, se le van quitando hojas al plan hasta que no se parece en nada al documento original", explica un t¨¦cnico.

El ingreso por plusval¨ªa, que algunos promotores bautizaron como impuesto revolucionario, comenz¨® a aplicarse hace unos seis a?os. Se cre¨® cuando Barrientos lleg¨® a la alcald¨ªa, tras pactar con el PES (formaci¨®n integrada por ex giles) y sus pagos eran fraccionados. El primero se produc¨ªa en la firma del convenio, el segundo en la aprobaci¨®n del PGOU y el resto cuando la Junta de Andaluc¨ªa diera el visto bueno. "Era algo voluntario", justifican fuentes municipales. Pero si el empresario no acced¨ªa, no hab¨ªa negocio posible.

La Polic¨ªa investiga c¨®mo se hicieron las tasaciones de esos terrenos y el uso que el equipo de gobierno hac¨ªa del dinero que entregaban los promotores. De estos hechos derivar¨ªa la acusaci¨®n de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos hecha contra los principales imputados: el alcalde, su jefe de gabinete y los ediles del PES Ignacio Crespo y Manuel Reina. Por el caso tambi¨¦n est¨¢ en prisi¨®n el jefe del departamento de valoraciones Javier Wittmeur.

La juez de la operaci¨®n Astapa contra la corrupci¨®n en Estepona identifica a Barrientos, como el "m¨¢ximo responsable de una estructura" que, desde el Ayuntamiento, buscaba "obtener fondos de promotores y empresarios" Este dinero serv¨ªa tanto para "financiar actividades p¨²blicas y privadas de los partidos" que gobiernan en coalici¨®n -PSOE y ex gilistas- como para "enriquecerse personalmente". En el auto de prisi¨®n del ex regidor -al que ha tenido acceso EL PA?S- la juez acusa a Barrientos de mediar en la contrataci¨®n irregular en el Ayuntamiento de "numerosas personas" en funci¨®n de su "titulaci¨®n personal" o su "afinidad pol¨ªtica". Tambi¨¦n le acusa de blanqueo de capitales y de contratar obras y servicios p¨²blicos "sin cumplir las exigencias legales".