Balanzas y Estado federal
De forma recurrente, se argumenta que la estimaci¨®n y publicaci¨®n de las balanzas fiscales es un ejercicio de transparencia pol¨ªticamente neutral. Como tal, su c¨®mputo debe ser impulsado por la propia administraci¨®n hasta convertirlo en una suerte de estad¨ªstica oficial. Tengo dudas al respecto de la neutralidad del instrumento en el terreno pol¨ªtico, por muy bien que se hagan los c¨¢lculos.
?Por qu¨¦ se demandan balanzas fiscales regionales y no provinciales? ?Por qu¨¦ es Catalu?a la principal demandante, y no el Pa¨ªs Vasco, Galicia o Madrid? ?Para qu¨¦ sirven las balanzas fiscales? ?Qu¨¦ riesgos plantean? En lo que sigue se trata de responder a estos interrogantes.
Para que exista una demanda de c¨¢lculo de balanzas fiscales territoriales debe existir una comunidad pol¨ªtica diferenciada de la estatal. En un pa¨ªs unitario y homog¨¦neo (Australia o Alemania antes de la reunificaci¨®n) no existen las precondiciones para que las balanzas fiscales territoriales ocupen un lugar relevante en la agenda pol¨ªtica. Por supuesto que las circunscripciones y territorios est¨¢n vigilantes para no soportar discriminaciones en forma de menores inversiones del gobierno central o mayor control tributario, por ejemplo. Pero al no existir sujetos pol¨ªticos colectivos, con partidos que los representen, no existen las comunidades de individuos a los que aplicar los c¨¢lculos.
Como es bien sabido, en Espa?a las cosas no son as¨ª. Existe una comunidad pol¨ªtica a escala estatal y comunidades pol¨ªticas auton¨®micas con mayor o menor fortaleza. Basta con observar la presencia y relevancia de partidos nacionalistas y regionalistas en cada comunidad aut¨®noma. Galicia, Pa¨ªs Vasco y Catalu?a se sit¨²an entre las autonom¨ªas en las que el vigor de la comunidad pol¨ªtica subestatal es m¨¢s fuerte. Madrid se sit¨²a en el lado contrario.
En este escenario, las balanzas fiscales se convierten en un poderoso instrumento t¨¦cnico para aquellos que, viviendo en territorios con capacidad fiscal superior a la media, se sienten m¨¢s identificados con su comunidad aut¨®noma que con Espa?a. El argumento de que por separado (o juntos, pero de forma asim¨¦trica) es m¨¢s barato cala f¨¢cil incluso entre ciudadanos escasamente politizados, y alimenta el marco interpretativo de los partidos nacionalistas. Marco que tiende a arrastrar tambi¨¦n a partidos no nacionalistas, pero que deben competir electoralmente. Esta l¨®gica no le vale a Galicia, porque su capacidad fiscal es inferior a la media. Pa¨ªs Vasco y Navarra se desmarcan de este asunto, porque no va con ellos: sus privilegios fiscales les permiten, en la pr¨¢ctica, quedarse con casi todo lo que se recauda en su territorio. Por eso es Catalu?a la principal demandante de las balanzas.
A partir de aqu¨ª, se entiende el inter¨¦s en vincular saldo fiscal y financiaci¨®n auton¨®mica. La segunda servir¨ªa para reducir la dimensi¨®n negativa del primero, por la v¨ªa de tratamientos asim¨¦tricos o nivelaciones parciales.
Dicho todo lo anterior, debe quedar claro que la posici¨®n de los partidos nacionalistas o regionalistas es tan leg¨ªtima como cualquiera. Existen otros pa¨ªses en los que los territorios m¨¢s ricos disfrutan de una mejor financiaci¨®n. Estados Unidos y, en menor medida, Alemania y Canad¨¢, son buenos ejemplos. En Espa?a debemos decidir si ellos deben ser nuestro modelo o nos mantenemos en el actual, que combina autonom¨ªa con nivelaci¨®n plena. Sin duda, una clave de la respuesta se encuentra en el equilibrio entre las fuerzas centr¨ªfugas y centr¨ªpetas en el seno del PP, el PSOE e IU a nivel estatal. Tengo la impresi¨®n de que la mayor incertidumbre planea sobre el modelo territorial del segundo.
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