Cada gallego tendr¨¢ un asistente social de cabecera para garantizar su atenci¨®n

La Xunta dio ayer el primer paso para "universalizar los servicios sociales y lograr que, como la Sanidad, se conviertan en derechos para todos los gallegos". En la presentaci¨®n del proyecto de Lei Galega de Servizos Sociais, el presidente del Ejecutivo aut¨®nomo, Emilio P¨¦rez Touri?o, destac¨® que el texto, cuando est¨¦ en vigor, "desterrar¨¢ el modelo asistencial para buscar una nueva gesti¨®n del bienestar". La norma contempla una tarjeta personal por ciudadano, un expediente ¨²nico y un profesional de referencia asignado a cada usuario, similar al m¨¦dico de cabecera y que "ser¨¢ responsable de que el itinerario de intervenciones est¨¦ dotado de la m¨¢xima coherencia".

El Gobierno prev¨¦ cobrar un "precio p¨²blico" por algunos servicios

Aunque el cat¨¢logo de servicios todav¨ªa no ha sido detallado por la Administraci¨®n, fuentes de la Xunta explican que englobar¨¢ las prestaciones a dependientes, menores, mujeres, personas de la tercera edad o en riesgo de exclusi¨®n y dem¨¢s ayudas a colectivos desfavorecidos. Entre los servicios figuran centros de d¨ªa, residencias de mayores y otras infraestructuras que podr¨¢n ser gestionadas por instituciones p¨²blicas en r¨¦gimen directo o concertado y tambi¨¦n por el sector privado.

La f¨®rmula, similar a la que utiliza la sanidad p¨²blica, no ser¨¢, sin embargo, totalmente gratuita como el Sergas, sino que en el cap¨ªtulo de financiaci¨®n contempla la "contribuci¨®n de los usuarios al coste de los servicios mediante el abono de precios p¨²blicos, sin prejuicio de aplicar criterios de progresividad". El Gobierno gallego establece, no obstante, que "en ning¨²n caso [el cobro de una tarifa significar¨¢ que] una persona pueda quedar excluida de recibir un servicio por insuficiencia de medios econ¨®micos".

La norma consagra de este modo la universalizaci¨®n de los derechos que podr¨¢n ser reclamados por todos los ciudadanos y que coordinar¨¢ la Axencia Galega de Servicios Sociais, "encargada de propiciar una gesti¨®n m¨¢s ¨¢gil y eficiente de los recursos p¨²blicos". ?stos beneficiar¨¢n por igual a los ciudadanos de la Uni¨®n Europea e inmigrantes empadronados en la comunidad; a los gallegos residentes fuera y a su descendencia cuando, estando necesitados de atenci¨®n, les sirvan como medio para su retorno definitivo; y a aquellas personas que se encuentren en situaci¨®n de emergencia social o humanitaria, de acuerdo con lo establecido en la legislaci¨®n sobre extranjer¨ªa.

Para desarrollar toda la ayuda, el Gobierno aut¨®nomo dise?ar¨¢ un mapa gallego que dividir¨¢ el territorio en "¨¢reas sociales", desde las que se planificar¨¢ la distribuci¨®n equilibrada de los recursos y que servir¨¢n para garantizar la igualdad en el acceso a las prestaciones.

La futura ley contempla la creaci¨®n del Consello Galego de Benestar, que reunir¨¢ a la Federaci¨®n Galega de Municipios e Provincias, sindicatos y organizaciones empresariales, colegios profesionales y asociaciones de usuarios. En el cap¨ªtulo de sanciones, el Ejecutivo se reserva la potestad de multar con hasta 600.000 euros a quienes cometan infracciones muy graves.

Touri?o calific¨® el proyecto aprobado ayer en el Consello de la Xunta como "el m¨¢s importante de la legislatura en materia social", aunque evit¨® explicar el coste que para la Xunta tendr¨¢ la aplicaci¨®n de la norma cuando ¨¦sta entre en vigor.