Las aportaciones p¨²blicas cubrir¨¢n el 76% del presupuesto de la patronal

?Cu¨¢nto han presupuestado este a?o los sindicatos gallegos para sus actividades? ?Qu¨¦ dinero destinan a formaci¨®n? ?Cu¨¢nto a asesor¨ªa jur¨ªdica o a personal? Son preguntas dif¨ªciles de responder. Al contrario que la patronal, a la que no escuece confesar cu¨¢l es su previsi¨®n de gasto, los sindicatos son mucho m¨¢s reacios a hacer p¨²blicos los n¨²meros. S¨ª, en cambio, se apresuran a hacer ver que cuentan con una gran representatividad. En las ¨²ltimas elecciones sindicales, UGT alcanz¨® los 6.246 delegados en Galicia, el 31%; la CIG obtuvo 5.675 representantes, casi los mismos que CC OO, que termin¨® con 5.648 (el 28% para cada una de estas centrales). Los tres est¨¢n de acuerdo en que la ley propuesta por la Conseller¨ªa de Traballo da respuesta a una de sus demandas hist¨®ricas "que Manuel Fraga siempre dispens¨® con buenas palabras pero que nunca cumpli¨®". A partir de ahora, la ley regular¨¢ sus derechos y deberes en el ejercicio de su participaci¨®n en las instituciones, que tendr¨¢n que acatar "de acuerdo con los principios de buena fe negociadora y confianza leg¨ªtima".

Entre otras cosas, el anteproyecto de la norma les recuerda que deber¨¢n "guardar confidencialidad y no utilizar¨¢n la informaci¨®n obtenida en las reuniones de esos ¨®rganos".

La presencia institucional de sindicatos y empresarios se ver¨¢ reforzada con la ley que propone la Conseller¨ªa de Traballo. Xaime L¨®pez Golpe, secretario de Uni¨®n Sindical de CC OO en Galicia, cree que es un matiz muy importante: "A partir de ahora, vamos a entrar en consejos de administraci¨®n donde no est¨¢bamos, como los de las tres universidades, el consejo de la Compa?¨ªa de Radio Televisi¨®n de Galicia y los puertos".

La ley en tramitaci¨®n reconoce y refuerza esa participaci¨®n institucional, que define como "el ejercicio de tareas y actividades de promoci¨®n y defensa en el seno de la Administraci¨®n auton¨®mica, sus organismos y empresas p¨²blicas, de los intereses generales que corresponden a los trabajadores y a los empresarios". Para CC OO, "se cumple as¨ª una vieja demanda del movimiento sindical".

Ninguno de los tres sindicatos mayoritarios en Galicia piensa que las compensaciones econ¨®micas que articula la norma, y que tendr¨¢n su correspondiente reflejo en los Presupuestos Generales de la Xunta de Galicia, vaya a limitar su independencia en las negociaciones con la Administraci¨®n. L¨®pez Golpe lo niega rotundamente: "No nos limita. Al rev¨¦s. Los sindicatos fuimos el basti¨®n de la democracia en este pa¨ªs y esta ley viene a aportar transparencia y a reconocer nuestro papel". Para UGT, "ocurre como con los partidos pol¨ªticos. Nosotros tambi¨¦n tenemos una audiencia electoral, que son nuestros afiliados y los trabajadores que nos apoyan".

En Espa?a, la representatividad de los sindicatos est¨¢ regulada en la Ley Org¨¢nica 11/1985, de Libertad Sindical, que otorga una posici¨®n jur¨ªdica singular a este colectivo.

Entrada en vigor

Algunas comunidades aut¨®nomas reconocen esta participaci¨®n a trav¨¦s de una norma propia. Galicia sigue los pasos de Extremadura, que aprob¨® su correspondiente ley en el a?o 2003. La pr¨®xima ser¨¢ Canarias, que ya ha dado luz verde al anteproyecto.

La iniciativa establece que la designaci¨®n de las personas que representar¨¢n a sindicatos y patronal se realizar¨¢ "conforme a las propuestas formuladas por esas organizaciones". Para determinar cu¨¢ntos representantes tendr¨¢ cada grupo en las entidades p¨²blicas, se aplicar¨¢ el criterio de proporcionalidad seg¨²n su representatividad en el ¨¢mbito auton¨®mico y de paridad entre sindicatos y empresas.

El texto da un plazo de seis meses, desde su entrada en vigor, para adaptar los organismos p¨²blicos a este nuevo escenario de representatividad. Si la tramitaci¨®n parlamentaria se agiliza, la norma podr¨ªa tener efecto antes de que termine el verano.