El Gobierno sale en apoyo de las inmobiliarias con compras de suelo

El consejo que reciben actualmente los compradores de vivienda -aprovechar la crisis del sector para obtener mejor precio- es tambi¨¦n v¨¢lido para el Gobierno. El Ministerio de Vivienda va a poner en marcha una operaci¨®n de compra de suelo privado para construir vivienda protegida, seg¨²n anunci¨® ayer la ministra, Beatriz Corredor.

Esta medida, que arranca en octubre con una oferta inicial de 300 millones de euros, persigue un doble objetivo: disponer de suelo para cumplir los compromisos del Ejecutivo en vivienda p¨²blica y aliviar a inmobiliarias y promotoras, que, asfixiadas por la crisis, necesitan vender, aunque sea a precio bajo.

Corredor cree que la sobreoferta de casas se absorber¨¢ en tres a?os

La iniciativa de Corredor, anunciada ayer en un desayuno de trabajo organizado por el diario Cinco D¨ªas, se produce en plena pol¨¦mica sobre si el Gobierno deber¨ªa acudir al rescate de las empresas del sector para evitar suspensiones de pagos como la de Martinsa-Fadesa, la mayor inmobiliaria del pa¨ªs por activos. La ministra neg¨® que su intenci¨®n sea ayudar a las empresas en apuros: "No estamos interviniendo; eso es lo que algunos nos reprochan". No obstante, algunas fuentes aseguran que SEPES, la entidad p¨²blica de suelo que impulsar¨¢ este proyecto, estudi¨® comprar directamente suelo a Martinsa, pero se consider¨® inconveniente actuar por esa v¨ªa.

Este organismo, dependiente de Vivienda, desarrollar¨¢ el proyecto durante cuatro a?os, por lo que los 300 millones de euros iniciales podr¨ªan ampliarse. El programa electoral del PSOE contempla la construcci¨®n de 1,5 millones de viviendas protegidas en 10 a?os, aunque entre los m¨¦todos para lograrlo no se mencionaba la compra de suelo privado, sino la utilizaci¨®n de suelo p¨²blico (municipal, del Estado, de las comunidades...). ?sta es la f¨®rmula que se ha seguido hasta ahora para promover vivienda protegida. La novedad de lo anunciado ayer por Corredor radica en emplear suelo privado en un momento en que el sector se desmorona. "El suelo p¨²blico no basta", argument¨® Corredor. El primero en citar esa soluci¨®n para mitigar las dificultades fue el ministro de Industria, Miguel Sebasti¨¢n, al d¨ªa siguiente de que Martinsa-Fadesa suspendiera pagos.

Las empresas interesadas en vender suelo al Estado tendr¨¢n tres meses para presentar sus ofertas a partir de octubre. Los criterios de selecci¨®n se pactar¨¢n con las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos, depositarios de casi todas las competencias de vivienda. Entre las tres administraciones estudiar¨¢n los proyectos durante seis meses y despu¨¦s se cerrar¨¢n las compras. El precio "vendr¨¢ determinado por la oferta que realicen los vendedores", seg¨²n la ministra, dentro de los par¨¢metros de la vivienda protegida. En cuanto a las zonas, primar¨¢n las que tengan mayor demanda, generalmente grandes ciudades.

Vivienda intentar¨¢ que el suelo adquirido se pueda transformar inmediatamente en vivienda protegida, es decir, que ya sea urbanizable y que, como mucho, requiera la licencia para levantar pisos de protecci¨®n oficial. Fuentes del sector aseguran que el precio ser¨¢ m¨¢s asequible si ya estaba destinado a vivienda protegida.

Adem¨¢s de anunciar este proyecto, la ministra vaticin¨® que los promotores tardar¨¢n unos tres a?os en absorber el excedente de 800.000 viviendas que se calcula hay en el mercado como consecuencia del frenazo de las compraventas. Eso siempre que se mantenga "un ritmo normal de demanda", precis¨®.

La crisis del sector se cobra v¨ªctimas cada d¨ªa. Ayer trascendi¨® que la aseguradora Asefa, uno de los acreedores de la inmobiliaria catalana AISA, que le debe 4,4 millones, se sali¨® con la suya y logr¨®, en un segundo intento, que el juez aceptara a tr¨¢mite el concurso de acreedores que hab¨ªa pedido anteriormente, informa Ariadna Trillas. Seg¨²n el juez, AISA tiene impagos por valor de 12 millones y ha pedido aplazar una deuda de 4,5 millones ya vencida a la Agencia Tributaria. La justicia tambi¨¦n ha declarado el concurso de acreedores del grupo constructor mallorqu¨ªn Drac, con un pasivo de 600 millones.