Cinco a?os de c¨¢rcel por fumigar el jard¨ªn

Delito ecol¨®gico por fumigar los siete ¨¢rboles del jard¨ªn de su casa. ?sa es la acusaci¨®n que pesa sobre un jubilado de Barcelona que la pr¨®xima semana se sentar¨¢ en el banquillo. El fiscal solicita para ¨¦l cinco a?os y tres meses de prisi¨®n. "No soy consciente de haber hecho nada malo", explica Joan Borr¨¤s Flavi¨¤. A sus 75 a?os, no sale de su asombro y apunta a que el origen de todo puede ser una ri?a vecinal.

El conflicto arranca en 2002, cuando Rosa Bonich Bonich le denunci¨® en el Ayuntamiento. La mujer ocupa una de las diversas viviendas que rodean la casa del jubilado, situada en el n¨²mero 42 de la calle de Baltasar de Espa?a, en Sant Joan Desp¨ª (Baix Llobregat). Le acusaba de provocarle una grave afecci¨®n respiratoria a causa de la fumigaci¨®n de los ¨¢rboles del jard¨ªn: dos naranjos, un mandarino, un n¨ªspero, un nogal, un limonero y un avellano.

Despu¨¦s de la denuncia se realizaron diversos informes y an¨¢lisis y se constat¨® una presencia casi inapreciable de fention y fosmet, dos plaguicidas organofosforados muy utilizados, pero altamente t¨®xicos y cuyas etiquetas no proh¨ªben su uso en espacios urbanos. En 2005, la vecina se querell¨® contra Borr¨¤s por lesiones. En su opini¨®n, las fumigaciones le hab¨ªan causado "una grave enfermedad respiratoria y ps¨ªquica". El jubilado recuerda que la casa de la mujer est¨¢ a seis metros de distancia y que otros vecinos contiguos a su vivienda y de edad avanzada nunca se quejaron de ninguna afecci¨®n.

Nuevos an¨¢lisis concluyeron que los ¨¢rboles estaban abandonados y el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Sant Feliu de Llobregat archiv¨® la querella. Pero fue entonces cuando entr¨® en escena la fiscal¨ªa, que recurri¨® y pidi¨® un informe al Instituto Nacional de Toxicolog¨ªa. A partir de ese dictamen, que realiza consideraciones gen¨¦ricas sobre los efectos que pueden tener los plaguicidas organofosforados sobre la salud, el fiscal pidi¨® al juez que abriera juicio contra Borr¨¤s, como as¨ª ha ocurrido. Javier Selva, el abogado defensor, no sale de su asombro. "No es razonable sentar en el banquillo a un hombre de esa edad por unos hechos que nunca pueden ser delito y que, en todo caso, se podr¨ªan solventar por la v¨ªa administrativa", asegura.