El alcalde de Guadarrama paga su defensa con dinero p¨²blico

El alcalde de Guadarrama (13.000 habitantes), Jos¨¦ Ignacio Fern¨¢ndez Rubio, del PP, paga a los abogados que le defienden de un caso de prevaricaci¨®n con dinero p¨²blico. Fern¨¢ndez Rubio, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Rodr¨ªguez Bonilla, y otros tres concejales del PP del municipio han sido acusados por un juez de Collado Villalba de un delito de prevaricaci¨®n (adoptar una decisi¨®n a sabiendas de que es injusta).

Y claro, el proceso judicial sale caro. Por eso, el pasado 25 de abril la junta de Gobierno del Ayuntamiento aprob¨® destinar 20.800 euros a la defensa jur¨ªdica del regidor y de su mano derecha. Los dos implicados se abstuvieron durante la votaci¨®n, pero este ¨®rgano de decisi¨®n est¨¢ controlado exclusivamente por los concejales del PP, por lo que no hubo oposici¨®n a la propuesta.

Fern¨¢ndez Rubio, Rodr¨ªguez Bonilla y los otros tres concejales populares fueron acusados por conceder la licencia provisional de explotaci¨®n al restaurante El Molino de El Rey, situado en suelo con la m¨¢xima protecci¨®n. El primer teniente de alcalde es administrador de la empresa que gestiona el mes¨®n.

Sufragar la defensa jur¨ªdica de un proceso judicial contra la figura del alcalde no es ilegal, seg¨²n varios expertos consultados. Pero en el caso de que la sentencia condene finalmente al regidor ser¨¢ "¨¦ticamente reprobable", aseguran. El alcalde explica que este es el procedimiento habitual que se ha seguido siempre en Guadarrama. "Incluso cuando hab¨ªa alcaldes de otro signo", precisa.El grupo socialista de Guadarrama considera "un esc¨¢ndalo y un insulto para los contribuyentes que los vecinos tengan que pagar la defensa de ambos individuos".

El caso naci¨® hace ocho a?os, en 2.000. La empresa Golden Hipotecaria, de la que es administrador el primer teniente de alcalde, compr¨® unos terrenos junto al r¨ªo Guadarrama para reformar un antiguo molino de piedra y convertirlo en un restaurante. Pero los terrenos tienen el m¨¢ximo grado de protecci¨®n. Pese a todo, la empresa sigui¨® adelante para instalar su negocio y solicit¨® la correspondiente licencia al Ayuntamiento, que concedi¨® una licencia provisional e hizo caso omiso de las repetidas advertencias de la Comunidad de Madrid. El director general de Urbanismo reclam¨®, en 2003, al Ayuntamiento que cerrase el restaurante, que hizo o¨ªdos sordos.

En marzo de 2008, el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de Collado Villalba confirm¨® el delito contra la ordenaci¨®n del territorio. Ahora, el juez que instruye el caso ha remitido el proceso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El alcalde es tambi¨¦n diputado regional, por lo que s¨®lo puede ser juzgado por este tribunal. De esta forma, el proceso comienza de nuevo. Ahora el TSJM tiene que decidir si admite a tr¨¢mite la denuncia y reiniciar todo el proceso, que se dilatar¨¢ durante a?os.